septiembre 21, 1999

La ausencia del quid-pro-quo en el mantener el status quo

Una inmensa porción de todo el ordenamiento jurídico económico, que hoy día rige el comercio internacional, se encuentra dirigida a garantizar los derechos de la propiedad intelectual, sean éstos marcas, patentes o de otra índole.
En principio, no hay nada malo con lo anterior, pues suena lógico y justo que quien con trabajo haya logrado generar los valores, que tales bienes intelectuales representan, ciertamente debería ver compensado sus esfuerzos. De seguro, el mundo también habrá de verse beneficiado por todas las mejoras o satisfacciones que de ahí se deriven.
No obstante, debemos recordar que hoy la propiedad intelectual no se refiere, tanto a las creaciones individuales de un Benjamin Franklin, un Shakespeare o un Mozart, sino más bien representan, en su mayoría, propiedades corporativas, resultados de esfuerzos que han requerido de un gigantesco pool de conocimientos dominados, grandes técnicas de coordinación, inmensos capitales y un tremendo poder de difusión. En tal sentido, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual en verdad estamos hablando del derecho económico del status-quo.
Que el derecho económico del status-quo impere, no tiene nada de novedoso y mucho menos estoy buscando replantear un debate en términos ya superados, como los del Norte-Sur. Lo que sí me atrevo a preguntar es si un país como Venezuela ha logrado negociar un quid-pro-quo razonable, que le justifique firmar convenios internacionales, que sin duda son de mayor interés para el mundo ya desarrollado.
Para empezar, creo que la historia económica está llena de ejemplos, que demuestran la validez de la pillería como elemento de desarrollo. Un país que se encuentra en los peldaños inferiores de su desarrollo económico y que puede derivar beneficios de robar y copiar buenas ideas o marcas, no necesariamente debería renunciar formalmente a tal opción, sin nada a cambio. 
Como ejemplo, veamos el caso de un buen padre de familia, que no tiene con qué comprarle unos jeans Calvin Klein originales a su hijo, pero que sabe que con una copia puede satisfacerle. Si la copia cuesta la quinta parte del precio original, de verdad, pocos de nosotros vacilaríamos en recomendarle, en términos criollos, que “le eche pichón”. Por supuesto, en este sentido debemos recordar, que tampoco fue invento del padre, introducir en la televisión de su hogar, la campaña pro Calvin Klein.
Si en el ejemplo anterior, en vez de pantalones estuviésemos hablando de medicinas vitales, el argumento antes indicado sería aún más contundente.
Tampoco es fácil que, a corto plazo, Venezuela pueda generar sus Bill Gates criollos pero, probablemente, de lograrlo, le sería casi imposible evitar que éstos vendan sus inventos a los capitales del mundo desarrollado y hasta se muden del país. En fin, las perspectivas de que Venezuela logre equilibrar la balanza de comercio intelectual, se vislumbran como pobres.
En los Estados Unidos hoy trabajan dos millones de salvadoreños y un millón de guatemaltecos, quienes le producen a sus países de origen, mediante remesas familiares, ingresos que superan lo obtenido por la exportación de café. No es mi intención discutir lo negociado por otros países pero, de pronto, El Salvador y Guatemala tienen un quid-pro-quo que les satisface. 
En el caso de Venezuela, nuestros negociadores internacionales parecen haberse dejado convencer por los bellos cuadros, que les han pintado de una Venezuela próspera sobre las bases del turismo, la agricultura, la industria y servicios. A mí, esto no me convence. Como mínimo y antes de seguir discutiendo, Venezuela debería exigir que a su principal producto de exportación, el petróleo, que es su ventaja comparativa por excelencia, se le dé un tratamiento justo. 
Hoy, los gobiernos de la casi todos los países del mundo desarrollado, han decidido utilizar al petróleo y sus derivados como un vehículo para cobrar impuestos. Por ejemplo, en Europa durante este año hubo ocasiones donde si bien al consumidor se le cobraban Bs. 661 por litro de gasolina, sin embargo, al productor, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, sólo se le entregaban unos míseros Bs. 68, apenas un 10% del precio. El distribuidor, por su parte, recibía 42 Bs. (un razonable 6%), mientras que el Fisco Europeo confiscaba Bs. 552, un obsceno 84%.
Los Bs.552 cobrados por el Fisco, al compararse con los Bs. 68 recibidos por el productor equivalen, para todos los fines prácticos, a un arancel comercial superior al 800%. Sin duda, de no aplicarse estos impuestos, el productor petrolero sencillamente vendería más petróleo a mejores precios. Para Venezuela, esto pudiera fácilmente significar más de US$ 15.000 millones anuales. ¡En menos de dos años pagaríamos la deuda externa total!
Hay que ver lo que en Venezuela habría que trabajar para generar vía el turismo, la agricultura, la industria y los servicios, un monto similar al antes mencionado. Y que no vengan con el cuento de que todo es para salvar a Venezuela de un amoral rentismo. La protección de la propiedad intelectual tiene el mismo origen, el defender la renta.
No hay derecho que Venezuela coopere, sin pelear, en remunerar los bienes intelectuales, fruto de ideas renovables, cuando a ella se le reconoce sólo una fracción del valor de sus activos no renovables. Por favor, antes de que sólo nos quede la opción de negociar unos cuantos millones de visas de trabajo en el extranjero a favor de nuestros ciudadanos .... ¡Vuelvan caras!



 

