La constituyente eléctrica

De acuerdo a la recientemente promulgada Ley del Servicio Eléctrico, se crea una Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE, que será responsable de proteger los derechos e intereses de los usuarios del servicio eléctrico.Entre otros aspectos, le corresponde a la CNEE identificar la mejor teoría, métodos y modelos para lograr la asignación óptima de los recursos energéticos primarios y de su estructura tarifaria.

La importancia de la energía eléctrica para el mundo moderno es indiscutible, todos la necesitamos y todos la pagamos. Asegurar la participación ciudadana en tal proceso es importante y de hecho, la Ley le asigna a la CNEE la obligación de asegurar la permanente discusión pública y hasta menciona la figura consultiva de cabildos abiertos.

Para que tal discusión pública tenga sentido, es necesario que se comprendan algunas de las principales interrogantes que deben de ser respondidas. De manera muy simplificada, me permito asomar algunas de éstas.

En la mayoría de los países el problema de la energía eléctrica se resuelve simplemente con buscar la manera mas barata de generar, transmitir y distribuir electricidad. En un país como Venezuela, que cuenta con inmensas riquezas energéticas, apuntaladas en el caudal hidroeléctrico del Caroní y en los ingresos petroleros, que han hecho posible financiar su desarrollo, se debe además responder el cómo lograr distribuir tales riquezas de la manera más justa y productiva posible.

A nivel de políticas eléctricas mundiales, la fórmula o mecanismo más usado para establecer el precio de la energía primaria, consiste en que un agente central (despachador), en función del precio, compra electricidad hasta satisfacer las necesidades totales. El precio al cual hace su última compra, será el precio que cobra al consumidor y que paga al generador. Esto se conoce como fijar el precio en función del generador menos eficiente - el más costoso.

Por supuesto, en la vida real, lo anterior es algo más complicado teniéndose que incluir otro tipo de costos, como el de transmisión, el de servicios auxiliares que puedan necesitarse y una recompensa a aquellos generadores que sin vender, por razones de seguridad, guardan cierta parte de su capacidad a la disposición del mercado.

Analicemos entonces, para Venezuela, algunas de las implicaciones de aplicar el mecanismo anterior. ¿Qué precio se debe cobrar al consumidor y qué precio se debe pagar al generador? ¿Cómo funciona el sistema?

Para fines de ilustración, vamos a que el costo de producción de un Kw del Caroní sea de 1 céntimo de US$, el Kw generado con gas 1.5 cts. y el Kw generado con petróleo 2 cts. de US$. También supongamos que la hidro alcanza satisfacer el 70% de la demanda, la del gas el 20% y la generada con petróleo el 10%. `

De acuerdo a este escenario inicial, dado que se necesita de energía de petróleo para cubrir la demanda total, la fórmula indica que toda la energía primaria será cobrada y pagada a 2 cts. por Kw. En tales circunstancias, el Caroní, en vez de ser un proveedor de energía barata, se convierte en una efectiva maquinaria de recaudación de impuestos.

Lo anterior, de acuerdo a la teoría, es sólo temporal. En la medida en que se paga el precio de 2 cts. por Kw, precio nada atractivo para la generación con petróleo, pero muy interesante para la generación hidro o con gas, se efectúan nuevas inversiones en estas áreas y muy pronto, el 100% de la demanda se satisfacerá con hidro o gas, bajando el precio a por lo menos 1.5 cts. por Kw.

El nuevo precio de US$ 1.5 cts. por Kw desincentivará, por su parte, la realización de nuevas inversiones en gas, a menos que su tecnología mejore. Por otro lado, mientras que la hidro pueda desarrollarse a un costo inferior a este precio, su oferta aumentará y el precio seguirá bajando y, vivieron felices para siempre.

No siempre. El Estado puede tener un interés en usar la energía como medio para generar ingresos fiscales y en tal sentido, tomar la decisión de no invertir más en hidro o en gas, asegurándose un precio de 1.5 a 2 cts. de US$ por Kw.

Si Venezuela piensa establecer sus ventajas comparativas sobre la base de la energía barata, lo de usar la energía como instrumento de cobro fiscal, sería negativo. Por el contrario, si nadie es capaz de usar tal energía para desarrollar una actividad económica de importancia y tales ingresos fiscales son usados en la educación, buscando una ventaja distinta, esto, no necesariamente es malo.

Lo anterior nos indica la existencia de conflictos y la Ley, si bien indica la clara obligación de garantizar un suministro al menor costo posible, también exige que esto ocurra en concordancia con el desarrollo económico y social del país.

También es cierto que, cuando el Estado contribuye con una generación de energía primaria barata y si no existen los controles adecuados, puede que el resultado sólo sea abrir el espacio que permite ineficiencias aguas abajo, en la distribución y hasta en el consumo. En tal sentido la CNEE tendrá la obligación de crear estándares que permitan comparar la eficiencia de nuestra industria con la de otros países. Lo anterior, que se conoce como benchmarking, requiere de mucha habilidad para "apretar sin estrangular".

El guiar el futuro desarrollo del sector eléctrico es un campo minado con todo tipo de incertidumbres. Creo que la principal característica de los integrantes de la CNEE debe ser independencia y flexibilidad de criterios. Independencia para lograr navegar entre los diversos intereses y flexibilidad por cuanto en esta materia no hay dogmas ciertos y permanentes.

En el sector eléctrico también nos enfrentamos a un proceso constituyente.

http://suombudsmanelectrico.blogspot.com/1999/12/la-constituyente-elctrica.html

No, no y no... en Seattle

Desde finales de 1997, yo y algunos otros pocos economistas hemos venido rogando públicamente y casi de rodillas que no se permita aumentar más la brecha entre el valor del bolívar, como divisa, y su valor como reflejo de paridad de compra. El mesianismo que predica el frenar la inflación, al costo que sea, resultó mas convincente y hoy enfrentamos una brecha cuya magnitud es tan grande, que temblamos ante las posibles consecuencias de su super-ajuste.

Aceptando que la fortaleza del bolívar de hoy también se basa en los recientes aumentos reales de los ingresos petroleros, así como en la recesión que de por sí contrae las importaciones, no resulta fácil recetar una macro-devaluación forzada, casi anti-natura, aún cuando la actual emergencia nacional, con su alto y creciente desempleo, pudiese justificar medidas heroicas.

En tales circunstancias no es ilógico especular sobre las posibilidades de medidas de corte proteccionista, transitorias, tales como aumentar aranceles, limitar importaciones y gravar con impuestos prohibitivos a, por ejemplo, los servicios profesionales efectuados por extranjeros no residentes. 

Por cuanto este tipo de medidas son contrarias a las actuales políticas de salón, calificables como de poco gentleman o pas comme il faut, en Venezuela, donde nos deleitamos en ser mas papistas que el Papa, cuesta mucho asomarlas al debate público. Si observamos lo que pasa en el mundo, no debería ser así.

La semana pasada leí un escrito del francés Jacques Attali, quien fue presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, ente que, entre otras responsabilidades, estaba encargado de venderle a Europa Oriental las ventajas y bendiciones que se derivan de una apertura comercial. El artículo me dejó atónito y, asegurándoles que no son simples citas fuera de contexto, les transcribo algunas de las frases del artículo.

El Sr. Attali dice: "La amenaza de la Ronda del Milenio para Europa es una batalla de magnitud totalmente diferente a la de anteriores disputas comerciales. Si no nos cuidamos contra el dominio de América en las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y de su poder virtual sobre las imágenes, íconos e información globales, causará un caos para los intereses de Europa. …"

"En lenguaje claro, la liberalización significaría que todas las compañías del extranjero tendrían las mismas ventajas y los mismos subsidios que los productores nacionales. Esto se aplicaría a los servicios comerciales, hoteles, telecomunicaciones, bancos, obras públicas, obras editoriales, servicios de recreación y cultura, transporte, educación y servicio para la salud. Necesitamos considerar cuidadosamente las consecuencias. No sólo llevaría esto a la desregulación y privatización obligatoria de todos los servicios públicos, sin importar lo que hubiesen decidido los ciudadanos de ese país, sino también la desaparición de muchos instrumentos de la soberanía nacional. …."

"Lo que hay en juego es decididamente mucho más profundo que una guerra comercial. A diferencia del comercio internacional en bienes de manufactura, la liberación sin límite de los servicios puede significar el fin de las naciones y de la democracia". Termino las citas.

