Se necesitan créditos a largo plazo...¡ya!

Antes de que termine por atrofiarse, es indispensable reactivar la economía venezolana. Tradicionalmente, una de las maneras de lograr tal reactivación, ha sido estimulando el sector de la construcción. Hoy, sin encontrar una manera de proveer créditos a largo plazo, accesibles y racionales, esto parece un reto imposible.

Actualmente, si alguien ofrece en Venezuela un préstamo a 25 años, pagadero a la tasa vigente, observamos que, al ser analizado en términos reales, tal préstamo, lamentablemente, no constituiría un verdadero crédito a largo plazo. De la manera mas sencilla posible, trataremos de explicar, a continuación, ésta afirmación.

Para nuestro ejemplo, supongamos que una joven pareja de profesionales desea adquirir un apartamento, a cuyo fin requiere de un préstamo por Bs. 30 millones. Dicho monto, a una tasa estimada de Bs.600/US$, equivale a 50.000 dólares.

Si en Venezuela no tuviéramos inflación, probablemente nuestras tasas de interés serían similares a las de los Estados Unidos, lo cual nos permitiría financiar viviendas a una tasa de, quizás, un 10%. Al 10%, en 25 años y por un crédito de 30 millones, nuestra pareja debería pagar Bs. 272.600 mensuales. 

Con el sistema de cuotas iguales y consecutivas, que implica el pago de más intereses y menos amortización al inicio, la pareja tendría, a finales del primer año, un saldo deudor de aproximadamente Bs. 29.715.000. Como para este caso suponemos que no hay inflación, el Bolívar, entonces, tampoco tendría por qué devaluarse. A una tasa de Bs.600/US$, su saldo equivaldría a unos 49.530 dólares.

Ahora bien, en el supuesto de que exista inflación, la misma debería sumarse a la tasa de interés, a fin de compensar a quien presta los recursos por la pérdida en valor de su dinero. Si la inflación fuera, por ejemplo, el 40%, la tasa de interés aplicada a nuestros jóvenes sería entonces cercana al 50%. A una tasa del 50%, en 25 años, por un crédito de 30 millones y usando el mismo sistema de amortización, mediante cuotas iguales y consecutivas, la cuota mensual se situaría en alrededor de Bs.1.250.000. El saldo del crédito, al final del primer año, estaría cercano a Bs. 29.990.000, es decir, casi igual al monto original del préstamo.

Bajo la alternativa inflacionaria, nuestros jóvenes tendrían que pagar alrededor de Bs. 11.700.000 anuales más que bajo es escenario sin inflación. Por supuesto, con una inflación del 40%, la vivienda que adquirieron, con toda probabilidad, también habrá aumentado su valor en un porcentaje bastante similar. Dicho aumento, si bien puede servir de consuelo, es de poca utilidad para nuestros deudores, por cuanto el interés de ellos, en adquirir el inmueble, no era de índole especulativo, ya que su intención era la de tener una vivienda propia y no la de revender el apartamento al mejor postor. 

Igualmente, se podría argumentar que los jóvenes no perdieron su dinero, al haber logrado, en términos reales, amortizar su deuda mucho más de lo esperado. Una inflación del 40%, tiene una alta probabilidad de resultar en una devaluación del mismo orden, razón por la cual, el saldo de los Bs. 29.990.000, calculados a una tasa de Bs. 840 por dólar, significaría un saldo en la deuda de sólo 35.700 dólares.

Justamente, la diferencia en los saldos expresados en dólares, entre préstamos otorgados en ambientes con y sin inflación, ilustra el origen del problema. En la alternativa con inflación, nuestros deudores, durante el año, aparte de tener que amortizar su préstamo de vivienda, digamos en una 1/25 parte, deben además compensar, lo que es igual a amortizar, vía las altas tasas de interés, el 100% de la pérdida en el valor del capital producida por la inflación. 

