De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

 De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

Mensaje para la OCI. Hace unos 25 años, durante la explosión de los precios petroleros, en las gasolineras europeas, colocaban letreros que indicaban que de dicho precio sólo una pequeña porción correspondía a impuestos, imputando los altos precios a los "bandidos" de la OPEP. Desde entonces, los miembros de la OPEP hemos tenido una mala imagen, que se ha consolidado así en el tiempo gracias a los innumerables “reportajes” negativos sobre los “Jeques de la OPEP” publicados reiteradamente por la prensa europea, en donde proliferaban calificativos tales como antidemocráticos, usureros, irrespetuosos de los derechos de la mujer, jugadores y pretenciosos compradores de las mejores propiedades europeas.

En Junio de este año, de acuerdo a cifras suministradas por la Asociación de Expendedores de Gasolina de Inglaterra, de los Bs. 661 cobrados por cada litro de gasolina, el Fisco inglés retiene Bs. 552, al distribuidor le tocan Bs. 42 y el productor de la gasolina, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, debe conformarse con unos míseros Bs. 68, que apenas representan un 11% del precio.

Hoy cuando le reclamamos a un europeo la injusticia anterior, puede que nos oiga, pero no nos escucha, probablemente debido a la ya mencionada imagen de "bandidos de la OPEP" que tenemos, aunque no seamos “los malos” de la partida. De allí que para lograr combatir los impuestos petroleros, sea indispensable combatir antes que nada esa distorsionada imagen.

No soy publicista, pero les confieso que dentro del marco de esta campaña de cambio de imagen, me provocaría publicar en Londres, Berlín, París, Madrid, Tokio y tantos sitios más, una tabla actualizada que, comparando los Bs. 552 que cobra el Fisco con los Bs. 68 del productor, evidencie la existencia de un simulado arancel comercial discriminatorio de más del 800%. Al lado publicaría fotos alusivas a la pobreza que sufre nuestro país y terminaría por acusarlos de ser unos grandes hipócritas por cuanto, mientras se dan golpes de pecho por el libre comercio y los derechos humanos, sólo son unos vulgares petro-piratas. 

Igualmente publicaría mensajes dirigidos a los ambientalistas, quienes no son más que los tontos útiles de los petro-piratas, a quienes les dedicaría fotos de los tendidos eléctricos que construimos hasta Brasil, amenazando la reserva de oxígeno del mundo, todo cortesía de una política de impuestos al petróleo que nos tiene empobrecidos y que de seguir, quien sabe, un día puede que nos obligue a usar la selva amazónica para producir carbón.

Obligaría a los medios de comunicación a suministrar diariamente, no sólo el precio del barril a nivel del productor, sino también el cobrado a nivel de consumidor, para que el mundo pueda percatarse de que el precio promedio mundial de un barril, a nivel del consumidor, probablemente ya haya traspasado la barrera de los US$ 100. 

Para quienes pongan en duda esto, consideren que de cada barril de petróleo se puede simultáneamente obtener 84 litros de gasolina, 12 de jet fuel, 36 de gasoil, 16 de lubricantes y 12 de residuales pesados. Si apenas calculamos el valor de los 84 litros de gasolina, cuyo precio mínimo en el mundo, exceptuando los Estados Unidos, es de US$ 1 por litro, ya tendríamos $ 84 por barril. De allí que aquéllos que hace años predijeron un valor superior a US$ 100 por barril de petróleo, no estaban equivocados, sólo erraron en quiénes se quedarían con el dinero.

Mensaje para Cordiplan. La teoría del Libre Comercio se fundamenta en explotar las ventajas comparativas de cada país. A partir de 1989, Venezuela inició, con gran entusiasmo, una apertura comercial que nos ha llevado a ser uno de los países más abiertos del mundo. En el camino firmamos todos los convenios requeridos, aún aquéllos que, como los de patentes y propiedad intelectual, nos parecían más destinados a conservar las supremacías existentes, que a fomentar nuestro crecimiento económico. 

Creo que tenemos el derecho de sentirnos confundidos y decepcionados. Al accesar el mercado internacional para nuestro principal producto, el petróleo, nos hemos topado con unos aranceles disimulados del 800% y además, en muchas de las áreas donde tradicionalmente se veían ventajas comparativas, éstas parecen haberse esfumado.

Gracias a asesores, como el F.M.I., hemos renunciado a fertilizantes baratos. Para el gas, ya hemos aceptado el concepto, bastante extraño por cuanto colide con el de las ventajas comparativas, de que es preferible que éste se pierda, antes de introducir en nuestra economía la “distorsión” de cobrar un precio menor al del mercado internacional. 