septiembre 10, 1999

Información global – creciente confusión

Hace aproximadamente una semana, tomé un humilde y destartalado taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad capital de un pequeño país centroamericano. Durante el viaje, el igualmente humilde taxista me dio una lección magistral sobre la globalización. Después de haberle informado de mi procedencia, preguntó en una larga fase sin aliento: “¿Ha logrado el Comandante Chávez deshacerse del Magistrado Sosa? Por cierto, ¿dónde está Venezuela exactamente? Cerca de España, ¿no?
El taxista había demostrado simultáneamente un conocimiento sorprendente sobre la política interna de Venezuela y una ignorancia casi vergonzosa sobre la geografía básica. Este incidente me impulsó a reflexionar sobre el tema de la información global. Para empezar, es evidente que cuando se habla de este tema confuso, más no es necesariamente mejor. Una mayor cantidad de información puede simplemente significar más datos irrelevantes, la mayoría de las veces a expensas de la pertinencia. Asimismo, demasiada información puede confundir las cosas y plantar tantos árboles que se vuelve imposible ver los bosques.
En Venezuela, por ejemplo, y sin entrar en detalles, sorprende ver cómo la mayoría de la nación sigue ciega a las terribles implicaciones que tienen sobre nuestro país los impuestos a los productos petroleros que cobran las naciones consumidoras.
El ejemplo mencionado hace que sea tentador establecer prioridades. Sin embargo, quiénes somos para determinar si la política interna de un país es más o menos relevante para alguien como mi taxista que la ubicación geográfica de ese mismo país. Es más, cuando lo piensas, podría ser que en un mundo globalizado, la geografía como la estudié ya no es realmente relevante.
Al observar lo rápido que crece el volumen de información, recuerdo que hace unos años sostuve la tesis de que la falta de información en realidad podría ser valiosa como promotora del desarrollo. En ocasiones, el desconocimiento de ciertos asuntos mantuvo vivo el sueño de encontrar el valle más verde.
Estos sueños son los que llevaron a los estadounidenses a invertir en Italia, a los italianos a mudarse a Venezuela y a los venezolanos a buscar trabajo en Estados Unidos. Esto generó un crecimiento económico en todos lados.
La velocidad cada vez mayor del flujo de información actual también plantea algunas dudas.
Aunque ciertamente es ventajoso asegurar que la información correcta y relevante, así como las buenas noticias, se transmitan rápidamente, también es cierto que esta misma velocidad se suele aplicar cuando se propaga información incorrecta e irrelevante, así como cuando se incrementan los volúmenes de malas noticias.
Por alguna razón no totalmente identificada, creo que el efecto de aumento de la velocidad sobre la mala información es de alguna manera mayor que sobre la buena información. Hacer las paces, por ejemplo, requiere un tiempo que a menudo no está disponible. Provocar la guerra a menudo toma solo unos segundos.
También es digno de reflexión quiénes son los creadores y receptores de información. No cabe duda de que los inversores extranjeros que más desea atraer el país son los que traen consigo una visión de largo plazo y que, por tanto, crearán muchos puestos de trabajo permanentes.
Lamentablemente, sin embargo, frecuentemente confundimos las políticas económicas que son positivas y adecuadas para el país con la información que el capital de corto plazo quiere ver. El principal motivo de esto es que son precisamente esos inversores a corto plazo los que más presionan por una información urgente y globalizada.
Como resultado de esto, a menudo vemos esquemas económicos basados ​​en altas tasas de interés, una moneda fuerte, equilibrio fiscal y puritanismo económico. Sin embargo, todo lo que los inversores a largo plazo realmente quieren y necesitan es una buena demanda interna y un tipo de cambio competitivo.
Escribo artículos, y para lograrlo utilizo con frecuencia fuentes de información que, a pesar de ofrecer mucho detalle, no son necesariamente relevantes ni completas. Mi taxista me recordó este riesgo. Puede que haya salido como un idiota en muchos de mis artículos y probablemente ni siquiera lo sepa debido a la cordial discreción de mis lectores. Si este fuera el caso, gracias. Recuerda que mi ego no es tan fuerte como el del New York Times, y si he pecado, prefiero no saberlo.

septiembre 07, 1999

La Constituyente y la deuda y los impuestos

Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Una vez sea aprobada la nueva Constitución, las aguas del río regresarán a su cauce y con ello volveremos a ver a los mismos políticos con distinto cachimbo administrando el quehacer diario del país. Es por ello que debemos aprovechar la redacción de una nueva constitución, momento en el cual la sociedad civil tiene básicamente su único chance para verdaderamente lograr reglamentar la gestión de los políticos.
De la misma manera que me ilusiono con las posibilidades de que Venezuela, con su Constitución del Milenio, logre reformas fundamentales, debo prepararme para una posible desilusión ante una Constitución, tipo más de lo mismo. Para alguien que estaba esperando una constituyente anti política, los primeros pases parecen indicar la presencia de un constituyentismo demasiado político. Ojalá esté equivocado pero, hasta la fecha, el debate poco ha tocado temas de fondo como los que siguen.
En una empresa donde, conforme a sus estatutos, los administradores (politícos) deben obtener la previa autorización de los accionistas (ciudadanos) para asumir cualquier tipo de endeudamiento, parecería existir menos riesgo de quiebra que en el caso donde el administrador esté autorizado para firmar toda clase de deudas, así sea con el único propósito de aumentar sus propios sueldos. De la misma manera funciona el país. 
Tradicionalmente se ha argumentado que la mejor vía para enfrentar los abusos es la división de poderes. Opino que esta tesis ha sido sobrevendida, por cuanto la mayoría de los integrantes de los distintos poderes pertenecen todos a la secta de administradores políticos y en tal sentido, por instinto gremial, les resulta difícil ejercer un autocontrol. 
Por lo antes expuesto, creo importante que la ANC dedique tiempo y voluntad a tratar de lograr desarrollar un articulado que, sin ahogar, impida que la Nación nuevamente se endeude y vuelva a cometer el mismo error del pasado. Hay que tener siempre presente que si no se hubiera contraído la injustificada y pesada deuda, que hoy nos agobia, con toda seguridad hoy todos iríamos mejor al supermercado. 
Igual o mayor cuidado aún debemos tener con la creatividad que suelen desplegar los políticos a la hora de inventar nuevos impuestos. Su inventiva en esa área es ilimitada y en tal sentido, basta con reflexionar cómo la sociedad, supuestamente pensante, aplaudió con entusiasmo hechos como la privatización del Sistema Eléctrico en Nueva Esparta (SENE).
El caso del SENE es un patético ejemplo, que ilustra la capacidad de generar nuevos impuestos, por cuanto a mi juicio no existen dudas acerca del hecho de que los fondos pagados al Estado por los inversionistas, constituyen impuestos anticipados, que serán soportados por varias generaciones de margariteños, quienes como consecuencia de dicha privatización deberán pagar tarifas eléctricas excesivamente altas. Otra hubiera sido la historia, si en lugar de ofrecer una estructura tarifaria tan generosa, como la usada como anzuelo para cobrar aprox. US$ 90 millones, se hubiera seleccionado a quien ofreciera estandares de servicios garantizados y tarifas más económicas.
Si yo fuera constituyentista, ante la ya anunciada amenaza de seguir con las privatizaciones de servicios públicos, trataría de darle rango consitucional al siguiente articulado: 
(a) Toda privatización de empresa de servicios públicos o el otorgamiento de una concesión para brindar estos servicios, sólo podrá incluir en los términos de adjudicación, los aspectos relevantes para ofrecerle al usuario mejores servicios a mejores precios. Se le prohibe al Estado cobrar ingresos directos por la venta de tales empresas o tales concesiones. 
(b) Se prohibe toda cláusula que pueda reforzar la naturaleza monopolística de los servicios públicos y que impida todo acceso inmediato a cualquier mejora o innovación tecnológica.” (Supongan que se invente un nuevo sistema de comunicación que permita hablar a locha la hora pero que, por existir concesiones otorgadas en base a tecnologías viejas, el país no pueda lograr estos ahorros.)
(c) Igualmente el Estado otorgará la exoneración de toda clase de impuestos a las empresas que brinden los servicios públicos antes mencionados.” (De esta manera se le evitaría a los políticos el molesto conflicto de abogar públicamente por unas tarifas bajas, cuando secretamente desean unas altas que maximizen las ganancias de la empresa y así les permitan cobrar más impuestos.)
Tradicionalmente, en Venezuela, el Estado vía la prestación de ciertos servicios públicos a menos de su costo, redistribuía algo de los ingresos petroleros. Por cuanto el Estado lamentablemente resultó ser demasiado malo como gerente, se consideró conveniente abrir espacios a la inversión privado. Por supuesto que al principio, al ver reducido su campo de acción, todos los políticos se oponían fuertemente a las privatizaciones. 
Poco a poco, ellos fueron cambiando de actitud. Su actual entusiamo se debe a que han descubierto la posibilidad de un Shangrila político, donde se quedan con todo el ingreso petrólero, transfieren todas sus responsabilidades al sector privado y encima de todo cobran por esto. Es deber ineludible de la Asamblea Nacional Constituyente asegurarse de que en la búsqueda de nuestra criolla versión de Shangrila, ésta sea para los ciudadanos y no para los políticos.



