enero 18, 2001

Con licencia para intimidar

El Estado venezolano aparentemente le ha concedido licencia a unos abogados para que, cual Sheriff de Nottingham, anden por ahí intimidando a la gente al pago de unas rentas monopolísticas a Microsoft y otros productores de software. Su forma de actuar, amenazando con penas de cárcel a quien use un software copiado y enviando sus misivas en época de Navidad, para cobrar unos jugosos honorarios, se asemeja a la de unos simples mercenarios, tratando de cuadrar su rectangular hallaca.
En 1983, empecé usando Wordstar como programa de procesamiento de palabras. A los pocos años el mercado movió (cual queso) la frontera y tuve que migrar al Wordperfect. A mediados de los 90 no me quedó más remedio que cambiar nuevamente, esta vez al Word de Microsoft. Hoy soy un feliz usuario de ese programa y Bill Gates, la persona más rica del mundo. 
Pero la frontera se sigue moviendo, no tanto por el mercado, sino por la costumbre de Microsoft de sacar nuevas versiones que le permitan cobrar otra vez su peaje. Y...¡pobre del que se quede atrás! Los libros de instrucción para las viejas versiones desaparecen, la incompatibilidad crece y ¿qué consultor se atrevería a enviar una propuesta de trabajo a un ente multinacional en Word 97 en lugar de Word 2000?
El éxito financiero de Microsoft se basa, además, en que logra vender en 700 dólares un software cuyo costo variable no excede de 3 dólares. Lo anterior se debe en parte a sus derechos de propiedad intelectual, pero ante nada, por la manera abusiva de cómo ejerce un monopolio. Esto último, no sólo lo digo yo, en los Estados Unidos así lo han determinado los tribunales de ese país. 
Es por ello que hoy invoco el artículo 113 de la Constitución, que reiteradamente obliga al Estado a adoptar medidas para evitar el abuso de la posición de dominio, para solicitarle a nuestras autoridades que revoquen las licencias para intimidar, emitidas a favor de los agentes de Microsoft. Si esa empresa desea que en Venezuela se le protejan sus “derechos”, debe cumplir con lo siguiente:
· No aprovechar su posición de dominio y ajustar sus precios a la capacidad económica del mercado local. Dada la diferencia en los ingresos per capita, la protección real otorgada a Microsoft en Venezuela, supera ampliamente a la que recibe en su propio país.
· Como alternativa y por cuanto la protección de un derecho intelectual no puede significar un derecho a discriminar, todo usuario, por pequeño que sea, debe tener el derecho a comprar el software al mejor precio, tal como los que son ofertados por Microsoft a los fabricantes de computadoras. 
Conocemos asimismo que de no existir los impuestos de más del 400%, que los países consumidores le aplican discriminatoriamente al petróleo, se vendería un mayor volumen a mejores precios. Por lo tanto, mientras los modernos Francis Drake´s fiscalistas naveguen por nuestro mar petrolero, considero además que nuestros ciudadanos también tienen el derecho de, bajo ciertas circunstancias, poder darle un SI a la piratería.
Amigo intimidador, cuando quiera, en el corral que usted elija, le armo un computador con un software 100% pirata pero funcional y lo reto a que con sus tropas me la confisque, advirtiéndole al juez que en ella guardo, con derecho a la confidencialidad, propiedad intelectual mucho más valiosa que la suya.
El Universal, 18 de enero de 2001