abril 25, 2000

Más que el derecho a la propiedad, lo que importa es su defensa.

El 9 de Abril, en un artículo titulado "Sin propiedad sobreviene la barbarie", el Dr. Hugo Faría fustigó a Venezuela por violar los derechos de propiedad, atribuyéndole el "estancamiento crónico en que se encuentra la economía venezolana, particularmente desde 1980", y recomendando fortalecer el Estado de Derecho, en especial la protección a la propiedad privada.
En su lista de violaciones incluye las tradicionales como la inflación, la inseguridad personal y la invasión de terrenos. De igual forma incluye a otras, de naturaleza más discutible, tales como, por el lado del gobierno: los impuestos y los controles de precios (la gasolina) y, por el lado del sector privado: los intereses preferenciales para el sector agrícola y la protección comercial. A título de ejemplo, trae el caso de Sidor, que pide gravar la importación de los productos que fabrica en el país con un arancel del 40%. 
El artículo in comento pudiera considerarse, en lo que respecta a los puntos antes mencionados, como otra respetable contribución de un calificado académico, al debate económico venezolano. Personalmente, yo también le hubiera asignado mucha culpa de la actual recesión a los nuevos impuestos creados durante la ultima década, especialmente por su carácter regresivo. No obstante, también hubiese resaltado la importancia de otros factores distintos a los mencionados, como causantes de nuestra penumbra económica, entre éstos, la manera tan ingenua como Venezuela se ha creído los cantos de sirena de la globalización y la manera tan infantil como ha negociado su incorporación a ese mundo. Soy un convencido de que la globalización – por la intensidad de las relaciones internacionales que crea – tanto en el ámbito comercial como en otros – requiere, más que nunca, que el país sepa unirse en la defensa de sus intereses. De allí que cuando el Dr. Faría, en la última parte de su artículo exalta a Inglaterra, obviamente con el objetivo de compararla con una horrible Venezuela, y expone cómo los países de habla inglesa han logrado colmar "a su población de unos niveles salvajes de riqueza, como consecuencia, en buena medida de haber heredado el sistema judicial inglés con su profundo respeto por la propiedad privada, sin la cual sólo existe la barbarie" - siento que debo protestar, porque el Dr. Faría, al igual que lo han hecho muchos, al exagerar hasta el ridículo las bondades de los demás, pierde la perspectiva y se olvida de que lo más importante es defender ante nada nuestros propios intereses. 
Indiscutiblemente que se debe respetar la propiedad, pero esto empieza por generar la voluntad de defenderla y de hacerla respetar. En este último sentido, tenemos mucho que aprender de Inglaterra, pero, desde una perspectiva muy distinta a la sugerida por el Dr. Faría.
Según datos extraídos del "World Oil Trends 1999” publicado por Arthur Andersen y Cambridge Energy Research Associates, el índice de precios de petróleo crudo que en 1980 se situaba en 100%, para fines de 1998 había caído al 18%. Durante esos mismos años, en Inglaterra el Indice para los productos petroleros a nivel detallista - es decir a nivel del consumidor, de un 100% en 1980 subía a un 247% en 1998.