agosto 31, 1999

La responsabilidad histórica de los "expertos" petroleros.

Como país petrolero, nuestro principal problema es la creciente carga de impuestos, que los países consumidores aplican al petróleo y sus derivados y que tiene el efecto de que por cada día que pasa, como productor, nos toca menos de su valor. 
Como ejemplo observamos, que en Inglaterra, tomando los precios vigentes para Junio de 1999, de los Bs. 661 que el consumidor pagó por cada litro de gasolina, el distribuidor recibió Bs. 42, el Fisco inglés confiscó la exhorbitante suma de Bs. 552 por litro y al que suministra el producto, un activo no renovable, sólo le quedaron Bs. 68, apenas un mísero 11% del total.
Acabo de leer un artículo publicado en Julio de 1998 en la revista Middle East Economic Survey, escrito por el Dr. Paul Stevens, Profesor de Petróleo y Economía en el Centro de Legislación y Política de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee en Escocia. En él su autor sostiene que, por el sólo principio de equidad, hay que examinar muy bien a quién de verdad le debe corresponder el valor del petróleo, al gobierno de un rico país consumidor o la población de un pobre país exportador.
El Profesor Stevens indica que la negligencia de los productores, al no actuar en contra de este tipo de impuestos al consumo petrolero, tiene como consecuencia el restarle recursos a sus necesitados ciudadanos, para entregárselos a los ricos gobiernos consumidores. Su acusación no puede ser más directa cuando expresa "que la historia juzgará muy fuerte a quienes permitieron que se revirtiese la fórmula de distribución de ingresos de Robin Hood - robar al pobre para dárselo al rico".
Lo anterior equivale a una clara acusación, por traición a la Patria, en contra de todos aquéllos que, de una u otra forma, han tenido algo que ver con la industria petrolera.
Reconozco que no es lógico esperar que los asesores internacionales que utiliza el país y la industria petrolera, por iniciativa propia, formulen una advertencia sobre el problema de los impuestos al consumo del petroleo, mucho menos cuando nadie se lo pide. Es más, de preguntárseles, no sería extraño que su corazoncito de país consumidor, les impida dar una respuesta objetiva. 
Más difícil aún resulta explicar el por qué nuestros ilustres "expertos" petroleros, aquéllos que todas las semanas ocupan página tras pagina en la prensa nacional y quienes en verdad tienen una responsabilidad histórica ante el país, estén todos callando el problema. 
Una posible explicación radica en la dificultad que humanamente debe estar presente cuando una persona, que ha derivado toda su posición en la sociedad del hecho de calificar como experto, de pronto se dé cuenta que su experticia, aún cuando perfectamente válida, sólo le alcanza para ver los árboles, pero nunca para ver el bosque.
La única otra razón posible, estaría situada en el terreno especulativo de una conspiración internacional tan sofisticada que, mediante un intrincado proceso de desinformación, ha logrado ocultar la verdad durante años.
Francamente, al ver cómo los agentes del FMI recorren el mundo en su afán de mercadear los impuestos petroleros y observar cómo ciudadanos se ocultan bajo el manto del ambientalismo para justificar que, en nombre de la salvación de la tierra, sus respectivos gobiernos cobren los impuestos que nos empobrecen, lo de la teoría conspiradora no parecería tan imposible.
La desinformación sin duda que existe y su gran éxito puede que se deba a que los países consumidores, en vez de desinformar a los productores, se han dedicado a desinformar a sus propios ciudadanos. Como ejemplo notamos que, en Europa, la mayoría de los consumidores están convencidos de que los únicos culpables de los altos precios de la gasolina son los "bandidos de la OPEP", hasta el grado de considerar mentiroso a quien les informe que sus respectivos gobiernos son los verdaderos petro-rentistas del mundo, al recibir hasta ocho veces más ingreso por la venta de la gasolina que el mismo productor.
Dentro de este mismo orden de ideas, me llamaron la atención unas declaraciones aparecidas la semana pasada en la prensa de Honduras del presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, quien manifestó que "los sectores que se pronuncien en contra del alza al precio de los combustibles, si conocen de algún lugar donde se regalan esos productos, deberían decirlo al gobierno porque éste no tiene dinero para subsidiar más los carburantes". Claro está, en ese artículo no se decía nada acerca del hecho que de los US$ 0.50 que paga el consumidor en Honduras por cada litro de gasolina, el gobierno, en lugar de otorgar subsidios, cobra una modesta fortuna en impuestos.
Hace unos meses formé, junto a unos amigos, PETROPOLITAN. Se trata de una ONG cuyo propósito es informar sobre el inmenso daño que los impuestos petroleros le causan a nuestro país. He recibido apoyo de muchas partes con la sola y casi total excepción del sector de "expertos". 
Considerando, que Venezuela atraviesa por una etapa, que sin duda puede calificarse como revolucionaria, nos sentimos en el deber de apretar las tuercas en nuestro llamado a la responsabilidad. ¡Ojo pelao señores! Existen hoy Petropolitanos revisando todos los escritos y declaraciones de los expertos petroleros con el fin de verificar quién es quién en la defensa de los intereses de Venezuela.