A causa de las privatizaciones, destinadas más a incrementar los ingresos del Fisco, que a garantizarle servicios confiables y accesibles al usuario, hoy estamos renunciando tanto a la tradicional energía barata, como a las posibilidades de desarrollo que ofrece Internet, al limitársenos acceder al mismo por las altas tarifas telefónicas. Parece que el país, en lugar de usar sus ventajas comparativas, las estuviera vendiendo.

Para los petro-piratas, es un dolor de cabeza que algunos países mantengan los impuestos al petróleo bajos. Así, algunas de sus industrias que requieran de este insumo, pueden estar tentadas a mudarse, perdiéndose entonces fuentes de trabajo. Esta debe ser la razón por la cual se presiona sobre Venezuela para que aumente los precios de la gasolina, aún cuando, los Bs. 68 que por un litro de gasolina puesto en Londres recibe el productor, no son muy distintos al neto que recibe el país, después de gastos de distribución, de los Bs. 80 por litro de gasolina alta, puesto en El Tigre.

http://petropolitan.blogspot.com/1999/07/de-la-pobre-imagen-de-la-opep-y-de.html

La Asamblea Constituyente Sombra

 La  Asamblea  Constituyente  Sombra

Un grupo de amigos y  profesionales, no afiliados a movimientos políticos, hemos decidido configurar una Asamblea Constitutiva Sombra con 131 miembros. Su objetivo principal es evaluar la actuación de los 131 constituyentistas con el fin de producir un ranking, desde el número 1 para el mejor, hasta el 131 para el peor, sin que se permitan empates.

 

Nuestra principal motivación es la certeza de que una nueva Constitución puede traer muchos resultados favorables para el país, pero que ello depende en gran medida de la actuación individual de cada constituyentista,  la cual, a nuestro juicio, debería estar sujeta a un sistema de evaluación. En términos académicos, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser un curso donde sólo se inscriben oyentes. !No! Habrá exámenes, "quizes",  tesis de grado, nota final y acto público de graduación. No habrá premios para el más fotogénico.

 

Creemos importante la sanción civil y el que se produzca un récord histórico, sobre el cómo sus contemporáneos evaluaron la gestión.  Algo así como un pequeño “aide memoire” que, de haber existido, hubiera permitido separar, en los cuadros sobre la Declaración de Independencia, a quienes jugaron un papel fundamental, de aquéllos que sólo acudieron para quedar retratados por Juan Lovera  o que simplemente buscaban un trago.

 

Aún no se sabe exactamente cómo se efectuará la evaluación, pero nuestro grupo se adhiere a una declaración de principios que creemos, puede indicar, por lo menos para un constituyentista medianamente inteligente, cómo debe comportarse para obtener una buena puntuación con nosotros.

 

Consideramos que dado que en el día a día, nuestro país es y será administrado por políticos, la Asamblea Constituyente nos brinda una oportunidad única para que la sociedad civil limite el ámbito de acción de los políticos. Así mismo es el momento oportuno para definir las sanciones a las que estarían sujetos los políticos de incumplir con sus responsabilidades. Para ilustrar nuestros principios, damos a continuación cuatro ejemplos sobre aspectos que nos agradaría fuesen contemplados en la nueva Constitución.

 

Evaluación. Creemos inútil garantizar en la Constitución los derechos a la educación y a la salud, si  simultáneamente no se especifican las consecuencias de su incumplimiento. Se puede establecer un Comité de Evaluación Nacional, para que, en base a evaluar si en el respectivo sector ha mejorado o no la prestación de sus servicios, emita su veredicto a los treinta días después de haber finalizado la gestión del ministro de turno. El veredicto, sería publicado, a página completa en la prensa nacional, vía la emisión de unos Certificados de Patria, en una de los siguientes menciones:  Agradecimiento, Cumplimiento, Indiferencia y Reclamo.

 

Auto-promoción. La publicidad para los políticos es una droga, llegando hasta el grado de que creen que una buena publicidad es un adecuado sustituto de una buena obra. A nuestro grupo le gustaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el siguiente articulado:

 

1.         Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.

 

2.         Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.

 

3.         En toda actividad de promoción o información, e independientemente de que el origen de los fondos para su pago, sea público o privado, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.

 

Información. Aprovechando los avances de la informática y para evitar las sospechas, que alberga la sociedad civil, sobre un posible desvío de recursos (nóminas fantasmas y otras), nuestro grupo vería con interés, que se estudie la posibilidad de obligar a la creación de una base de datos central sobre las actividades gubernamentales. Dicha  base debería ser completa, exacta y accesible a todos de manera económica, actualizada en tiempo real y abarcando todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones,  municipios y cualquier otro ente oficial. So pena de prisión, se le prohibiría a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro.