Ustedes se seguramente se preguntarán que cómo es esto posible. Pues bien, mientras parte de nuestros intelectuales de la economía, estaban ocupados protestando los bajos precios de la gasolina en Venezuela y estudiando el respeto inglés a la propiedad inglesa, Inglaterra estaba ocupada elevando los impuestos a los productos petroleros y, para todos los fines prácticos, irrespetando nuestra propiedad. 
Los impuestos ad-valorem que se aplican a la gasolina en Inglaterra y que ya para 1980 se ubicaban en un altísimo 85%, alcanzaron en 1998 un absurdo 456%. Sin tales impuestos, que se aplican de manera discriminatoria a los productos petroleros y nunca al carbón y otras fuentes energéticas, tanto la demanda mundial como los precios del petróleo serían más altos y las circunstancias económicas de nuestro país sin duda mejores.
Igualmente, en política cambiaria hemos oído durante años el predicar de una ética económica digna de un culto de suicidas. Aceptando lo difícil de manejar la materia cambiaria, la ética me obliga a creer que si hemos de errar, esto siempre, SIEMPRE, debe ser a favor de la actividad interna. Una sobrevaluación cambiaria (creada en pocos años), que ha destruido la propiedad de una serie de empresas creadoras de fuentes de empleo, jamás hubiese sido permitida en Inglaterra. Solicitar una protección del 40%, en un país con su moneda sobrevaluada en un 50%, debe ser francamente pecata minuta comparado con un 456%.
Hace poco el gobierno inglés, después de su privatización eléctrica, observó que la industria producía demasiadas ganancias y creó un impuesto especial, que confiscó unos cuantos miles de millones de dólares. Ya quisiera yo oír la opinión del Dr. Faría si esto hubiese ocurrido en Venezuela.
El Dr. Faría también menciona entre las violaciones, a la “piratería” que ocurre en Venezuela, por ejemplo con respecto a programas informáticos, dándonos a entender que para rescatar nuestra economía, debemos cumplir los convenios que le permiten a las naciones desarrolladas, a contratar bufetes y jueces para cobrarnos localmente sus derechos. Para reforzar su argumento cita al premio Nobel, Douglas North, quien sostiene que el desarrollo en Inglaterra de los derechos de propiedad intelectual fue el factor detonante de la Revolución Industrial. 
A mi manera de ver y por cuanto países como Inglaterra son dueños de la abrumadora mayoría de marcas y patentes (activos renovables mientras el hombre exista), tales convenios solo conforman un excelente ejemplo de cómo los países desarrollan armas para defender lo suyo. A un venezolano, sin patentes y sin marcas, por el contrario, sólo le toca oponerse a tales convenios, por lo menos mientras que no eliminen los impuestos al petróleo (activo no renovable).
Al próximo que nos sugiera que bajemos nuestra guardia a cuenta de que los demás son tan respetuosos, le recomiendo pasar por el British Museum y admirar todas la obras griegas, egipcias y demás reliquias arquitectónicas, hoy propiedad, PROPIEDAD, del Reino Inglés.
Sólo he mencionado Inglaterra como ejemplo, el resto del mundo es igual. Un agricultor francés, responsable por destrozar las vidrieras propiedad del McDonald's en París, el mismo día que salió de la cárcel recibió del Gobierno Francés, sus credenciales oficiales para asistir a las reuniones de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, para defender las ineficiencias de las propiedades agrícolas francesas.