agosto 10, 1999

La economía en época constituyente

Como de todos es sabido estamos en los inicios del período de gestación de nuestra nueva Constitución. De decidirse incluir consideraciones económicas dentro de la misma, pienso que probablemente algún economista podría aventurarse a proponer la consideración del siguiente Artículo Único:

De la economía: Por obra de la Providencia, Venezuela es, ante nada, un país petrolero, responsable de maximizar los ingresos provenientes de la venta de tales activos y de asegurar que tales proventos sean correctamente utilizados para el bien de la Nación y de las futuras generaciones de venezolanos.
Al analizar el texto anterior, los constituyentistas probablemente sólo acogerían lo relativo a la correcta utilización de los ingresos. Desgraciadamente, la identificación de Venezuela como un país petrolero, responsabilizado de maximizar los ingresos que de ahí se deriven, quizás sea considerada hasta como una impertinencia del economista. ¿Por qué? Simplemente porque en Venezuela sufrimos de esquizofrenia económica.
Tenemos un país que vive del petróleo, en donde, si hubiera mayor coherencia y voluntad para defenderlo, los venezolanos podríamos hasta vivir como reyes del petróleo. No obstante, todo discurso político y económico actual, que se respete, incluye una obligada referencia a la necesidad de liberarnos del yugo de la dependencia petrolera.
Mientras persista tal confusión, es muy difícil para Venezuela definir un rumbo que le permita un desarrollo económico. En tal sentido, el país actúa mucho como un bailarín superdotado, que abandona su sueño artístico, por una carrera profesional mediocre, al dejarse convencer de que el baile es sólo para los del otro lado.
Sostengo que la función primordial de una ANC, al redactar una nueva Carta Magna, debe se la fijación de límites de actuación a los administradores de la Constitución, es decir, a los políticos. No obstante, deseo significar que el propio proceso constituyente nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza real del país y, en especial, sobre su naturaleza económica.
En tal sentido, de sugerirse incluir la calificación de "Bolivariana" a nuestra Nación, con las buenas intenciones de fortalecer el tan necesario sentido de Patria, yo igualmente me considero con el derecho de proponer que constitucionalmente se le reconozca a Venezuela su condición de Nación Petrolera. Si es difícil lograr crear un sentido de Patria en un mundo globalizado, más aún lo es lograr generar un crecimiento económico en un país que ignora o hasta se avergüenza de su principal recurso.
Para los que consideren que estoy exagerando, someto a su consideración la siguiente lista de hechos: 
Nadie protestó cuando Florida, principal receptor de nuestro dispendioso gasto, prohibió sin razón el uso de la Orimulsión.
Tampoco se protesta cuando en Europa de los 100 que se le cobran al consumidor por la gasolina, el Fisco de allá confisca 85, el distribuidor cobra 5 y al productor, aquél que vendió un activo no renovable, sólo le quedan 10. 
Nuestros intelectuales, en lugar de sembrar un sentido de agradecimiento por el petróleo, que estimule al pueblo a exigir una rendición de cuentas por su buen uso, llegan hasta el extremo de calificarlo como "excremento del diablo". 
Nadie arrugó la frente cuando se inició la apertura petrolera, otorgándose acceso a la crucial área de extracción, por una supuesta falta de recursos y luego aparecieron mágicamente fondos para invertir en insignificantes gasolineras.
Qué poco se cuestionó que esa apertura reduciría la capacidad del país para limitar su producción petrolera y consiguientemente su poder geopolítico.
Hay días festivos para todo en Venezuela, pero ni uno dedicado al petróleo. 
Todos los constituyentistas, como venezolanos, tienen la experiencia de vivir del petróleo, pero en su seno no hay ni uno con la experiencia de vivir para él.
El pueblo sabe que existen problemas reales derivados del petróleo, entre éstos, el poco empleo que genera y el inmenso poder que, sin haber sido limitado en la Constitución, se le adjudica a quien controla la chequera petrolera. Sin embargo, me resisto a creer que, como solución, el pueblo estaría dispuesto a renunciar al ingreso petrolero. En tal sentido, el verdadero mandato económico del Soberano para la ANC, no es que el país se desentienda del petróleo, sino que el país aprenda a convivir con el petróleo. 
Si Venezuela logra combatir la tendencia, casi mundial, de gravar con exagerados impuestos a la gasolina y demás productos petroleros, nuestros ingresos aumentarían de manera astronómica.
Soy venezolano, economista, MBA y con 25 años de actividad profesional en el país, por ello me considero con derecho de enviar la siguiente reflexión económica a la ANC: Señores Constituyentistas, ¿Somos o no somos un país petrolero? Si no llegan a la conclusión de que los somos, les imploro, de rodillas, que ni mencionen la palabra economía en la nueva Constitución.