Si alguien en Venezuela se hubiese atrevido a escribir lo anterior hubiese sido acusado de retrógrado, ignorante, traidor a su clase y no sé de qué más. Sólo la última frase, la que coloca la apertura de mercados en abierto conflicto con la democracia, sería suficiente para expulsar, por extremista, a cualquiera de nuestros actuales constituyentes.

¿Qué debemos concluir de lo anterior? Ante nada, y así consideremos al Sr. Attali loco, lo primordial es que debemos estar claros que, como país, no tenemos el derecho a tomar a la ligera nuestras negociaciones y participación en la ronda del Milenio.

A Seattle va todo el mundo a defender a capa y espada sus derechos. Otro francés, un agricultor radical llamado Bové quien, según la revista Newsweek, estuvo preso tres semanas por destruir un local de McDonalds como protesta ante la política comercial de Estados Unidos, recibió el mismo día de su liberación, las credenciales oficiales para atender las reuniones en Seattle.

Si Francia, un país desarrollado, un país con un inmenso proteccionismo agrícola, un país que participa en privatizaciones en todo el mundo, pero que mantiene un control estatal sobre la mayoría de sus propios servicios públicos, un país que aplica una política similar al dos por uno en toda su programación de radio y televisión, en resumen, un país pecador y aprovechador de los actuales tratados comerciales, se siente en el derecho y el deber de ir a defenderse en Seattle, qué no debería hacer un país como Venezuela.

Venezuela, respondiendo al llamado que se le hizo para colaborar con el crecimiento económico mundial, sobre la base de la apertura comercial, cumplió. Con Venezuela, el mundo ha incumplido de manera vergonzosa. Los impuestos que los países consumidores, de manera discriminatoria aplican a los derivados del petróleo, tal como la gasolina, y que a veces han llegado a ser hasta el 800% de lo que percibe el productor, son causa directa de que el país obtenga sólo una fracción del ingreso petrolero, que le debería corresponder en virtud del verdadero valor que el consumidor le ha asignado al petróleo 

Sin meterme en el fondo del debate, de sólo pensar en la energía que, por un lado, habrán de invertir los del SI y los del NO en el duelo del 15 de Diciembre, mientras que, por el otro lado, existe una total indiferencia del país con respecto a las reuniones en Seattle, que se inician hoy y donde se encuentra nuestro verdadero campo de batalla, se me hace un nudo en la garganta.

La CNV, el factor humano y el big bang

Hace unos días la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio una declaración, donde confesó que su Caja de Ahorros había sido defraudada por una sociedad de corretaje, perdiendo Bs. 92 millones, lo cual ha causado que la actual Presidenta de la CNV se declare apesadumbrada.

Igualmente, leímos hace días sobre la nave espacial Mars Climate Orbiter que, a un costo de US$ 125 millones y controlada por la NASA, sufrió pérdida total a causa de una confusión entre los científicos, al aplicar uno de los equipos medidas del sistema métrico y el otro medidas inglesas. Ni más ni menos.

Si lo ocurrido a la NASA le sirve de consuelo a nuestra CNV, o lo de la CNV a los de la NASA, que lo disfruten, pero no es mi intención el ofrecer un hombro para las lágrimas de la burocracia, por eficiente que ésta sea, sino sólo la de recordarles acerca de la necesaria humildad que todos los humanos debemos tener, a la hora de estimar nuestro poder para controlar nuestro alrededor.

Lo traigo al caso por cuanto en el mismo momento en que la CNV declaró sobre sus pérdidas (desconozco si existe una relación de causa y efecto), anunció que, para combatir los recientes fraudes, ha establecido nuevas y mayores exigencias de capital a las casas de bolsa y sociedades de corretaje. En términos del actual lenguaje político, esta solución de echar dinero sobre el problema, se encuentra enmarcada dentro de una pura tradición Punto-Fijista.

Creo que el ejercicio correcto de actividades de naturaleza fiduciaria, tan sensible como la de intermediación de valores y administración de carteras, no tiene nada que ver con capitales y todo que ver con la ética de las personas involucradas. En tal sentido, objeto fuertemente a la CNV cuando dice que "los débiles tendrán que fusionarse para permanecer. Vamos a sacar a las manzanas podridas para que se renueva la confianza". Estableciendo esta declaración una falsa y peligrosa relación entre manzanas débiles y podridas.

De hecho, el corredor financieramente más débil del sistema puede brindar los servicios más honestos y correctos, mientras que la empresa de corretaje con mayor fortaleza financiera y que presumimos sea la que realice más operaciones, simplemente, por su tamaño, puede causar la caída de todo el sistema. A mí siempre me ha extrañado como en Venezuela y en el resto del mundo, los órganos de supervisión, al mismo tiempo que pregonan las virtudes de la diversificación, actúan de forma tal que día a día quedan menos actores.

La CNV no debería buscar satisfacer la necesidad de ética con capitales. Tampoco debería permitir que los fraudes se oculten tras empresas anónimas y que no se persiga a los responsables. En esta última tarea debe recordar que la sanción social es el elemento de control más importante que existe.

De existir una relación entre la debilidad y una manzana podrida, es justamente en el sector oficial, cuando organismos supervisores, como la CNV, se quejan por un lado de la falta de recursos necesarios para hacer un buen trabajo, a la vez que transmiten, sin la menor pena, mensajes para dar a entender que están cumpliendo con sus funciones.

De ser Presidente de la CNV en Venezuela, jamás permitiría publicar la leyenda, "Emisión autorizada por la Comisión Nacional de Valores" lo cual sólo transmite un falso sentido de seguridad al mercado. Por el contrario, exigiría publicar algo en el sentido de "Alerta, las inversiones en el mercado de valores, por buenas que parezcan, siempre representan riesgos, los cuales son imposibles de controlar por una CNV, tenga o no tenga los recursos."

De ser Presidente de la CNV le expresaría además a mis colegas de Gobierno, que dentro de las circunstancias actuales del país, la gestión de la CNV francamente carece de sentido, dado que la poca influencia que pudiera, si acaso, tener para lograr una reactivación económica, tiene un costo directo que resulta, con toda seguridad, altísimo al compararse con el bajo volumen que hoy se transa.

Si por cualquier consideración política o de otra índole, se requiere conservar la estructura supervisora de la CNV, creo que más sentido tendría el usarla para supervisar lo que, por su movimiento, sin duda debe ser el verdadero mercado de capitales en la Venezuela de hoy, las loterías. 

Esta semana, en Newsweek, se publicó un artículo relativo a la sorpresiva caída, de casi 20%, que en un día tuvo una de las acciones más negociadas del mundo, la de IBM. Dicha caída se atribuye a factores normales que, en la opinión del articulista, no debería haber sorprendido a ningún analista que se respete. 

El propósito del mencionado artículo fue "Enseñar a no tomar la capacidad investigativa de Wall Street muy en serio y de recordarse de reír la próxima vez que alguien les diga que el mercado de acciones es un sitio racional, donde los grandes inversionistas saben lo que hacen". Recomiendo también reírse, la próxima vez que un ente supervisor salga a presumir que puede hacer su trabajo.

Finalmente, deseo comentar sobre otro riesgo de la regulación. Al leer noticias sobre accidentes en plantas nucleares de Japón y el riesgo de una proliferación de armas nucleares, no hay duda que renacen los temores de un Big Bang tradicional, es decir, uno nuclearmente inducido. No obstante, el Big Bang que yo más temo, es el que puede ocurrir el día en que aquellos genios reguladores de la banca en Basilea, jugando a dioses, logren introducir un error sistemático en el sistema, que cause la quiebra del “UBM” (Unico Banco Mundial) o dinosaurio financiero sobreviviente para ese momento.

Hoy en día, todas las fuerzas del mercado favorecen a las entidades mientras mayores sean éstas, bien sean bancos, bufetes, empresas de auditores, sociedades de corretaje, etc. Quizás una de las cosas que podrían hacer las autoridades, para asegurar la diversificación de riesgos, es imponer unos impuestos por tamaño.

Preocupa impuesto a la gasolina en nueva Carta

 

Privaticemos el sector eléctrico... pero con calma

Desde muchos lados, incluyendo a Fedecámaras, se oyen solicitudes para que se imprima celeridad en los procesos de privatización de las empresas del sector eléctrico. ¡Señores, por Dios, mucha calma con eso!

