Desde muchos lados, incluyendo a Fedecámaras, se oyen solicitudes para que se imprima celeridad en los procesos de privatización de las empresas del sector eléctrico. ¡Señores, por Dios, mucha calma con eso!
La privatización del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (Seneca), bajo la dirección del Fondo de Inversiones de Venezuela, FIV, es un buen ejemplo de que del apuro sólo viene el cansancio. Hoy, la Isla de Margarita enfrenta una estructura tarifaria que no puede pagar y el inversionista de Seneca tampoco puede cobrar. La situación es dramática, hace falta un nuevo cable de suministro de energía de tierra firme o un gasoducto y no se sabe de dónde vendrán los recursos para ello.
Es absurdo que el inversionista al cual se le adjudicó Seneca, cuando presenta en público su plan de inversiones prioritarias por US$ 157 millones, tenga que aclarar que los primeros US$ 63 millones desembolsados no tenían nada que ver con la electricidad de la Isla. El único fin de tal pago fue alimentar la voracidad fiscal del gobierno central.
Es absurdo el haber privatizado Seneca sin antes haber contemplado como obligatoria la inmediata inversión en un nuevo cable submarino. Puede resultar útil y satisfactorio para la Isla el tener autonomía eléctrica e, igualmente, un acceso a gas, pero, lo que más necesita, desea y merece, como todo el resto de Venezuela, es energía hidroeléctrica económica.
No deseo implicar que el FIV haya hecho un mal trabajo, todo lo contrario. Por cuanto su objetivo debe haber sido el de maximizar el precio de venta, podemos decir que cumplió con excelencia. El error fue de quien asignó la responsabilidad de privatizar un servicio público al FIV, un ente ajeno al sector, que poco conoce cómo satisfacer los requerimientos eléctricos de la comunidad.
Por lo antes expuesto creo, que antes de proseguir con las privatizaciones eléctricas, es necesario corregir el proceso y reasignar las responsabilidades. Igualmente, para asegurar la calidad de sus resultados, debemos propiciar mayor claridad sobre algunos aspectos fundamentales, como serían los siguientes:
1. Conociendo que la energía en Venezuela, ante nada proviene del Caroní y su principal complemento es el gas, es importante fijar criterios a largo plazo relativos a cómo se distribuyen tales recursos al país y a qué precios. En estas discusiones es vital que la perspectiva del usuario esté representada.
2. Una empresa eléctrica, que puede usar hidro-electricidad, obviamente puede ofrecer una tarifa menor que aquélla que tiene que usar electricidad generada con gas o fuel oil. La oportunidad de la privatización también incide en las tarifas. Es distinto privatizar cuando el precio del barril de petróleo está en US$ 30, que cuando está en US$ 10. Lo anterior, hace obligatorio crear mecanismos compensatorios que resuelvan las posibles injusticias regionales.
3. Después de décadas de espera, finalmente existe una Ley del sector Eléctrico. ¿No sería lógico esperar un poco, hasta tener algunos de sus reglamentos, antes de otorgar concesiones cuasi-monopolísticas por 25 años?
No soy contrario a las privatizaciones, precisamente por creer en ellas es que pido calma y cordura, para tratar de evitar que todo el proceso se desacredite. Creo que sólo haciéndolo bien, tenemos la posibilidad de solventar las urgentes necesidades del sector eléctrico. En tal sentido es necesario que diferenciemos entre lo que significa privatizar negocios normales, tipo aluminio o petroquímica y privatizar servicios públicos.
Un país debe buscar que los servicios públicos sean suministrados de la manera más económica y eficiente posible para, facilitarle el desarrollo económico a los demás sectores. De allí que cuando vemos que en Venezuela las acciones más negociadas en los mercados de capitales son las del sector de los servicios públicos, nos hace pensar que alguien perdió la brújula.
Igualmente, hay que encontrarle solución al problema de la Isla de Margarita.
En la privatización de Seneca el Precio Base, por el 100%, rondaba los US$ 30 millones – o sea, éste era el precio al cual Cadafe/FIV estaban dispuestos a entregar todos los activos eléctricos de la Isla. Seneca se vendió valorada en US$ 90 millones, dando lugar a una Prima de US$ 60 millones. Al sólo haberse vendido el 70% de Seneca, concluimos que los US$ 63 Millones recibidos por Cadafe/FIV, se dividen en US$ 21 Millones como parte de precio base y US $ 42 Millones por concepto de Prima.
El origen natural de la Prima es el de haber establecido una estructura tarifaria más alta que la necesaria. Por cuanto esas tarifas habrán de ser pagadas por el usuario margariteño, bien podemos argumentar que la Prima –no le corresponde a Cadafe/FIV. ¿Calificará esto como una apropiación indebida?
Fedecámaras, debe apoyar cualquier solicitud que hagan sus representados margariteños con el fin de solicitar que Cadafe/FIV le devuelvan a la Isla los US$ 42 millones, a fin de que Margarita adquiera un nuevo cable (aéreo o submarino). Logrado esto, debe renegociar sus tarifas con los dueños de Seneca, considerando a tal fin que el inversionista es corresponsable de la situación, al no haber efectuado un adecuado proceso de due diligence.
En verdad considero que Cadafe/FIV debe reintegrar la totalidad de los US$ 63 millones recibidos, ya que los activos enajenados ya pertenecían a la Isla a cuenta de su cuota parte de la renta petrolera, fuente original para su pago.