 

julio 27, 1999

De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

 De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

Mensaje para la OCI. Hace unos 25 años, durante la explosión de los precios petroleros, en las gasolineras europeas, colocaban letreros que indicaban que de dicho precio sólo una pequeña porción correspondía a impuestos, imputando los altos precios a los "bandidos" de la OPEP. Desde entonces, los miembros de la OPEP hemos tenido una mala imagen, que se ha consolidado así en el tiempo gracias a los innumerables “reportajes” negativos sobre los “Jeques de la OPEP” publicados reiteradamente por la prensa europea, en donde proliferaban calificativos tales como antidemocráticos, usureros, irrespetuosos de los derechos de la mujer, jugadores y pretenciosos compradores de las mejores propiedades europeas.
En Junio de este año, de acuerdo a cifras suministradas por la Asociación de Expendedores de Gasolina de Inglaterra, de los Bs. 661 cobrados por cada litro de gasolina, el Fisco inglés retiene Bs. 552, al distribuidor le tocan Bs. 42 y el productor de la gasolina, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, debe conformarse con unos míseros Bs. 68, que apenas representan un 11% del precio.
Hoy cuando le reclamamos a un europeo la injusticia anterior, puede que nos oiga, pero no nos escucha, probablemente debido a la ya mencionada imagen de "bandidos de la OPEP" que tenemos, aunque no seamos “los malos” de la partida. De allí que para lograr combatir los impuestos petroleros, sea indispensable combatir antes que nada esa distorsionada imagen.
No soy publicista, pero les confieso que dentro del marco de esta campaña de cambio de imagen, me provocaría publicar en Londres, Berlín, París, Madrid, Tokio y tantos sitios más, una tabla actualizada que, comparando los Bs. 552 que cobra el Fisco con los Bs. 68 del productor, evidencie la existencia de un simulado arancel comercial discriminatorio de más del 800%. Al lado publicaría fotos alusivas a la pobreza que sufre nuestro país y terminaría por acusarlos de ser unos grandes hipócritas por cuanto, mientras se dan golpes de pecho por el libre comercio y los derechos humanos, sólo son unos vulgares petro-piratas. 
Igualmente publicaría mensajes dirigidos a los ambientalistas, quienes no son más que los tontos útiles de los petro-piratas, a quienes les dedicaría fotos de los tendidos eléctricos que construimos hasta Brasil, amenazando la reserva de oxígeno del mundo, todo cortesía de una política de impuestos al petróleo que nos tiene empobrecidos y que de seguir, quien sabe, un día puede que nos obligue a usar la selva amazónica para producir carbón.
Obligaría a los medios de comunicación a suministrar diariamente, no sólo el precio del barril a nivel del productor, sino también el cobrado a nivel de consumidor, para que el mundo pueda percatarse de que el precio promedio mundial de un barril, a nivel del consumidor, probablemente ya haya traspasado la barrera de los US$ 100. 
Para quienes pongan en duda esto, consideren que de cada barril de petróleo se puede simultáneamente obtener 84 litros de gasolina, 12 de jet fuel, 36 de gasoil, 16 de lubricantes y 12 de residuales pesados. Si apenas calculamos el valor de los 84 litros de gasolina, cuyo precio mínimo en el mundo, exceptuando los Estados Unidos, es de US$ 1 por litro, ya tendríamos $ 84 por barril. De allí que aquéllos que hace años predijeron un valor superior a US$ 100 por barril de petróleo, no estaban equivocados, sólo erraron en quiénes se quedarían con el dinero.
Mensaje para Cordiplan. La teoría del Libre Comercio se fundamenta en explotar las ventajas comparativas de cada país. A partir de 1989, Venezuela inició, con gran entusiasmo, una apertura comercial que nos ha llevado a ser uno de los países más abiertos del mundo. En el camino firmamos todos los convenios requeridos, aún aquéllos que, como los de patentes y propiedad intelectual, nos parecían más destinados a conservar las supremacías existentes, que a fomentar nuestro crecimiento económico. 
Creo que tenemos el derecho de sentirnos confundidos y decepcionados. Al accesar el mercado internacional para nuestro principal producto, el petróleo, nos hemos topado con unos aranceles disimulados del 800% y además, en muchas de las áreas donde tradicionalmente se veían ventajas comparativas, éstas parecen haberse esfumado.
Gracias a asesores, como el F.M.I., hemos renunciado a fertilizantes baratos. Para el gas, ya hemos aceptado el concepto, bastante extraño por cuanto colide con el de las ventajas comparativas, de que es preferible que éste se pierda, antes de introducir en nuestra economía la “distorsión” de cobrar un precio menor al del mercado internacional. 
A causa de las privatizaciones, destinadas más a incrementar los ingresos del Fisco, que a garantizarle servicios confiables y accesibles al usuario, hoy estamos renunciando tanto a la tradicional energía barata, como a las posibilidades de desarrollo que ofrece Internet, al limitársenos acceder al mismo por las altas tarifas telefónicas. Parece que el país, en lugar de usar sus ventajas comparativas, las estuviera vendiendo.
Para los petro-piratas, es un dolor de cabeza que algunos países mantengan los impuestos al petróleo bajos. Así, algunas de sus industrias que requieran de este insumo, pueden estar tentadas a mudarse, perdiéndose entonces fuentes de trabajo. Esta debe ser la razón por la cual se presiona sobre Venezuela para que aumente los precios de la gasolina, aún cuando, los Bs. 68 que por un litro de gasolina puesto en Londres recibe el productor, no son muy distintos al neto que recibe el país, después de gastos de distribución, de los Bs. 80 por litro de gasolina alta, puesto en El Tigre.



julio 13, 1999

La Asamblea Constituyente Sombra

 La  Asamblea  Constituyente  Sombra

Un grupo de amigos y  profesionales, no afiliados a movimientos políticos, hemos decidido configurar una Asamblea Constitutiva Sombra con 131 miembros. Su objetivo principal es evaluar la actuación de los 131 constituyentistas con el fin de producir un ranking, desde el número 1 para el mejor, hasta el 131 para el peor, sin que se permitan empates.

 

Nuestra principal motivación es la certeza de que una nueva Constitución puede traer muchos resultados favorables para el país, pero que ello depende en gran medida de la actuación individual de cada constituyentista,  la cual, a nuestro juicio, debería estar sujeta a un sistema de evaluación. En términos académicos, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser un curso donde sólo se inscriben oyentes. !No! Habrá exámenes, "quizes",  tesis de grado, nota final y acto público de graduación. No habrá premios para el más fotogénico.

 

Creemos importante la sanción civil y el que se produzca un récord histórico, sobre el cómo sus contemporáneos evaluaron la gestión.  Algo así como un pequeño “aide memoire” que, de haber existido, hubiera permitido separar, en los cuadros sobre la Declaración de Independencia, a quienes jugaron un papel fundamental, de aquéllos que sólo acudieron para quedar retratados por Juan Lovera  o que simplemente buscaban un trago.

 

Aún no se sabe exactamente cómo se efectuará la evaluación, pero nuestro grupo se adhiere a una declaración de principios que creemos, puede indicar, por lo menos para un constituyentista medianamente inteligente, cómo debe comportarse para obtener una buena puntuación con nosotros.