La privatización del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca), bajo la dirección del Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV, es un buen ejemplo de que del apuro sólo viene el cansancio. Hoy, la Isla de Margarita enfrenta una estructura tarifaria que no puede pagar y el inversionista de Seneca tampoco puede cobrar. La situación es dramática, hace falta un nuevo cable de suministro de energía de tierra firme o un gasoducto y no se sabe de dónde vendrán los recursos para ello.

Es absurdo que el inversionista al cual se le adjudicó Seneca, cuando presenta en público su plan de inversiones prioritarias por US$ 157 millones, tenga que aclarar que los primeros US$ 63 millones desembolsados no tenían nada que ver con la electricidad de la Isla. El único fin de tal pago fue alimentar la voracidad fiscal del gobierno central.

Es absurdo el haber privatizado Seneca sin antes haber contemplado como obligatoria la inmediata inversión en un nuevo cable submarino. Puede resultar útil y satisfactorio para la Isla el tener autonomía eléctrica e, igualmente, un acceso a gas, pero, lo que más necesita, desea y merece, como todo el resto de Venezuela, es energía hidroeléctrica económica.

No deseo implicar que el FIV haya hecho un mal trabajo, todo lo contrario. Por cuanto su objetivo debe haber sido el de maximizar el precio de venta, podemos decir que cumplió con excelencia. El error fue de quien asignó la responsabilidad de privatizar un servicio público al FIV, un ente ajeno al sector, que poco conoce cómo satisfacer los requerimientos eléctricos de la comunidad.

Por lo antes expuesto creo, que antes de proseguir con las privatizaciones eléctricas, es necesario corregir el proceso y reasignar las responsabilidades. Igualmente, para asegurar la calidad de sus resultados, debemos propiciar mayor claridad sobre algunos aspectos fundamentales, como serían los siguientes:

1. Conociendo que la energía en Venezuela, ante nada proviene del Caroní y su principal complemento es el gas, es importante fijar criterios a largo plazo relativos a cómo se distribuyen tales recursos al país y a qué precios. En estas discusiones es vital que la perspectiva del usuario esté representada.

2. Una empresa eléctrica, que puede usar hidro-electricidad, obviamente puede ofrecer una tarifa menor que aquélla que tiene que usar electricidad generada con gas o fuel oil. La oportunidad de la privatización también incide en las tarifas. Es distinto privatizar cuando el precio del barril de petróleo está en US$ 30, que cuando está en US$ 10. Lo anterior, hace obligatorio crear mecanismos compensatorios que resuelvan las posibles injusticias regionales.

3. Después de décadas de espera, finalmente existe una Ley del sector Eléctrico. ¿No sería lógico esperar un poco, hasta tener algunos de sus reglamentos, antes de otorgar concesiones cuasi-monopolísticas por 25 años?

No soy contrario a las privatizaciones, precisamente por creer en ellas es que pido calma y cordura, para tratar de evitar que todo el proceso se desacredite. Creo que sólo haciéndolo bien, tenemos la posibilidad de solventar las urgentes necesidades del sector eléctrico. En tal sentido es necesario que diferenciemos entre lo que significa privatizar negocios normales, tipo aluminio o petroquímica y privatizar servicios públicos. 

Un país debe buscar que los servicios públicos sean suministrados de la manera más económica y eficiente posible para, facilitarle el desarrollo económico a los demás sectores. De allí que cuando vemos que en Venezuela las acciones más negociadas en los mercados de capitales son las del sector de los servicios públicos, nos hace pensar que alguien perdió la brújula.

Igualmente, hay que encontrarle solución al problema de la Isla de Margarita. 

En la privatización de Seneca el Precio Base, por el 100%, rondaba los US$ 30 millones – o sea, éste era el precio al cual Cadafe/FIV estaban dispuestos a entregar todos los activos eléctricos de la Isla. Seneca se vendió valorada en US$ 90 millones, dando lugar a una Prima de US$ 60 millones. Al sólo haberse vendido el 70% de Seneca, concluimos que los US$ 63 Millones recibidos por Cadafe/FIV, se dividen en US$ 21 Millones como parte de precio base y US $ 42 Millones por concepto de Prima.

El origen natural de la Prima es el de haber establecido una estructura tarifaria más alta que la necesaria. Por cuanto esas tarifas habrán de ser pagadas por el usuario margariteño, bien podemos argumentar que la Prima –no le corresponde a Cadafe/FIV. ¿Calificará esto como una apropiación indebida?

Fedecámaras, debe apoyar cualquier solicitud que hagan sus representados margariteños con el fin de solicitar que Cadafe/FIV le devuelvan a la Isla los US$ 42 millones, a fin de que Margarita adquiera un nuevo cable (aéreo o submarino). Logrado esto, debe renegociar sus tarifas con los dueños de Seneca, considerando a tal fin que el inversionista es corresponsable de la situación, al no haber efectuado un adecuado proceso de due diligence.

En verdad considero que Cadafe/FIV debe reintegrar la totalidad de los US$ 63 millones recibidos, ya que los activos enajenados ya pertenecían a la Isla a cuenta de su cuota parte de la renta petrolera, fuente original para su pago.

http://suombudsmanelectrico.blogspot.com/1999/11/privaticemos-el-sector-elctrico-pero.html

El Manifiesto Petropolitano

El Manifiesto Petropolitano

Somos un país petrolero, pero algún día dejaremos de serlo. Interpretar que el “sembrar el petróleo” signifique el tener que transitar de manera anticipada de una economía a otra, aplicando un modelo económico y desarrollando actividades económicas ajenas a una realidad petrolera, es equivocado y constituye la perfecta escusa para la desidia del hoy. 

Este mes, en Inglaterra, con el petróleo a más de US$ 20 por barril, el consumidor debe pagar Bs. 820 por litro de gasolina normal, del cual el distribuidor recibe Bs. 31, el productor, quien sacrifica un activo no renovable obtiene unos míseros Bs. 117, mientras que el Fisco inglés cobra unos impuestos confiscatorios de Bs. 672. De hecho, lo cobrado por el Fisco, al ser comparado con lo recibido por el productor, indica la existencia de algo similar a un arancel comercial que ronda los 600%.

Igual ocurre en Alemania, Japón, España, etc. Los impuestos, que los países consumidores aplican a los derivados del petróleo, implican para ellos sólo una redistribución de su ingreso nacional, mientras que, por sus efectos negativos en la demanda y en los precios del petróleo, originan una verdadera reducción del ingreso nacional de los países productores.

Los obscenos niveles en que dichos impuestos se sitúan hoy en la mayor parte del mundo, con la amenaza de ser cada día mayores, constituyen una guerra comercial declarada a los intereses económicos de Venezuela. El que nuestro país no proteste por ello, como tampoco protestó por la prohibición del uso de la Orimulsión en la Florida, es indicativo de una falta de voluntad y conciencia nacional, sin la cual, con o sin petróleo, no somos nada.

La histórica indiferencia de las autoridades (Gobierno y PDVSA) ante el problema señalado, originó la formación del movimiento PETROPOLITANO. Sus actividades se nutren de una serie de creencias, no inscritas en piedras, sino basadas en la continua interpretación que hacen sus miembros sobre los mejores intereses del país, que resumimos a continuación:

1. Los Petropolitanos creemos que la verdadera “siembra del petróleo” debe significar la siembra, en el corazón de los venezolanos, de la voluntad de defender, con orgullo y responsabilidad, sus intereses reales, que en esencia son y seguirán siéndolo por varias décadas, sus intereses petroleros. 

2. El valor de un bien se calcula en función del precio, que el consumidor final está dispuesto a pagar. De allí que la diferencia entre lo que hoy paga el consumidor mundial de gasolina y lo poco que el productor recibe, evidencian, dentro del marco de los principios del libre comercio, la presencia de una estafa. 

3. Seguros de que en la unión está la fuerza y más aún en un mundo globalizado, apoyamos la permanencia de Venezuela en la OPEP. No obstante, exigimos que esa organización desarrolle nuevas y mejores defensas de sus intereses. El no combatir los impuestos y limitarse a reducir la producción, sólo garantizan su extinción. 

4. Objetamos cualquier inferencia a una relación absoluta y necesaria entre los ingresos petroleros y un modelo económico dispendioso. Los resultados obtenidos hasta la fecha no guardan relación alguna con un modelo rentista. Si hubiéramos aplicado un verdadero y responsable rentismo, viviendo de una porción de las rentas y no de los capitales, la historia sería otra y Venezuela estaría en una muy envidiosa situación económica. 