 

Deuda Pública. La deuda pública, muy especialmente la externa, es uno de los principales males que agobia a nuestro país. La posibilidad de contratarla  permite que una generación de venezolanos, de manera irresponsable, llegue a adelantar su flujo de caja, imponiendo el costo de su servicio a las futuras generaciones. En el debate actual, donde con frecuencia se menciona que con la Constitución "no se va al mercado", estamos convencidos de que, de haberse limitado la capacidad de endeudamiento del país en la llamada "moribunda", hoy, todos iríamos mejor al mercado.

 

Por cuanto los recursos también actúan como drogas para los políticos y el Congreso, al final, termina en manos de ellos mismos, puede que se necesite  prohibir, de manera taxativa, el contratar deuda externa para  así lograr que los prestamistas no se atrevan a cantarle a nuestros políticos, sus cantos de sirena.

Del contrabando y el Ecotax, Pdvsa y la educación superior

 Del contrabando y el Ecotax, Pdvsa y la educación superior

Supongamos que un Presidente de Venezuela, al ser presionado por el Fondo Monetario Internacional para que resuelva el déficit fiscal, se le ocurra imponer un impuesto de venta de 3.200 dólares, a cada televisor que cuesta 400 dólares importar y 200 distribuir, llevando su precio de venta al publico a 3.800 dólares. En relación al valor de importación, este impuesto, en la práctica, equivaldría a un arancel comercial del 800% (3.200/400). 

La reforma impositiva antes indicada, podría ser justificada por nuestro Presidente alegando, no sólo el déficit fiscal, sino también, por un lado, la necesidad de disminuir la contaminación ambiental a la que están expuestos nuestros jóvenes y por otro, la violencia televisiva, indiciada como probable culpable de recientes masacres en colegios americanos.

Si en tales circunstancias, a un venezolano se le ocurriera comprar un televisor en el exterior e introducirlo en el país de contrabando: ¿Ustedes creen que el Presidente de la Sony tendría algún remordimiento de conciencia? 

Tengo frente a mí cifras proporcionadas por la Asociación de expendedores de gasolina de Inglaterra que indican, que para la semana que finalizó el 4 de Junio, el precio de la gasolina se ubicaba en Bs.661 por litro. De este monto, Bs.552 son para el Fisco inglés, Bs.42 para el distribuidor y sólo Bs.68 para el que suministra el producto. Los Bs.552 del Fisco inglés, comparados con los Bs.68 del productor, equivaldrían a un arancel comercial del 812%.

Los impuestos que el mundo aplica a los productos petroleros son, sin duda alguna, la causa directa de serios perjuicios causados al Fisco venezolano. No obstante, en la prensa venezolana de esta semana pudimos leer una nota donde se evidencia lo poco que, como país petrolero, sabemos y hacemos para defender nuestros intereses. En la noticia se expresaba la preocupación existente por el contrabando de gasolina hacia Colombia, que "ocasiona serios daños al Fisco de nuestro vecino país".

Lo anterior, me hizo recordar una estación de radio que durante los años sesenta transmitía, para frustración de los monopolios radiales europeos, desde un barco en el Canal de la Mancha. Hoy, como venezolano, al ver que en mi país hay hambre, intuitivamente siento una gran tentación de apoyar la construcción de dos estaciones de servicio flotantes PDV, una en el Canal de la Mancha y otra en el Mediterráneo, para vender gasolina, a Bs. 150 el litro, a cualquier empresario europeo con iniciativa. Tales estaciones de servicio offshore producirían una mayor rentabilidad para el país, que las que hoy sólo basan su negocio en lograr venderle cotufas al venezolano.

En todo el mundo observamos como el concepto del impuesto ecológico o Ecotax, avanza a pasos agigantados. Sus implicaciones, para un país petrolero como Venezuela, no pueden ser más graves y aún así, se ignora. 

Por tratarse de un bien no renovable, el vender petróleo es como vender activos de la Nación. Al aceptar que el valor de un bien está dado por lo que el consumidor esté dispuesto a pagar, ante la realidad actual, muy bien cabe preguntarnos: ¿Con qué derecho extraemos y vendemos gasolina aceptando recibir únicamente el 10% de su valor? ¿No aplica salvaguarda? ¿No es eso igual a vender nuestra casa y reconocerle al corredor, una comisión del 90%? 

En vista de lo anterior, sería lógico esperar que las cátedras de Derecho, Economía, Hacienda Pública, Administración y Finanzas de todas nuestras Universidades e Institutos de Estudios Superiores, estuviesen volcadas al análisis del Ecotax y que PDVSA fuera uno de los principales promotores de tales actividades. No parece ser así.