 

Consideramos que dado que en el día a día, nuestro país es y será administrado por políticos, la Asamblea Constituyente nos brinda una oportunidad única para que la sociedad civil limite el ámbito de acción de los políticos. Así mismo es el momento oportuno para definir las sanciones a las que estarían sujetos los políticos de incumplir con sus responsabilidades. Para ilustrar nuestros principios, damos a continuación cuatro ejemplos sobre aspectos que nos agradaría fuesen contemplados en la nueva Constitución.

 

Evaluación. Creemos inútil garantizar en la Constitución los derechos a la educación y a la salud, si  simultáneamente no se especifican las consecuencias de su incumplimiento. Se puede establecer un Comité de Evaluación Nacional, para que, en base a evaluar si en el respectivo sector ha mejorado o no la prestación de sus servicios, emita su veredicto a los treinta días después de haber finalizado la gestión del ministro de turno. El veredicto, sería publicado, a página completa en la prensa nacional, vía la emisión de unos Certificados de Patria, en una de los siguientes menciones:  Agradecimiento, Cumplimiento, Indiferencia y Reclamo.

 

Auto-promoción. La publicidad para los políticos es una droga, llegando hasta el grado de que creen que una buena publicidad es un adecuado sustituto de una buena obra. A nuestro grupo le gustaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el siguiente articulado:

 

1.         Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.

 

2.         Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.

 

3.         En toda actividad de promoción o información, e independientemente de que el origen de los fondos para su pago, sea público o privado, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.

 

Información. Aprovechando los avances de la informática y para evitar las sospechas, que alberga la sociedad civil, sobre un posible desvío de recursos (nóminas fantasmas y otras), nuestro grupo vería con interés, que se estudie la posibilidad de obligar a la creación de una base de datos central sobre las actividades gubernamentales. Dicha  base debería ser completa, exacta y accesible a todos de manera económica, actualizada en tiempo real y abarcando todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones,  municipios y cualquier otro ente oficial. So pena de prisión, se le prohibiría a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro.

 

Deuda Pública. La deuda pública, muy especialmente la externa, es uno de los principales males que agobia a nuestro país. La posibilidad de contratarla  permite que una generación de venezolanos, de manera irresponsable, llegue a adelantar su flujo de caja, imponiendo el costo de su servicio a las futuras generaciones. En el debate actual, donde con frecuencia se menciona que con la Constitución "no se va al mercado", estamos convencidos de que, de haberse limitado la capacidad de endeudamiento del país en la llamada "moribunda", hoy, todos iríamos mejor al mercado.

 

Por cuanto los recursos también actúan como drogas para los políticos y el Congreso, al final, termina en manos de ellos mismos, puede que se necesite  prohibir, de manera taxativa, el contratar deuda externa para  así lograr que los prestamistas no se atrevan a cantarle a nuestros políticos, sus cantos de sirena.





junio 29, 1999

Del contrabando y el Ecotax, Pdvsa y la educación superior

 Del contrabando y el Ecotax, Pdvsa y la educación superior

Supongamos que un Presidente de Venezuela, al ser presionado por el Fondo Monetario Internacional para que resuelva el déficit fiscal, se le ocurra imponer un impuesto de venta de 3.200 dólares, a cada televisor que cuesta 400 dólares importar y 200 distribuir, llevando su precio de venta al publico a 3.800 dólares. En relación al valor de importación, este impuesto, en la práctica, equivaldría a un arancel comercial del 800% (3.200/400). 
La reforma impositiva antes indicada, podría ser justificada por nuestro Presidente alegando, no sólo el déficit fiscal, sino también, por un lado, la necesidad de disminuir la contaminación ambiental a la que están expuestos nuestros jóvenes y por otro, la violencia televisiva, indiciada como probable culpable de recientes masacres en colegios americanos.
Si en tales circunstancias, a un venezolano se le ocurriera comprar un televisor en el exterior e introducirlo en el país de contrabando: ¿Ustedes creen que el Presidente de la Sony tendría algún remordimiento de conciencia? 
Tengo frente a mí cifras proporcionadas por la Asociación de expendedores de gasolina de Inglaterra que indican, que para la semana que finalizó el 4 de Junio, el precio de la gasolina se ubicaba en Bs.661 por litro. De este monto, Bs.552 son para el Fisco inglés, Bs.42 para el distribuidor y sólo Bs.68 para el que suministra el producto. Los Bs.552 del Fisco inglés, comparados con los Bs.68 del productor, equivaldrían a un arancel comercial del 812%.
Los impuestos que el mundo aplica a los productos petroleros son, sin duda alguna, la causa directa de serios perjuicios causados al Fisco venezolano. No obstante, en la prensa venezolana de esta semana pudimos leer una nota donde se evidencia lo poco que, como país petrolero, sabemos y hacemos para defender nuestros intereses. En la noticia se expresaba la preocupación existente por el contrabando de gasolina hacia Colombia, que "ocasiona serios daños al Fisco de nuestro vecino país".
Lo anterior, me hizo recordar una estación de radio que durante los años sesenta transmitía, para frustración de los monopolios radiales europeos, desde un barco en el Canal de la Mancha. Hoy, como venezolano, al ver que en mi país hay hambre, intuitivamente siento una gran tentación de apoyar la construcción de dos estaciones de servicio flotantes PDV, una en el Canal de la Mancha y otra en el Mediterráneo, para vender gasolina, a Bs. 150 el litro, a cualquier empresario europeo con iniciativa. Tales estaciones de servicio offshore producirían una mayor rentabilidad para el país, que las que hoy sólo basan su negocio en lograr venderle cotufas al venezolano.
En todo el mundo observamos como el concepto del impuesto ecológico o Ecotax, avanza a pasos agigantados. Sus implicaciones, para un país petrolero como Venezuela, no pueden ser más graves y aún así, se ignora. 
Por tratarse de un bien no renovable, el vender petróleo es como vender activos de la Nación. Al aceptar que el valor de un bien está dado por lo que el consumidor esté dispuesto a pagar, ante la realidad actual, muy bien cabe preguntarnos: ¿Con qué derecho extraemos y vendemos gasolina aceptando recibir únicamente el 10% de su valor? ¿No aplica salvaguarda? ¿No es eso igual a vender nuestra casa y reconocerle al corredor, una comisión del 90%? 
En vista de lo anterior, sería lógico esperar que las cátedras de Derecho, Economía, Hacienda Pública, Administración y Finanzas de todas nuestras Universidades e Institutos de Estudios Superiores, estuviesen volcadas al análisis del Ecotax y que PDVSA fuera uno de los principales promotores de tales actividades. No parece ser así.
Hace algún tiempo el CIED, Centro Internacional de Educación y Desarrollo de PDVSA, ofrecía cursos en Consultoría Organizacional (Septiembre de 1998, 120 horas, Bs.1.212.000 más IVA) y sobre el valor económico agregado (26 de Mayo de 1998, 8 horas, Bs.300.000). Tal hecho nos sorprendió, por cuanto es bien conocido que institutos tales como el IESA estaban en perfecta capacidad de desarrollar este tipo de cursos.
En base al número de asistentes, seguro que los cursos del CIED fueron un éxito. Por supuesto, en el caso de CIED, no debemos medir su éxito usando sólo la variable de asistencia. El hacerlo sería equivalente a calificar como exitoso el vernisage de un joven artista, que haya logrado vender todas sus obras, a su papá. Con seguridad, PDVSA habrá mandado a sus ejecutivos, como también muchas empresas, que aprovecharon para enviar los suyos, probablemente para lograr un "acercamiento" a los de la Industria petrolera. 
Vivimos la época del outsourcing y PDVSA debería evitar las tentaciones de adentrarse en campos, que no son de su directa incumbencia. Zapatero a sus zapatos. De esta manera, se le podría permitir a instituciones serias y con trayectoria ver en PDVSA un apoyo, en lugar de un competidor con bolsillos muy profundos. Como contrapartida, la Academia existente podría comprometerse con PDVSA en profundizar en materias de importancia para el país. Entre éstas, la relacionada con los impuestos ecológicos. 
Quizás así, también la Universidad Central de Venezuela, por todos los billones invertidos en ella, tenga algo más importante que mostrar en la publicidad que emplea para justificar su existencia, que el desarrollo de la tinta indeleble usada para las elecciones, que por cierto, a juzgar por el reciente proceso electoral, ya pasó a la historia.