5. Rechazamos cualquier expresión despectiva, tal como “excremento del diablo”, que dificulta el surgimiento de un necesario sentimiento de respeto y agradecimiento por el petróleo, sin el cual resulta imposible administrar nuestras riquezas para el bien de las futuras generaciones.

6. Por cuanto sabemos que el petróleo es un activo no renovable del país, creemos que la defensa de su precio y valor debe ser el principal objetivo de nuestra industria y rechazamos el concepto de una maximización de los ingresos corrientes, que se fundamente en el maximizar los volúmenes de venta. 

7. Aún siendo evidente su propósito fiscalista, los impuestos petroleros se ocultan tras el manto de un "proteccionismo verde". Al mismo tiempo que afirmamos un compromiso para con la defensa del ambiente, rechazamos, por injusto, que los países productores deban cancelar el 100% de su costo.

8. El petróleo ciertamente no genera mucho empleo. No obstante, debemos evitar caer en modelos esquizofrénicos donde el pais, siendo petrolero, trata con angustias de no serlo, cometiendo errores cuya incidencia sobre la generación de empleo estable es aún más negativa.

9. Los resultados de los acuerdos internacionales firmados por el país durante las últimas décadas, no compensan el costo de tener que respetar las fuentes de rentas del mundo desarrollado, tales como marcas y patentes, sin que ellos respeten nuestro derecho a obtener la mayor parte de lo que corresponde a la valorización de nuestro activo petrolero.

10. En la defensa del petróleo, no es posible sustituir la importancia de una voluntad sólida del país, con la contratación de asesoría y cabildeo internacional. 

11. Hay Patriotas dispuestos a dar la vida para el caso de que un ente extranjero se adentre en nuestro país, con el fin de extraer barriles de petróleo. Los impuestos al petróleo aplicados por el mundo consumidor son, en esencia, una invasión similar. Es responsabilidad del Petropolitano informar de esto.

http://petropolitan.blogspot.com/1999/10/el-manifiesto-petropolitano.html

La nueva ley eléctrica y las nuevas privatizaciones

Al fin, después de décadas de discusión, tenemos una Ley de Servicio Eléctrico, que permitirá invitar a los capitales privados a que participen en la solución de los problemas de suministro eléctrico del país. Ahora bien, debemos evitar que esos nuevos fondos vayan a ser desviados para solucionar problemas ajenos al sector eléctrico o para mejorar el flujo de caja general del Estado, como ocurrió en experiencias recientes. Me explico.

Uno de los conceptos financieros más errados de la actualidad es el que considera que el monto pagado por un inversionista por una concesión eléctrica constituye una simple y pura ganancia del país. NO, lo que el inversionista paga es, en esencia, una deuda a ser cancelada, en este caso, no mediante intereses y amortización, sino mediante el pago de tarifas eléctricas.

Supongamos que por una concesión eléctrica de 25 años, con tarifas bajas y con necesidad de inversiones en mejoras por US$ 100 millones, a ser ejecutadas en el plazo de un año, un inversionista está dispuesto a pagar US$ 1 millón. Supongamos también que al vendedor de la concesión le interesa recibir más dinero. ¿Qué puede hacer?

Primero: Ofrece mayores tarifas. Si el consumidor paga más, habrá una mayor utilidad, mayores dividendos y por lo tanto el negocio vale más. El vendedor de la concesión duplica las tarifas, por lo que el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 50 Millones.

Segundo: Permite alargar las inversiones. Si al inversionista se le autoriza a prolongar el período de los desembolsos, algunas de las inversiones serán cubiertas con el flujo de caja propio del negocio y, obviamente, así se le hace más atractivo. El vendedor permite que los US$ 100 Millones de inversión requerida se ejecuten a razón de US$ 20 millones anuales, por cinco años y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 60 Millones.

Tercero: Se alarga el plazo de la concesión. A mayor el plazo, el negocio vale más. El vendedor extiende el plazo de la concesión a 50 años y el comprador está dispuesto a pagar hasta US$ 70 Millones.

Cuarto. Todo inversionista tiene diversos intereses. El vendedor los averigua, los satisface y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 90 Millones.

Conclusión: Nada es gratis y cada dólar recibido tiene su contrapartida.

En la prensa seguimos leyendo sobre las expectativas del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) de recibir US$ 700 Millones por las privatizaciones pendientes en el sector eléctrico. Para ello deberá, en diversas combinaciones, ofrecer mayores tarifas que las necesarias, aminorar el ritmo de las inversiones requeridas, otorgar plazos de concesión mayores a los originalmente contemplados o satisfacer cualquier otro interés del inversionista, aún cuando no el mismo no esté ligado al sector eléctrico.

En otras palabras, para lograr captar US$ 700 Millones es necesario hacer del sector eléctrico un gran negocio en sí. Por cuanto la existencia de un servicio de energía eléctrica barato y de buena calidad es una de las principales ventajas comparativas que puede tener un país para desarrollar otros negocios, lo anterior preocupa.

Uno de los riesgos de ejecutar un programa de privatización del sector eléctrico, sin previamente haber definido políticas y marco regulatorio, es que se configuren distintas realidades tarifarias para distintas áreas del país. Aún en el mejor de los casos, aquél donde la aspiración del Estado se limita a satisfacer la necesidad del usuario, sin buscar obtener un rendimiento especial, esto puede ocurrir. Por ejemplo, en épocas de turbulencia económica, una misma concesión puede requerir, para lograr su exitosa adjudicación, de un pliego tarifario mucho más alto que el necesario para una época de bonanza económica.

Es lógico que dentro de un mismo país exista cierta uniformidad entre las tarifas eléctricas. Por ello sería injusto que una zona pague altísimos costos eléctricos por haber sido privatizada pre Asamblea Constituyente, con el petróleo a US$10; mientras que otra zona, por haber tenido la suerte de ser privatizada después de la ANC y con el barril a US$ 25, pague menos.

La nueva Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tiene sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar el problema planteado. A tal fin, recomiendo: 1) Estimar una tarifa meta óptima "promedio nacional"; 2) Revisar las fuentes de recursos y normas compensatorias, las cuales probablemente deben ir mucho más allá de los subsidios contemplados en la Ley y 3) Diseñar la metodología para ejecutar tales compensaciones sin introducir distorsiones.

La Ley fija un plazo no mayor de dos años para que entre en funcionamiento la CNEE. Ojalá que no sea necesario esperar tanto. Venezuela tiene urgencia en comenzar a invertir en soluciones eléctricas, pero no puede darse el lujo de que tales soluciones se enmarquen dentro del actual modelo, que ha producido resultados poco deseables, como en el caso de Margarita.

Me permito recordarles que la concesión de Margarita, SENECA, se vendió valorizada en US$ 90 millones, habiéndose ya recibido US$ 63 Millones por la venta del 70%. Los fondos fueron casi íntegramente enviados a Caracas para solucionar problemas de caja del Gobierno Central. Como consecuencia de ello la Isla quedó hipotecada con una estructura tarifaria bastante más alta que la necesaria. Como usuario en Margarita espero de la CNEE que no nos dejen abandonados a nuestra mala suerte.

Publicado en Economía Hoy el 5 de Octubre de 1999 

http://suombudsmanelectrico.blogspot.com/1999/10/la-nueva-ley-electrica-y-las-nuevas.html

La ausencia del quid-pro-quo en el mantener el status quo

Una inmensa porción de todo el ordenamiento jurídico económico, que hoy día rige el comercio internacional, se encuentra dirigida a garantizar los derechos de la propiedad intelectual, sean éstos marcas, patentes o de otra índole.

En principio, no hay nada malo con lo anterior, pues suena lógico y justo que quien con trabajo haya logrado generar los valores, que tales bienes intelectuales representan, ciertamente debería ver compensado sus esfuerzos. De seguro, el mundo también habrá de verse beneficiado por todas las mejoras o satisfacciones que de ahí se deriven.

No obstante, debemos recordar que hoy la propiedad intelectual no se refiere, tanto a las creaciones individuales de un Benjamin Franklin, un Shakespeare o un Mozart, sino más bien representan, en su mayoría, propiedades corporativas, resultados de esfuerzos que han requerido de un gigantesco pool de conocimientos dominados, grandes técnicas de coordinación, inmensos capitales y un tremendo poder de difusión. En tal sentido, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual en verdad estamos hablando del derecho económico del status-quo.