Como resultado, notamos que al final del primer año, sin inflación, deberían US$ 49.570 mientras que, bajo un escenario de inflación, su saldo sería sólo de 35.700 dólares. Esto, aún cuando de por sí no es malo, no satisface sus necesidades, por cuanto lo que se buscaba era un financiamiento cónsono con la adquisición de una vivienda y no un financiamiento que les permitiese, a costa de unos pagos exagerados, cancelar la deuda de forma rápida.

Una posible solución al problema, sería la de otorgar los préstamos bajo un sistema de indexación de capital. En este caso, a nuestros deudores, de forma muy simplificada, se les exigiría pagar las cuotas calculadas al interés original del 10% pero, al final del año, tendrían que aceptar que el saldo adeudado quede indexado a la inflación. En el ejemplo dado, si el saldo estaba supuesto a ser Bs. 29.715.000, indexado a una inflación del 40%, sería de Bs. 41.600.000.

Durante el segundo año, a la tasa de interés del 10%, para un préstamo con un saldo de Bs. 41.600.000 y por el plazo que resta de 24 años, las cuotas mensuales estarían en el orden de Bs. 381.600. Por supuesto, las cuotas son más altas, pero no imposibles de manejar para nuestra pareja, por cuanto suponemos que ésta habrá logrado aumentar sus ingresos, de manera tal que, por lo menos, compensen la inflación.

Es difícil que sistemas de financiamiento indexados se desarrollen sin el apoyo oficial. Entre otros aspectos, requieren de la cooperación de las autoridades que regulan las operaciones de la banca.

La posibilidad de solicitar de entes multinacionales unos préstamos a muy largo plazo para que, canalizados por intermedio de la banca privada, permitan situar a la disposición del mercado de viviendas, créditos de esta naturaleza, podría traer las consecuencias siguientes: a) Ayudar a reactivar la economía b) Solucionar el problema habitacional c) Darle a la banca una actividad crediticia más lógica que colocar en papeles del Estado d) Iniciar una modalidad de colocación que permita a los venideros fondos de pensiones efectuar colocaciones sanas a una tasa de interés real e) Introducir mas racionalidad en nuestra economía, f) Etc. Me pregunto entonces, ¿Qué esperan? 

Una alternativa más sencilla y que produciría resultados bastante similares es la de permitir que los préstamos para la vivienda se denominen en dólares. Por supuesto, esto requeriría aceptar la premisa de que, institucionalizar los préstamos en dólares, es menos antipatriótico, que prohibir a nuestros jóvenes el acceso a su vivienda.

En el Daily Journal

Entusiasmado con la Constituyente del 2000

Como muchos venezolanos, he reflexionado sobre la Constituyente. Al principio, era de los que opinaba, que si bien era cierto que parecía necesario hacer algunos cambios a nuestra Constitución, éstos, en todo caso, podrían hacerse por la vía de reformas, sin necesidad de acudir a lo que sin duda sería un proceso engorroso.

Hoy, cuando la Constituyente, por su acogida, casi es un hecho cumplido, mi enfoque pasa a ser uno de "si vamos hacerlo, hagámoslo bien". Analizado desde este punto de vista, sacudido el temor al proceso y abrazada la esperanza de su potencial, debo reconocer que me he vuelto un ferviente y entusiasta defensor de la Constituyente

Mi entusiasmo se multiplicó al descubrir que Venezuela posee, en este momento, la oportunidad única de crear, para el mundo, la primera Constitución del próximo milenio. Para lograr estar a la altura de estas circunstancias, creo indispensable aplicar el proverbio Chino, que nos pide apuntar bien alto a las estrellas por cuanto, aún cuando no las alcancemos, llegaremos mucho más alto, que si apuntamos a algo más cercano.

No le resto importancia a la historia y creo que podemos y debemos extraer muchos conocimientos de ella, para el momento de redactar una constitución. No obstante, dar una excesiva importancia a expertos constitucionalistas, podría hacernos perder una oportunidad para lograr modernizar, a fondo, nuestra realidad constitucional.