junio 15, 1999

Hablemos sobre la publicidad oficial y la anorexia cambiaria

Hablemos sobre la publicidad oficial y la anorexia cambiaria
Si los constituyentistas de la época en que se redactaron las Constituciones, que actualmente inspiran a las del mundo occidental, hubiesen tenido noción de la importancia de la publicidad y entendido su irresistible tentación para un político, con toda seguridad habrían establecido todo tipo de limitantes a la misma.
La publicidad es para un político, como la droga para un drogadicto, no puede vivir si ella. En épocas normales, bajo una Constitución plenamente vigente la Nación es administrada por los políticos. De allí que resultaría por lo tanto imposible, como pedirle peras al olmo, solicitar de esos mismos políticos, el que generen una autorregulación efectiva en materia publicitaria.
En una Constituyente, al haber mayor posibilidad de una cierta representación apolítica, sería la oportunidad, casi única, para introducir las limitaciones a los políticos que la sociedad civil crea necesarias.
¿Qué limitaciones se pueden proponer? Antes de responder, sería útil ilustrar lo que se quiere evitar. Los siguientes son sólo algunos ejemplos, aunque, claro está, que seguramente los lectores tendrán su propia lista.
El hecho de que para “inaugurar” un pequeño espacio "verde" de 12 m2 con unas maticas, se contraten toldos, sillas, equipo de sonido, obsequio y demás material promocional, evidencia un absoluto irrespeto con el ciudadano. 
Seguramente muchos habrán observado, al pasar por alguna autopista, cuadrillas de obreros que efectivamente están realizando un buen trabajo de limpieza y mantenimiento de la vía, a quienes lamentablemente, se les obliga a llevar a cuestas, como una cruz, un cartelón que pesa más que su equipo de trabajo y que sólo cumple una función promocional.
Vemos por todo el país tantos cartelones que anuncian, con nombre y apellido del funcionario de turno, el cumplimiento o supuesto cumplimiento del deber, del Presidente, Ministro, Gobernador y Alcalde. Todos estos anuncios, seguramente costosos, sólo sirven para recordarnos del por qué no somos políticos. Por simple educación, a nosotros se nos caería la cara de vergüenza.
Para evitar abusos como los antes expresados, a mí me encantaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el articulado siguiente:
1. Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.
2. Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.
3. En toda actividad que pueda ser calificada como de promoción, publicidad o información, e independientemente del origen de los fondos para su pago, sean éstos públicos o privados, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.
En la medida en que en nuestra próxima Constitución logremos introducir algún tipo de limitación a la descarada autopromoción de los políticos de turno, en esa misma medida podremos decir que hemos logrado una Constitución nueva, con posibilidades reales de producir resultados. Sólo así podremos tener, al menos la esperanza, de que los políticos del futuro tengan que dedicarse a lograr verdaderos frutos de su gestión, en lugar de gastar recursos y tiempo tratando de vendernos frutos imaginarios. ¿Les parece poco? ¡Sólo esto casi justificaría a la Constituyente!

Otro asunto distinto. Una respetuosa pregunta al Sr. Presidente. Sólo para mi archivo histórico.
La tasa del bolívar contra el dólar debería estar en 900, pero se encuentra en 600. Como resultado de ello, un hotel al convertir los 40 dólares que obtiene de un turista, recibe, en vez de Bs. 36.000 sólo 24.000 y quiebra. Si trata obtener los Bs. 36.000 debe cobrar 60 dólares, entonces los turistas se van a otro destino y quiebra. El desastre afecta a todos. Hoy leímos de una pequeña planta de yeso que tuvo que cerrar por cuanto es más barato importar yeso de España. Hasta los postgrados (los pagados, no los regalados) salen mas baratos en el exterior. Es cierto que una devaluación, por si sola, no remedia nada, pero ya creo mas que suficiente, la evidencia que la anorexia cambiaria si mata
No tengo la menor duda de que si yo estuviera responsabilizado por la política económica del país y tuviera que enfrentar una incertidumbre en materia cambiaria, de pecar, siempre, siempre, lo preferiría hacer a favor del productor nacional y no del extranjero. Por cuanto, al revisar mis archivos y encontrar que la primera fecha, en que me coloqué de rodillas rogando por un mayor ritmo de devaluación, fue en Julio del 98 y desde ese entonces, lo he pedido a gritos, “sopotocientas” veces, sé, que a mí no me hicieron caso.
Sr. Presidente: ¿Quién fue?¿Quién fue que lo convenció de seguir con la política cambiaria del Dr. Kevorkian? ¿Fue Casas? ¿Fue Natera? ¿Fue el Fondo Monetario Internacional? ¿Fue un militar? ¿Fue Kelly? ¿Fue Alfaro? ¿Fue Emeterio? ¿Quién fue? ¿No se recuerda? - Con respeto, le recomiendo hacer memoria - Muchos otros se lo van a preguntar….. y muy pronto.



junio 01, 1999

¿Acaso somos de una desconocida secta protestante?