Que el derecho económico del status-quo impere, no tiene nada de novedoso y mucho menos estoy buscando replantear un debate en términos ya superados, como los del Norte-Sur. Lo que sí me atrevo a preguntar es si un país como Venezuela ha logrado negociar un quid-pro-quo razonable, que le justifique firmar convenios internacionales, que sin duda son de mayor interés para el mundo ya desarrollado.

Para empezar, creo que la historia económica está llena de ejemplos, que demuestran la validez de la pillería como elemento de desarrollo. Un país que se encuentra en los peldaños inferiores de su desarrollo económico y que puede derivar beneficios de robar y copiar buenas ideas o marcas, no necesariamente debería renunciar formalmente a tal opción, sin nada a cambio. 

Como ejemplo, veamos el caso de un buen padre de familia, que no tiene con qué comprarle unos jeans Calvin Klein originales a su hijo, pero que sabe que con una copia puede satisfacerle. Si la copia cuesta la quinta parte del precio original, de verdad, pocos de nosotros vacilaríamos en recomendarle, en términos criollos, que “le eche pichón”. Por supuesto, en este sentido debemos recordar, que tampoco fue invento del padre, introducir en la televisión de su hogar, la campaña pro Calvin Klein.

Si en el ejemplo anterior, en vez de pantalones estuviésemos hablando de medicinas vitales, el argumento antes indicado sería aún más contundente.

Tampoco es fácil que, a corto plazo, Venezuela pueda generar sus Bill Gates criollos pero, probablemente, de lograrlo, le sería casi imposible evitar que éstos vendan sus inventos a los capitales del mundo desarrollado y hasta se muden del país. En fin, las perspectivas de que Venezuela logre equilibrar la balanza de comercio intelectual, se vislumbran como pobres.

En los Estados Unidos hoy trabajan dos millones de salvadoreños y un millón de guatemaltecos, quienes le producen a sus países de origen, mediante remesas familiares, ingresos que superan lo obtenido por la exportación de café. No es mi intención discutir lo negociado por otros países pero, de pronto, El Salvador y Guatemala tienen un quid-pro-quo que les satisface. 

En el caso de Venezuela, nuestros negociadores internacionales parecen haberse dejado convencer por los bellos cuadros, que les han pintado de una Venezuela próspera sobre las bases del turismo, la agricultura, la industria y servicios. A mí, esto no me convence. Como mínimo y antes de seguir discutiendo, Venezuela debería exigir que a su principal producto de exportación, el petróleo, que es su ventaja comparativa por excelencia, se le dé un tratamiento justo. 

Hoy, los gobiernos de la casi todos los países del mundo desarrollado, han decidido utilizar al petróleo y sus derivados como un vehículo para cobrar impuestos. Por ejemplo, en Europa durante este año hubo ocasiones donde si bien al consumidor se le cobraban Bs. 661 por litro de gasolina, sin embargo, al productor, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, sólo se le entregaban unos míseros Bs. 68, apenas un 10% del precio. El distribuidor, por su parte, recibía 42 Bs. (un razonable 6%), mientras que el Fisco Europeo confiscaba Bs. 552, un obsceno 84%.

Los Bs.552 cobrados por el Fisco, al compararse con los Bs. 68 recibidos por el productor equivalen, para todos los fines prácticos, a un arancel comercial superior al 800%. Sin duda, de no aplicarse estos impuestos, el productor petrolero sencillamente vendería más petróleo a mejores precios. Para Venezuela, esto pudiera fácilmente significar más de US$ 15.000 millones anuales. ¡En menos de dos años pagaríamos la deuda externa total!

Hay que ver lo que en Venezuela habría que trabajar para generar vía el turismo, la agricultura, la industria y los servicios, un monto similar al antes mencionado. Y que no vengan con el cuento de que todo es para salvar a Venezuela de un amoral rentismo. La protección de la propiedad intelectual tiene el mismo origen, el defender la renta.

No hay derecho que Venezuela coopere, sin pelear, en remunerar los bienes intelectuales, fruto de ideas renovables, cuando a ella se le reconoce sólo una fracción del valor de sus activos no renovables. Por favor, antes de que sólo nos quede la opción de negociar unos cuantos millones de visas de trabajo en el extranjero a favor de nuestros ciudadanos .... ¡Vuelvan caras!

 

Información global – creciente confusión

Hace aproximadamente una semana, tomé un humilde y destartalado taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad capital de un pequeño país centroamericano. Durante el viaje, el igualmente humilde taxista me dio una lección magistral sobre la globalización. Después de haberle informado de mi procedencia, preguntó en una larga fase sin aliento: “¿Ha logrado el Comandante Chávez deshacerse del Magistrado Sosa? Por cierto, ¿dónde está Venezuela exactamente? Cerca de España, ¿no?

El taxista había demostrado simultáneamente un conocimiento sorprendente sobre la política interna de Venezuela y una ignorancia casi vergonzosa sobre la geografía básica. Este incidente me impulsó a reflexionar sobre el tema de la información global. Para empezar, es evidente que cuando se habla de este tema confuso, más no es necesariamente mejor. Una mayor cantidad de información puede simplemente significar más datos irrelevantes, la mayoría de las veces a expensas de la pertinencia. Asimismo, demasiada información puede confundir las cosas y plantar tantos árboles que se vuelve imposible ver los bosques.

En Venezuela, por ejemplo, y sin entrar en detalles, sorprende ver cómo la mayoría de la nación sigue ciega a las terribles implicaciones que tienen sobre nuestro país los impuestos a los productos petroleros que cobran las naciones consumidoras.

El ejemplo mencionado hace que sea tentador establecer prioridades. Sin embargo, quiénes somos para determinar si la política interna de un país es más o menos relevante para alguien como mi taxista que la ubicación geográfica de ese mismo país. Es más, cuando lo piensas, podría ser que en un mundo globalizado, la geografía como la estudié ya no es realmente relevante.

Al observar lo rápido que crece el volumen de información, recuerdo que hace unos años sostuve la tesis de que la falta de información en realidad podría ser valiosa como promotora del desarrollo. En ocasiones, el desconocimiento de ciertos asuntos mantuvo vivo el sueño de encontrar el valle más verde.

Estos sueños son los que llevaron a los estadounidenses a invertir en Italia, a los italianos a mudarse a Venezuela y a los venezolanos a buscar trabajo en Estados Unidos. Esto generó un crecimiento económico en todos lados.

La velocidad cada vez mayor del flujo de información actual también plantea algunas dudas.

Aunque ciertamente es ventajoso asegurar que la información correcta y relevante, así como las buenas noticias, se transmitan rápidamente, también es cierto que esta misma velocidad se suele aplicar cuando se propaga información incorrecta e irrelevante, así como cuando se incrementan los volúmenes de malas noticias.

Por alguna razón no totalmente identificada, creo que el efecto de aumento de la velocidad sobre la mala información es de alguna manera mayor que sobre la buena información. Hacer las paces, por ejemplo, requiere un tiempo que a menudo no está disponible. Provocar la guerra a menudo toma solo unos segundos.

También es digno de reflexión quiénes son los creadores y receptores de información. No cabe duda de que los inversores extranjeros que más desea atraer el país son los que traen consigo una visión de largo plazo y que, por tanto, crearán muchos puestos de trabajo permanentes.

Lamentablemente, sin embargo, frecuentemente confundimos las políticas económicas que son positivas y adecuadas para el país con la información que el capital de corto plazo quiere ver. El principal motivo de esto es que son precisamente esos inversores a corto plazo los que más presionan por una información urgente y globalizada.

Como resultado de esto, a menudo vemos esquemas económicos basados ​​en altas tasas de interés, una moneda fuerte, equilibrio fiscal y puritanismo económico. Sin embargo, todo lo que los inversores a largo plazo realmente quieren y necesitan es una buena demanda interna y un tipo de cambio competitivo.

Escribo artículos, y para lograrlo utilizo con frecuencia fuentes de información que, a pesar de ofrecer mucho detalle, no son necesariamente relevantes ni completas. Mi taxista me recordó este riesgo. Puede que haya salido como un idiota en muchos de mis artículos y probablemente ni siquiera lo sepa debido a la cordial discreción de mis lectores. Si este fuera el caso, gracias. Recuerda que mi ego no es tan fuerte como el del New York Times, y si he pecado, prefiero no saberlo.