Acepto que existen reformas necesarias, que se sitúan dentro del contexto de un debate tradicional constituyente, tales como las que atañen al poder judicial y a la capacidad tributaria de los estados y municipios.

Igualmente, requerimos de reformas que surjan de nuestras propias realidades. Entre éstas y vista nuestra nefasta experiencia, se encuentra la de limitar el endeudamiento del Estado. Por tener la certeza absoluta de que, de vez en cuando, tendremos gobiernos incapaces de resistir los cantos de sirena, terminando, a cuenta de nada, por hipotecar el futuro de otras generaciones de venezolanos, considero que la limitación a la deuda del Estado debe tener rango constitucional. Si Venezuela no hubiese incurrido en su deuda pública externa, por existir una disposición constitucional que lo prohiba, les juro y les apuesto toda mi trayectoria profesional, que gracias a esa Constitución, los venezolanos de hoy, “iríamos mejor al supermercado”. 

Otra reforma, de las originadas en nuestra propia realidad y que considero necesaria, es aquélla que establezca la obligación de que en la administración de las empresas del Estado, exista una efectiva representación de la sociedad civil. Por ejemplo, opino que una Junta Directiva de PDVSA, cuyos miembros fuesen elegidos por voto popular, rotando un cierto porcentaje de los mismos en cada elección nacional, pudiese ser una excelente opción, para asegurar que no hayan presiones indebidas por parte del sector político o de los tecnócratas del petróleo. 

No obstante todo lo anterior, en estos momentos, lo que más deseo destacar, es el hecho de que, como resultado de los grandes cambios ocurridos en el mundo, existe la urgencia de introducir consideraciones de tipo constitucional, sobre aspectos que nunca han sido contemplados, en sus cartas magnas, por país alguno. Permitiéndome, a tales efectos, sugerir las siguientes:

· La revolución informativa. Si se puede afirmar que "una Democracia con hambre no es Democracia”; más válido debe ser decir que "una Democracia sin información, tampoco es Democracia". ¿Acaso no es un derecho del ciudadano el poder conocer la nómina pública, el monto de deuda externa del país, las recuperaciones “reales” de Fogade, etc.?

No hay duda, que la tecnología que hoy existe, para recaudar y diseminar información, permite que una sociedad tenga el derecho de exigir de sus gobernantes un nivel de información, dramáticamente distinto, al que podría contemplarse cuando fueron redactadas las constituciones actualmente vigentes. Creo que en nuestra Constitución del 2000, se debería consagrar el derecho del ciudadano a estar informado sobre la gestión gubernamental, de forma válida, detallada y en tiempo real. 

· El poder de la publicidad. De haber conocido, en su época, el impacto que tienen los medios de publicidad hoy en día, estoy seguro que los redactores de las constituciones vigentes hubiesen introducido limitaciones a la publicidad oficial. Debería prohibirse que la Nación, los estados, los municipios, entes gubernamentales y/o empresas del Estado, gasten un sólo centavo, en el pago de publicidades, claramente dirigidas a promocionar la imagen personal y política de algún funcionario público de turno.

· La globalización. Sin duda, el sólo tratar de redefinir el concepto de Nación, dentro de lo que es un mundo, donde las relaciones globales se intensifican, segundo por segundo, es un reto cuya importancia se pierde de vista. Qué orgullo sería para Venezuela el poder reencontrarse a sí misma, de una forma que guíe e ilumine a los demás países, que andan perdidos, que probablemente son todos.

Enfrentemos con entusiasmo el reto de mostrarle al mundo que Venezuela es capaz de producir una Constitución, que sea ejemplo para el próximo milenio. Caso contrario, no sólo habremos desperdiciado una oportunidad histórica, sino que, para colmo de males, al poco rato, seguramente tendríamos que convocar a otra Constituyente.

Economía Hoy 12 de enero de 1999