Tocando las puertas del próximo milenio, es indiscutible que el mundo del Internet, red o web, como quiera llamársele, se vislumbra, en todas sus facetas: comunicación, información y comercio, como uno de los elementos más importantes para sustentar las expectativas de desarrollo de un país. De la manera como se regule, dependerán nuestras posibilidades para aprovecharlo.
Hoy, cuando en Venezuela observamos la posibilidad de una nueva Ley de Telecomunicaciones y próximamente enfrentaremos el (ansiado) final del período monopolístico de la CANTV, sin duda nos encontramos ante una encrucijada. En nombre del usuario, frecuentemente ausente en la toma de decisiones, deseo plantear de manera algo cruda la problemática presente.
De un lado, se encuentra todo el universo de jóvenes venezolanos, futuros empresarios, profesionales y obreros calificados, para quienes un acceso eficiente y gratuito a la red pudiese, con toda seguridad, significar mucho más que una Fedecámaras, una Universidad y un INCE, por representativos, buenos y eficientes que estos entes puedan ser.
Del otro lado, encontramos aquéllos para los cuales la posibilidad del cobro de un peaje por el acceso a la red conforma el negocio principal. Me explico.
Si el derecho de proveer el acceso a la red, la concesión, se otorga de manera gratuita, lo único que hay que asegurar, en materia tarifaria, es que éstas cubran los costos operacionales, la recuperación de la inversión directa y la generación de un cierto margen que incentive proveer al usuario del mejor servicio posible.
Pero, y como ha sido costumbre en nuestro país, si por el derecho de proveer el servicio, la concesión, el Fisco desea cobrar una gigantesca prima, a las tarifas anteriores, habrá que añadirle las exigencias de rendimiento que la misma prima genera.
Por cuanto es obvio que el usuario desea pagar lo menos posible y la empresa de comunicaciones no tiene un interés intrínseco de invertir más de lo necesario, resulta claro que los únicos beneficiados del esquema basado en captar una prima alta son el Fisco, los bancos que mercadean oportunidades de inversión y los capitales ávidos por rendimientos.
¿Qué puede hacer un usuario para defenderse de estas primas? En mi opinión, la única posibilidad que tenemos, es descubrirle el juego a los actores.
Las primas son, en todo el sentido de la palabra, impuestos entregados al Fisco por adelantado y que serán pagados a través de la aplicación de tarifas más altas que las necesarias, durante toda la vigencia de la concesión.
De igual manera, podemos sostener que las primas equivalen a una deuda que contrae el Fisco ya que éste gasta (malgasta) los fondos y deja que el contribuyente sirva la deuda. Por supuesto, debemos hacer caso omiso a los débiles de mente que sostienen que en este caso no se trata de una deuda por cuanto, si no usamos la comunicación, no la tenemos que pagar.
La prima que recarga la inversión necesaria, especialmente cuando el país atraviesa dificultades con un limitado acceso a capitales, con frecuencia resulta financiada en mercados marginales, que presentan exageradas expectativas de retorno.
Igualmente, debemos aceptar que el Estado, siempre falto de recursos fiscales, simplemente no puede, por conflicto de intereses, cumplir de manera adecuada con el rol de representar o defender los intereses del usuario. En este contexto es indispensable para la sociedad civil imponer la figura del Ombudsman, de manera voluntaria o vía la Constituyente.
Debemos hacer algo urgentemente, por cuanto las recientes experiencias privatizadoras (de servicios públicos) no parecen favorecer a los usuarios. Basta citar, a título de ejemplo, el caso de la CANTV y el de la privatización eléctrica en Margarita. En el primero, sabemos que la CANTV se vendió sobre la base de generar altos ingresos para el Fisco y en cuanto a Margarita, ya los margariteños conocen que el precio por el “éxito” de la venta de la concesión eléctrica, no es otro que tarifas altas.
El bien que un Ombudsman capaz puede hacer es grande. Como ejemplo y seguramente para frustración de los usuarios de celulares en Venezuela, me permito mencionar el caso de Israel, en donde las tarifas son 10 veces menos que en Venezuela. ¿La explicación? En ese país le otorgaron la concesión al que más líneas y menor tarifas ofreció. En Venezuela, al que más le pagó al Fisco.
Lo que sí es cierto es que El Defensor, el Ombudsman o como quiera que lo llamen, obligatoriamente debe provenir de un sector no tradicional. Aquellos representantes del sector privado o de los usuarios, que se dedicaron a aplaudir la “maravillosa” operación de la CANTV y los que hoy lloran (con razón) las posibilidades de que a Margarita le impongan un IVA, pero ayer aceptaron sin quejas una hipoteca eléctrica sobre la Isla, para remitirle al Gobierno Central una prima por millones de dólares, se encuentran descalificados para ocupar tal cargo.
Por Dios. No le robemos a nuestros jóvenes la posibilidad de tener un acceso lo más libre posible a la red. Si hay que cobrar impuestos, encontremos una manera menos regresiva para el futuro del país. Si no protestamos hoy, el día de mañana, algún genio, con la bendición de ese moderno Sheriff de Nothingham, el Fondo Monetario Internacional, se le ocurrirá la posibilidad de que el Gobierno venda una concesión de aire puro – oxígeno. ¿Cuántos recursos no se levantarían al considerar lo que el consumidor pagaría por respirar?
Economía Hoy 20 de abril de 1999