Traducido del Daily Journal

La Constituyente y la deuda y los impuestos

Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Una vez sea aprobada la nueva Constitución, las aguas del río regresarán a su cauce y con ello volveremos a ver a los mismos políticos con distinto cachimbo administrando el quehacer diario del país. Es por ello que debemos aprovechar la redacción de una nueva constitución, momento en el cual la sociedad civil tiene básicamente su único chance para verdaderamente lograr reglamentar la gestión de los políticos.

De la misma manera que me ilusiono con las posibilidades de que Venezuela, con su Constitución del Milenio, logre reformas fundamentales, debo prepararme para una posible desilusión ante una Constitución, tipo más de lo mismo. Para alguien que estaba esperando una constituyente anti política, los primeros pases parecen indicar la presencia de un constituyentismo demasiado político. Ojalá esté equivocado pero, hasta la fecha, el debate poco ha tocado temas de fondo como los que siguen.

En una empresa donde, conforme a sus estatutos, los administradores (politícos) deben obtener la previa autorización de los accionistas (ciudadanos) para asumir cualquier tipo de endeudamiento, parecería existir menos riesgo de quiebra que en el caso donde el administrador esté autorizado para firmar toda clase de deudas, así sea con el único propósito de aumentar sus propios sueldos. De la misma manera funciona el país. 

Tradicionalmente se ha argumentado que la mejor vía para enfrentar los abusos es la división de poderes. Opino que esta tesis ha sido sobrevendida, por cuanto la mayoría de los integrantes de los distintos poderes pertenecen todos a la secta de administradores políticos y en tal sentido, por instinto gremial, les resulta difícil ejercer un autocontrol. 

Por lo antes expuesto, creo importante que la ANC dedique tiempo y voluntad a tratar de lograr desarrollar un articulado que, sin ahogar, impida que la Nación nuevamente se endeude y vuelva a cometer el mismo error del pasado. Hay que tener siempre presente que si no se hubiera contraído la injustificada y pesada deuda, que hoy nos agobia, con toda seguridad hoy todos iríamos mejor al supermercado. 

Igual o mayor cuidado aún debemos tener con la creatividad que suelen desplegar los políticos a la hora de inventar nuevos impuestos. Su inventiva en esa área es ilimitada y en tal sentido, basta con reflexionar cómo la sociedad, supuestamente pensante, aplaudió con entusiasmo hechos como la privatización del Sistema Eléctrico en Nueva Esparta (SENE).

El caso del SENE es un patético ejemplo, que ilustra la capacidad de generar nuevos impuestos, por cuanto a mi juicio no existen dudas acerca del hecho de que los fondos pagados al Estado por los inversionistas, constituyen impuestos anticipados, que serán soportados por varias generaciones de margariteños, quienes como consecuencia de dicha privatización deberán pagar tarifas eléctricas excesivamente altas. Otra hubiera sido la historia, si en lugar de ofrecer una estructura tarifaria tan generosa, como la usada como anzuelo para cobrar aprox. US$ 90 millones, se hubiera seleccionado a quien ofreciera estandares de servicios garantizados y tarifas más económicas.

Si yo fuera constituyentista, ante la ya anunciada amenaza de seguir con las privatizaciones de servicios públicos, trataría de darle rango consitucional al siguiente articulado: 

(a) Toda privatización de empresa de servicios públicos o el otorgamiento de una concesión para brindar estos servicios, sólo podrá incluir en los términos de adjudicación, los aspectos relevantes para ofrecerle al usuario mejores servicios a mejores precios. Se le prohibe al Estado cobrar ingresos directos por la venta de tales empresas o tales concesiones. 

(b) Se prohibe toda cláusula que pueda reforzar la naturaleza monopolística de los servicios públicos y que impida todo acceso inmediato a cualquier mejora o innovación tecnológica.” (Supongan que se invente un nuevo sistema de comunicación que permita hablar a locha la hora pero que, por existir concesiones otorgadas en base a tecnologías viejas, el país no pueda lograr estos ahorros.)

(c) Igualmente el Estado otorgará la exoneración de toda clase de impuestos a las empresas que brinden los servicios públicos antes mencionados.” (De esta manera se le evitaría a los políticos el molesto conflicto de abogar públicamente por unas tarifas bajas, cuando secretamente desean unas altas que maximizen las ganancias de la empresa y así les permitan cobrar más impuestos.)

Tradicionalmente, en Venezuela, el Estado vía la prestación de ciertos servicios públicos a menos de su costo, redistribuía algo de los ingresos petroleros. Por cuanto el Estado lamentablemente resultó ser demasiado malo como gerente, se consideró conveniente abrir espacios a la inversión privado. Por supuesto que al principio, al ver reducido su campo de acción, todos los políticos se oponían fuertemente a las privatizaciones. 

Poco a poco, ellos fueron cambiando de actitud. Su actual entusiamo se debe a que han descubierto la posibilidad de un Shangrila político, donde se quedan con todo el ingreso petrólero, transfieren todas sus responsabilidades al sector privado y encima de todo cobran por esto. Es deber ineludible de la Asamblea Nacional Constituyente asegurarse de que en la búsqueda de nuestra criolla versión de Shangrila, ésta sea para los ciudadanos y no para los políticos.

La responsabilidad histórica de los "expertos" petroleros.

Como país petrolero, nuestro principal problema es la creciente carga de impuestos, que los países consumidores aplican al petróleo y sus derivados y que tiene el efecto de que por cada día que pasa, como productor, nos toca menos de su valor. 

Como ejemplo observamos, que en Inglaterra, tomando los precios vigentes para Junio de 1999, de los Bs. 661 que el consumidor pagó por cada litro de gasolina, el distribuidor recibió Bs. 42, el Fisco inglés confiscó la exhorbitante suma de Bs. 552 por litro y al que suministra el producto, un activo no renovable, sólo le quedaron Bs. 68, apenas un mísero 11% del total.

Acabo de leer un artículo publicado en Julio de 1998 en la revista Middle East Economic Survey, escrito por el Dr. Paul Stevens, Profesor de Petróleo y Economía en el Centro de Legislación y Política de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee en Escocia. En él su autor sostiene que, por el sólo principio de equidad, hay que examinar muy bien a quién de verdad le debe corresponder el valor del petróleo, al gobierno de un rico país consumidor o la población de un pobre país exportador.

El Profesor Stevens indica que la negligencia de los productores, al no actuar en contra de este tipo de impuestos al consumo petrolero, tiene como consecuencia el restarle recursos a sus necesitados ciudadanos, para entregárselos a los ricos gobiernos consumidores. Su acusación no puede ser más directa cuando expresa "que la historia juzgará muy fuerte a quienes permitieron que se revirtiese la fórmula de distribución de ingresos de Robin Hood - robar al pobre para dárselo al rico".

Lo anterior equivale a una clara acusación, por traición a la Patria, en contra de todos aquéllos que, de una u otra forma, han tenido algo que ver con la industria petrolera.

Reconozco que no es lógico esperar que los asesores internacionales que utiliza el país y la industria petrolera, por iniciativa propia, formulen una advertencia sobre el problema de los impuestos al consumo del petroleo, mucho menos cuando nadie se lo pide. Es más, de preguntárseles, no sería extraño que su corazoncito de país consumidor, les impida dar una respuesta objetiva. 

Más difícil aún resulta explicar el por qué nuestros ilustres "expertos" petroleros, aquéllos que todas las semanas ocupan página tras pagina en la prensa nacional y quienes en verdad tienen una responsabilidad histórica ante el país, estén todos callando el problema. 

Una posible explicación radica en la dificultad que humanamente debe estar presente cuando una persona, que ha derivado toda su posición en la sociedad del hecho de calificar como experto, de pronto se dé cuenta que su experticia, aún cuando perfectamente válida, sólo le alcanza para ver los árboles, pero nunca para ver el bosque.

La única otra razón posible, estaría situada en el terreno especulativo de una conspiración internacional tan sofisticada que, mediante un intrincado proceso de desinformación, ha logrado ocultar la verdad durante años.

Francamente, al ver cómo los agentes del FMI recorren el mundo en su afán de mercadear los impuestos petroleros y observar cómo ciudadanos se ocultan bajo el manto del ambientalismo para justificar que, en nombre de la salvación de la tierra, sus respectivos gobiernos cobren los impuestos que nos empobrecen, lo de la teoría conspiradora no parecería tan imposible.