 



 

abril 11, 2000

Oportunidades y nubarrones en el sector eléctrico

En Septiembre de 1998, finalizando el gobierno anterior, el país fue testigo de la venta de Seneca y, con ello, de la privatización de la electricidad en Margarita. Por la venta de unos cachivaches eléctricos, de una concesión eléctrica por 50 años, que incluye períodos de exclusividad monopolística (10 años), más finalmente una estructura tarifaria altamente onerosa para el consumidor, se pagó, por el 70%, la fabulosa cifra de 63 millones de dólares.
Con tales dólares fácilmente se podría haber provisto a la Isla con un nuevo cable submarino (o quizás hasta con dos, por las nuevas tecnologías) y Margarita, como el resto de Venezuela, tendría acceso a la fuerza energética del Bajo Caroní. Alternativamente, podrían haber llevado el gas a la Isla. Nada de esto ocurrió, ya que prácticamente todo el dinero fue a parar a Caracas, nada de éste se invirtió en la electricidad de Margarita y hoy la Isla, en vez de hidro o gas, tiene que usar petróleo. ¡Qué bochorno!
La explicación de lo anterior radica en el fanatismo privatizador que arropó a las autoridades anteriores, llevándolos hasta el grado de buscar vender a toda costa sin siquiera contar, ni con una Ley Eléctrica, ni con un modelo económico para guiar al sector, ni con un ente Regulatorio lo suficientemente capacitado y fuerte como para dominar monopolios. El colmo fue, que para asegurarse de que nadie se echase para atrás, en la Ley de Privatizaciones de 1996 se le prohibió al sector eléctrico público acometer cualquier inversión nueva con deudas, lo cual hoy ha tenido como resultado el que presenciemos un sector eléctrico, muerto de sed por urgentes necesidades de inversión.
El país, por suerte, cuenta ya desde Septiembre de 1999 con una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permitirá a la Nación, en un plazo que estimo de dos años como máximo, estar en capacidad para retomar la senda de buscar introducir nuevas eficiencias y recursos al sector, buscando nuevas formas de propiedad. Esta vez, sin producir las aberraciones de un Seneca.
Soy un ferviente defensor de la participación del sector privado en la economía y, en tal sentido, deseo dejar claro, que al sugerir la búsqueda de nuevas formas de propiedad, ello en forma alguna pretende excluir o disminuir el rol de una privatización tradicional.
No obstante, cuando nos referimos a los servicios públicos con características de monopolio, en los cuales se presentan limitaciones al libre funcionamiento del mercado, es importante analizar otras alternativas distintas a las de sólo hacer una venta a un ente privado, obligándolo a enfrentarse ulteriormente a un continuo choque con las autoridades regulatorias.
En la actual coyuntura del sector eléctrico y del país, la creación de cooperativas o entes públicos descentralizados o la implementación de contratos de servicio privados para la gestión operativa son alternativas perfectamente válidas. Es más, sólo en la medida de que tales alternativas resulten descartadas, como consecuencia de un proceso justo y abierto, estaríamos creando las condiciones para lograr legitimar una privatización directa.
No debemos olvidar, al menos en el caso de la distribución eléctrica que si queremos tener la posibilidad de eliminar algunos de los males de los que adolece ese sector, tales como el robo de electricidad y la falta de pagos, es muy importante lograr la aceptación y la credibilidad de la comunidad.
Claro está, de la misma manera que siento una ilusión ante las posibilidades que tenemos de mejorar el servicio eléctrico en Venezuela, haciéndolo corresponder a la realidad de ser un país energéticamente bendecido, estoy consciente de que existen ciertos nubarrones a corto plazo, que el gobierno debe enfrentar con serenidad y firmeza.
Entre esos problemas obviamente destaca la urgencia de acometer cuantiosas inversiones, que simplemente no pueden esperar un desenlace estructural. No podemos darnos el lujo de esperar que se concluya la reestructuración, pero ello no justifica que por la sola necesidad de levantar recursos, nos lancemos al vacío a la búsqueda de otra Seneca, ello sería lastimoso. Obviamente que la pregunta que estaría entonces sobre el tapete sería ¿De dónde vamos a obtener los recursos?
Existen varias alternativas, entre las cuales la misma privatización indiscutiblemente que puede ser una de ellas, siempre y cuando se la limite al sector de la generación, área en la cual, el día de mañana habrá suficiente competencia para evitar los riesgos de crear distorsiones monopólicas.
Otra opción, que parece interesante, aún cuando probablemente muchos la pudieran ver con recelo, o hasta con envidia, sería la de darle un uso racional a los recursos del Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM). Si ese Fondo le prestase al sector eléctrico público un monto cercano a los 500 millones de dólares, por un plazo holgado de 3 a 4 años, estoy seguro de que el sector eléctrico público estaría en capacidad de devolver ese préstamo al FIEM, con fondos provenientes de la reestructuración, cancelando incluso intereses similares a los pagados a las multilaterales, más una interesante prima de éxito, digamos el 20%, que hasta quizás se pagaría por sí sola, al considerar la mayor ganancia que se podría obtener por ejecutar el proceso con orden, pero sin prisa.
Otro de los problemas existentes se deriva de la manera como está estructurado el servicio eléctrico público. Habida cuenta de que quien tiene la responsabilidad de reestructurar el sector eléctrico es el Estado venezolano, poco debería importar, que por diversas circunstancias históricas, los activos eléctricos se encuentren repartidos en una diversidad de entes o empresas. Lamentablemente, sabemos que no es así. Un número importante de pequeños intereses egoísticos, crearán obstáculos a la racionalidad del proceso. No obstante, soy optimista y creo que la lógica habrá de prevalecer.
Publicado en Economía Hoy el 11 de Abril de 2000