Como ciudadano de una nación indiscutiblemente petrolera, siento que, ante los padres de la Patria y las generaciones que nos habrán de seguir, tenemos una doble responsabilidad. La primera, que los ingresos recibidos por el petróleo no sean malgastados. Esta responsabilidad, aún cuando evidentemente incumplida, en general es ampliamente compartida y pregonada sobre la base de la siembra del petróleo. La segunda responsabilidad, frecuentemente ignorada, es la de asegurar que el país reciba el máximo posible por cada barril de producto no renovable que extraiga. 
Los que me han leído últimamente saben que sostengo una campaña en contra de los impuestos a la gasolina en el mundo, los cuales, actuando como unos aranceles discriminatorios, impiden que un país petrolero perciba su verdadero contravalor. Efectivamente, cuando un consumidor en Europa cancela, digamos 100 Euros comprando gasolina, el país petrolero recibe sólo unos 10 Euros de tal precio, mientras que, el fisco del país consumidor, a cuenta de nada, se queda con 85 Euros. La diferencia de 5 Euros básicamente cubre el costo de distribución.
Que el petrolero se conforme con quedarse con solo el 10% del valor, sin pelear a muerte tal injusticia, me resulta incomprensible y me recuerda el cuento de la divorciada que vendió el Mercedes Benz en un bolívar con el fin de que al ex-marido le tocase lo menos posible. Lo triste de la historia es que en este caso, el marido a castigar, resulta ser nuestro propio país.
Mi campaña contra los impuestos al petróleo, la llevo a cabo a través de una Asociación Civil sin fines de lucro, que formé junto a un grupo de amigos, denominada Venezuela Nación Petrolera A.C., también conocida como “PETROPOLITAN”, que ya ha comenzado a recibir muchas muestras de apoyo. 
No obstante lo anterior, con frecuencia tengo necesidad de encontrarle respuesta a la interrogante del por qué el país entero, no se ha volcado a reclamar lo que probablemente representa su principal problema económico. No debemos olvidar, que de lograr que el mundo limite o incluso llegue a eliminar en un 100% sus impuestos al petróleo, con seguridad habría tal aumento en la demanda y el consiguiente impacto en el precio del petróleo, que no sería irracional hablar de ingresos adicionales para Venezuela en el orden de los US$ 10.000 millones anuales.
Existe una inmensa lista razones, que podríamos considerar como probables causantes de nuestra apatía, a algunas de las cuales me referiré a continuación. Encabezando la lista encontramos a la misma sorpresa que la tesis causa, que lo único que hace es retardar cualquier acción que se quiera emprender. Evidencia de ello, es el hecho de que seguramente muchos de mis lectores se preguntan : “¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? Déjenme pensar un rato para ver en dónde Kurowski se equivoca en su análisis.”
Una de las razones, por las cuales creo que los productores nos hemos dejado pasar tal “strike”, es porque los impuestos al presentarse, inclusive en la literatura de la OPEP, como en el orden del 70% al 85%, no suenan exagerados, especialmente si se toma en cuenta que, con frecuencia, en Europa existen impuestos sobre la renta que, en términos marginales, superan el 50%. Es sólo cuando se analizan, como yo propongo, los impuestos en términos de tarifas comerciales, que el verdadero impacto se hace notorio. El fisco recibe 85 y el productor 10, esto apunta a la existencia de un arancel obscenamente alto del 850%.
Otra razón que encontramos en la lista negra, es la ignorancia que hay, a nivel general, acerca de la existencia de las nuevas posibilidades de reclamos comerciales que brinda el mundo. Hace algunos años, de querer introducir una querella comercial, casi había que montarle cacería, en el lobby del hotel del país anfitrión, a los delegados comerciales que estuvieran participando en la "Ronda de Acuerdos" del momento. Hoy en día, existe la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiene personalidad jurídica propia y no está escondida, sino que funciona en una sede, a donde las naciones pueden introducir sus reclamos.
Pero creo, que ante nada, lo que más pesa sobre todos nosotros, por lo menos en el debate público económico del país, es una extraña concepción, de origen algo similar a lo que se conoce como la ética de trabajo protestante, que nos lleva a creer; que el ingreso petrolero, por cuanto no proviene del sudor de nuestra frente, no es un ingreso honorable; que el petróleo es el culpable del modelo rentista que nos tiene acabados como país y que, finalmente, considera al petróleo como al excremento del diablo.
No debemos pasar por alto tampoco, hechos que a simple vista evidencian cómo la sociedad entera, quizás hasta con pena, parece ignorar el petróleo. ¿Nunca se han preguntado el por qué entre tantos días de fiesta no hay ni uno sólo dedicado a celebrar el petróleo? Igualmente, si se toman la molestia de revisar cualquier libro de educación primaria, podrán constatar que poco se enseña sobre el petróleo y hasta en Misa, no recuerdo nunca haber oído a un sacerdote agradecer a Dios, en nuestro nombre, por haber bendecido al país con la riqueza petrolera y donde a la vez se le solicite perdón por no haber administrado bien esos “talentos”. 
Con todos estos antecedentes ¿Quién ha de sorprenderse de que no sepamos defender nuestro petróleo?
Aún cuando fielmente voy a Misa cada domingo acompañando a mi esposa e hijas, soy protestante y como tal, déjenme asegurarles, que si a alguien se le ocurriera extraer de un país protestante un recurso mineral no renovable y como contrapartida sólo se les compensara con el 10% del valor de tal mineral, el mundo estaría enfrentándose a una nueva guerra mundial.