La desinformación sin duda que existe y su gran éxito puede que se deba a que los países consumidores, en vez de desinformar a los productores, se han dedicado a desinformar a sus propios ciudadanos. Como ejemplo notamos que, en Europa, la mayoría de los consumidores están convencidos de que los únicos culpables de los altos precios de la gasolina son los "bandidos de la OPEP", hasta el grado de considerar mentiroso a quien les informe que sus respectivos gobiernos son los verdaderos petro-rentistas del mundo, al recibir hasta ocho veces más ingreso por la venta de la gasolina que el mismo productor.

Dentro de este mismo orden de ideas, me llamaron la atención unas declaraciones aparecidas la semana pasada en la prensa de Honduras del presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, quien manifestó que "los sectores que se pronuncien en contra del alza al precio de los combustibles, si conocen de algún lugar donde se regalan esos productos, deberían decirlo al gobierno porque éste no tiene dinero para subsidiar más los carburantes". Claro está, en ese artículo no se decía nada acerca del hecho que de los US$ 0.50 que paga el consumidor en Honduras por cada litro de gasolina, el gobierno, en lugar de otorgar subsidios, cobra una modesta fortuna en impuestos.

Hace unos meses formé, junto a unos amigos, PETROPOLITAN. Se trata de una ONG cuyo propósito es informar sobre el inmenso daño que los impuestos petroleros le causan a nuestro país. He recibido apoyo de muchas partes con la sola y casi total excepción del sector de "expertos". 

Considerando, que Venezuela atraviesa por una etapa, que sin duda puede calificarse como revolucionaria, nos sentimos en el deber de apretar las tuercas en nuestro llamado a la responsabilidad. ¡Ojo pelao señores! Existen hoy Petropolitanos revisando todos los escritos y declaraciones de los expertos petroleros con el fin de verificar quién es quién en la defensa de los intereses de Venezuela.

La economía en época constituyente

Como de todos es sabido estamos en los inicios del período de gestación de nuestra nueva Constitución. De decidirse incluir consideraciones económicas dentro de la misma, pienso que probablemente algún economista podría aventurarse a proponer la consideración del siguiente Artículo Único:

“De la economía: Por obra de la Providencia, Venezuela es, ante nada, un país petrolero, responsable de maximizar los ingresos provenientes de la venta de tales activos y de asegurar que tales proventos sean correctamente utilizados para el bien de la Nación y de las futuras generaciones de venezolanos.”

Al analizar el texto anterior, los constituyentistas probablemente sólo acogerían lo relativo a la correcta utilización de los ingresos. Desgraciadamente, la identificación de Venezuela como un país petrolero, responsabilizado de maximizar los ingresos que de ahí se deriven, quizás sea considerada hasta como una impertinencia del economista. ¿Por qué? Simplemente porque en Venezuela sufrimos de esquizofrenia económica.

Tenemos un país que vive del petróleo, en donde, si hubiera mayor coherencia y voluntad para defenderlo, los venezolanos podríamos hasta vivir como reyes del petróleo. No obstante, todo discurso político y económico actual, que se respete, incluye una obligada referencia a la necesidad de liberarnos del yugo de la dependencia petrolera.

Mientras persista tal confusión, es muy difícil para Venezuela definir un rumbo que le permita un desarrollo económico. En tal sentido, el país actúa mucho como un bailarín superdotado, que abandona su sueño artístico, por una carrera profesional mediocre, al dejarse convencer de que el baile es sólo para los del otro lado.

Sostengo que la función primordial de una ANC, al redactar una nueva Carta Magna, debe se la fijación de límites de actuación a los administradores de la Constitución, es decir, a los políticos. No obstante, deseo significar que el propio proceso constituyente nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza real del país y, en especial, sobre su naturaleza económica.

En tal sentido, de sugerirse incluir la calificación de "Bolivariana" a nuestra Nación, con las buenas intenciones de fortalecer el tan necesario sentido de Patria, yo igualmente me considero con el derecho de proponer que constitucionalmente se le reconozca a Venezuela su condición de Nación Petrolera. Si es difícil lograr crear un sentido de Patria en un mundo globalizado, más aún lo es lograr generar un crecimiento económico en un país que ignora o hasta se avergüenza de su principal recurso.

Para los que consideren que estoy exagerando, someto a su consideración la siguiente lista de hechos: 

Nadie protestó cuando Florida, principal receptor de nuestro dispendioso gasto, prohibió sin razón el uso de la Orimulsión.

Tampoco se protesta cuando en Europa de los 100 que se le cobran al consumidor por la gasolina, el Fisco de allá confisca 85, el distribuidor cobra 5 y al productor, aquél que vendió un activo no renovable, sólo le quedan 10. 

Nuestros intelectuales, en lugar de sembrar un sentido de agradecimiento por el petróleo, que estimule al pueblo a exigir una rendición de cuentas por su buen uso, llegan hasta el extremo de calificarlo como "excremento del diablo". 

Nadie arrugó la frente cuando se inició la apertura petrolera, otorgándose acceso a la crucial área de extracción, por una supuesta falta de recursos y luego aparecieron mágicamente fondos para invertir en insignificantes gasolineras.

Qué poco se cuestionó que esa apertura reduciría la capacidad del país para limitar su producción petrolera y consiguientemente su poder geopolítico.

Hay días festivos para todo en Venezuela, pero ni uno dedicado al petróleo. 

Todos los constituyentistas, como venezolanos, tienen la experiencia de vivir del petróleo, pero en su seno no hay ni uno con la experiencia de vivir para él.

El pueblo sabe que existen problemas reales derivados del petróleo, entre éstos, el poco empleo que genera y el inmenso poder que, sin haber sido limitado en la Constitución, se le adjudica a quien controla la chequera petrolera. Sin embargo, me resisto a creer que, como solución, el pueblo estaría dispuesto a renunciar al ingreso petrolero. En tal sentido, el verdadero mandato económico del Soberano para la ANC, no es que el país se desentienda del petróleo, sino que el país aprenda a convivir con el petróleo. 

Si Venezuela logra combatir la tendencia, casi mundial, de gravar con exagerados impuestos a la gasolina y demás productos petroleros, nuestros ingresos aumentarían de manera astronómica.

Soy venezolano, economista, MBA y con 25 años de actividad profesional en el país, por ello me considero con derecho de enviar la siguiente reflexión económica a la ANC: Señores Constituyentistas, ¿Somos o no somos un país petrolero? Si no llegan a la conclusión de que los somos, les imploro, de rodillas, que ni mencionen la palabra economía en la nueva Constitución.

 

De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

 De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

Mensaje para la OCI. Hace unos 25 años, durante la explosión de los precios petroleros, en las gasolineras europeas, colocaban letreros que indicaban que de dicho precio sólo una pequeña porción correspondía a impuestos, imputando los altos precios a los "bandidos" de la OPEP. Desde entonces, los miembros de la OPEP hemos tenido una mala imagen, que se ha consolidado así en el tiempo gracias a los innumerables “reportajes” negativos sobre los “Jeques de la OPEP” publicados reiteradamente por la prensa europea, en donde proliferaban calificativos tales como antidemocráticos, usureros, irrespetuosos de los derechos de la mujer, jugadores y pretenciosos compradores de las mejores propiedades europeas.

En Junio de este año, de acuerdo a cifras suministradas por la Asociación de Expendedores de Gasolina de Inglaterra, de los Bs. 661 cobrados por cada litro de gasolina, el Fisco inglés retiene Bs. 552, al distribuidor le tocan Bs. 42 y el productor de la gasolina, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, debe conformarse con unos míseros Bs. 68, que apenas representan un 11% del precio.

Hoy cuando le reclamamos a un europeo la injusticia anterior, puede que nos oiga, pero no nos escucha, probablemente debido a la ya mencionada imagen de "bandidos de la OPEP" que tenemos, aunque no seamos “los malos” de la partida. De allí que para lograr combatir los impuestos petroleros, sea indispensable combatir antes que nada esa distorsionada imagen.

No soy publicista, pero les confieso que dentro del marco de esta campaña de cambio de imagen, me provocaría publicar en Londres, Berlín, París, Madrid, Tokio y tantos sitios más, una tabla actualizada que, comparando los Bs. 552 que cobra el Fisco con los Bs. 68 del productor, evidencie la existencia de un simulado arancel comercial discriminatorio de más del 800%. Al lado publicaría fotos alusivas a la pobreza que sufre nuestro país y terminaría por acusarlos de ser unos grandes hipócritas por cuanto, mientras se dan golpes de pecho por el libre comercio y los derechos humanos, sólo son unos vulgares petro-piratas. 

Igualmente publicaría mensajes dirigidos a los ambientalistas, quienes no son más que los tontos útiles de los petro-piratas, a quienes les dedicaría fotos de los tendidos eléctricos que construimos hasta Brasil, amenazando la reserva de oxígeno del mundo, todo cortesía de una política de impuestos al petróleo que nos tiene empobrecidos y que de seguir, quien sabe, un día puede que nos obligue a usar la selva amazónica para producir carbón.

Obligaría a los medios de comunicación a suministrar diariamente, no sólo el precio del barril a nivel del productor, sino también el cobrado a nivel de consumidor, para que el mundo pueda percatarse de que el precio promedio mundial de un barril, a nivel del consumidor, probablemente ya haya traspasado la barrera de los US$ 100. 

Para quienes pongan en duda esto, consideren que de cada barril de petróleo se puede simultáneamente obtener 84 litros de gasolina, 12 de jet fuel, 36 de gasoil, 16 de lubricantes y 12 de residuales pesados. Si apenas calculamos el valor de los 84 litros de gasolina, cuyo precio mínimo en el mundo, exceptuando los Estados Unidos, es de US$ 1 por litro, ya tendríamos $ 84 por barril. De allí que aquéllos que hace años predijeron un valor superior a US$ 100 por barril de petróleo, no estaban equivocados, sólo erraron en quiénes se quedarían con el dinero.

Mensaje para Cordiplan. La teoría del Libre Comercio se fundamenta en explotar las ventajas comparativas de cada país. A partir de 1989, Venezuela inició, con gran entusiasmo, una apertura comercial que nos ha llevado a ser uno de los países más abiertos del mundo. En el camino firmamos todos los convenios requeridos, aún aquéllos que, como los de patentes y propiedad intelectual, nos parecían más destinados a conservar las supremacías existentes, que a fomentar nuestro crecimiento económico. 

Creo que tenemos el derecho de sentirnos confundidos y decepcionados. Al accesar el mercado internacional para nuestro principal producto, el petróleo, nos hemos topado con unos aranceles disimulados del 800% y además, en muchas de las áreas donde tradicionalmente se veían ventajas comparativas, éstas parecen haberse esfumado.

Gracias a asesores, como el F.M.I., hemos renunciado a fertilizantes baratos. Para el gas, ya hemos aceptado el concepto, bastante extraño por cuanto colide con el de las ventajas comparativas, de que es preferible que éste se pierda, antes de introducir en nuestra economía la “distorsión” de cobrar un precio menor al del mercado internacional. 

A causa de las privatizaciones, destinadas más a incrementar los ingresos del Fisco, que a garantizarle servicios confiables y accesibles al usuario, hoy estamos renunciando tanto a la tradicional energía barata, como a las posibilidades de desarrollo que ofrece Internet, al limitársenos acceder al mismo por las altas tarifas telefónicas. Parece que el país, en lugar de usar sus ventajas comparativas, las estuviera vendiendo.

Para los petro-piratas, es un dolor de cabeza que algunos países mantengan los impuestos al petróleo bajos. Así, algunas de sus industrias que requieran de este insumo, pueden estar tentadas a mudarse, perdiéndose entonces fuentes de trabajo. Esta debe ser la razón por la cual se presiona sobre Venezuela para que aumente los precios de la gasolina, aún cuando, los Bs. 68 que por un litro de gasolina puesto en Londres recibe el productor, no son muy distintos al neto que recibe el país, después de gastos de distribución, de los Bs. 80 por litro de gasolina alta, puesto en El Tigre.

http://petropolitan.blogspot.com/1999/07/de-la-pobre-imagen-de-la-opep-y-de.html

La Asamblea Constituyente Sombra

 La  Asamblea  Constituyente  Sombra

Un grupo de amigos y  profesionales, no afiliados a movimientos políticos, hemos decidido configurar una Asamblea Constitutiva Sombra con 131 miembros. Su objetivo principal es evaluar la actuación de los 131 constituyentistas con el fin de producir un ranking, desde el número 1 para el mejor, hasta el 131 para el peor, sin que se permitan empates.

 

Nuestra principal motivación es la certeza de que una nueva Constitución puede traer muchos resultados favorables para el país, pero que ello depende en gran medida de la actuación individual de cada constituyentista,  la cual, a nuestro juicio, debería estar sujeta a un sistema de evaluación. En términos académicos, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser un curso donde sólo se inscriben oyentes. !No! Habrá exámenes, "quizes",  tesis de grado, nota final y acto público de graduación. No habrá premios para el más fotogénico.

 

Creemos importante la sanción civil y el que se produzca un récord histórico, sobre el cómo sus contemporáneos evaluaron la gestión.  Algo así como un pequeño “aide memoire” que, de haber existido, hubiera permitido separar, en los cuadros sobre la Declaración de Independencia, a quienes jugaron un papel fundamental, de aquéllos que sólo acudieron para quedar retratados por Juan Lovera  o que simplemente buscaban un trago.

 

Aún no se sabe exactamente cómo se efectuará la evaluación, pero nuestro grupo se adhiere a una declaración de principios que creemos, puede indicar, por lo menos para un constituyentista medianamente inteligente, cómo debe comportarse para obtener una buena puntuación con nosotros.

 

Consideramos que dado que en el día a día, nuestro país es y será administrado por políticos, la Asamblea Constituyente nos brinda una oportunidad única para que la sociedad civil limite el ámbito de acción de los políticos. Así mismo es el momento oportuno para definir las sanciones a las que estarían sujetos los políticos de incumplir con sus responsabilidades. Para ilustrar nuestros principios, damos a continuación cuatro ejemplos sobre aspectos que nos agradaría fuesen contemplados en la nueva Constitución.

 

Evaluación. Creemos inútil garantizar en la Constitución los derechos a la educación y a la salud, si  simultáneamente no se especifican las consecuencias de su incumplimiento. Se puede establecer un Comité de Evaluación Nacional, para que, en base a evaluar si en el respectivo sector ha mejorado o no la prestación de sus servicios, emita su veredicto a los treinta días después de haber finalizado la gestión del ministro de turno. El veredicto, sería publicado, a página completa en la prensa nacional, vía la emisión de unos Certificados de Patria, en una de los siguientes menciones:  Agradecimiento, Cumplimiento, Indiferencia y Reclamo.

 

Auto-promoción. La publicidad para los políticos es una droga, llegando hasta el grado de que creen que una buena publicidad es un adecuado sustituto de una buena obra. A nuestro grupo le gustaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el siguiente articulado:

 

1.         Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.

 

2.         Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.

 

3.         En toda actividad de promoción o información, e independientemente de que el origen de los fondos para su pago, sea público o privado, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.

 

Información. Aprovechando los avances de la informática y para evitar las sospechas, que alberga la sociedad civil, sobre un posible desvío de recursos (nóminas fantasmas y otras), nuestro grupo vería con interés, que se estudie la posibilidad de obligar a la creación de una base de datos central sobre las actividades gubernamentales. Dicha  base debería ser completa, exacta y accesible a todos de manera económica, actualizada en tiempo real y abarcando todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones,  municipios y cualquier otro ente oficial. So pena de prisión, se le prohibiría a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro.

 

Deuda Pública. La deuda pública, muy especialmente la externa, es uno de los principales males que agobia a nuestro país. La posibilidad de contratarla  permite que una generación de venezolanos, de manera irresponsable, llegue a adelantar su flujo de caja, imponiendo el costo de su servicio a las futuras generaciones. En el debate actual, donde con frecuencia se menciona que con la Constitución "no se va al mercado", estamos convencidos de que, de haberse limitado la capacidad de endeudamiento del país en la llamada "moribunda", hoy, todos iríamos mejor al mercado.

 

Por cuanto los recursos también actúan como drogas para los políticos y el Congreso, al final, termina en manos de ellos mismos, puede que se necesite  prohibir, de manera taxativa, el contratar deuda externa para  así lograr que los prestamistas no se atrevan a cantarle a nuestros políticos, sus cantos de sirena.