Hace algún tiempo el CIED, Centro Internacional de Educación y Desarrollo de PDVSA, ofrecía cursos en Consultoría Organizacional (Septiembre de 1998, 120 horas, Bs.1.212.000 más IVA) y sobre el valor económico agregado (26 de Mayo de 1998, 8 horas, Bs.300.000). Tal hecho nos sorprendió, por cuanto es bien conocido que institutos tales como el IESA estaban en perfecta capacidad de desarrollar este tipo de cursos.

En base al número de asistentes, seguro que los cursos del CIED fueron un éxito. Por supuesto, en el caso de CIED, no debemos medir su éxito usando sólo la variable de asistencia. El hacerlo sería equivalente a calificar como exitoso el vernisage de un joven artista, que haya logrado vender todas sus obras, a su papá. Con seguridad, PDVSA habrá mandado a sus ejecutivos, como también muchas empresas, que aprovecharon para enviar los suyos, probablemente para lograr un "acercamiento" a los de la Industria petrolera. 

Vivimos la época del outsourcing y PDVSA debería evitar las tentaciones de adentrarse en campos, que no son de su directa incumbencia. Zapatero a sus zapatos. De esta manera, se le podría permitir a instituciones serias y con trayectoria ver en PDVSA un apoyo, en lugar de un competidor con bolsillos muy profundos. Como contrapartida, la Academia existente podría comprometerse con PDVSA en profundizar en materias de importancia para el país. Entre éstas, la relacionada con los impuestos ecológicos. 

Quizás así, también la Universidad Central de Venezuela, por todos los billones invertidos en ella, tenga algo más importante que mostrar en la publicidad que emplea para justificar su existencia, que el desarrollo de la tinta indeleble usada para las elecciones, que por cierto, a juzgar por el reciente proceso electoral, ya pasó a la historia.

http://petropolitan.blogspot.com/1999/06/del-contrabando-y-el-ecotax-pdvsa-y-la.html

Hablemos sobre la publicidad oficial y la anorexia cambiaria

Hablemos sobre la publicidad oficial y la anorexia cambiaria

Si los constituyentistas de la época en que se redactaron las Constituciones, que actualmente inspiran a las del mundo occidental, hubiesen tenido noción de la importancia de la publicidad y entendido su irresistible tentación para un político, con toda seguridad habrían establecido todo tipo de limitantes a la misma.

La publicidad es para un político, como la droga para un drogadicto, no puede vivir si ella. En épocas normales, bajo una Constitución plenamente vigente la Nación es administrada por los políticos. De allí que resultaría por lo tanto imposible, como pedirle peras al olmo, solicitar de esos mismos políticos, el que generen una autorregulación efectiva en materia publicitaria.

En una Constituyente, al haber mayor posibilidad de una cierta representación apolítica, sería la oportunidad, casi única, para introducir las limitaciones a los políticos que la sociedad civil crea necesarias.

¿Qué limitaciones se pueden proponer? Antes de responder, sería útil ilustrar lo que se quiere evitar. Los siguientes son sólo algunos ejemplos, aunque, claro está, que seguramente los lectores tendrán su propia lista.

El hecho de que para “inaugurar” un pequeño espacio "verde" de 12 m2 con unas maticas, se contraten toldos, sillas, equipo de sonido, obsequio y demás material promocional, evidencia un absoluto irrespeto con el ciudadano. 

Seguramente muchos habrán observado, al pasar por alguna autopista, cuadrillas de obreros que efectivamente están realizando un buen trabajo de limpieza y mantenimiento de la vía, a quienes lamentablemente, se les obliga a llevar a cuestas, como una cruz, un cartelón que pesa más que su equipo de trabajo y que sólo cumple una función promocional.

Vemos por todo el país tantos cartelones que anuncian, con nombre y apellido del funcionario de turno, el cumplimiento o supuesto cumplimiento del deber, del Presidente, Ministro, Gobernador y Alcalde. Todos estos anuncios, seguramente costosos, sólo sirven para recordarnos del por qué no somos políticos. Por simple educación, a nosotros se nos caería la cara de vergüenza.

Para evitar abusos como los antes expresados, a mí me encantaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el articulado siguiente:

1. Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.

2. Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.

3. En toda actividad que pueda ser calificada como de promoción, publicidad o información, e independientemente del origen de los fondos para su pago, sean éstos públicos o privados, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.

En la medida en que en nuestra próxima Constitución logremos introducir algún tipo de limitación a la descarada autopromoción de los políticos de turno, en esa misma medida podremos decir que hemos logrado una Constitución nueva, con posibilidades reales de producir resultados. Sólo así podremos tener, al menos la esperanza, de que los políticos del futuro tengan que dedicarse a lograr verdaderos frutos de su gestión, en lugar de gastar recursos y tiempo tratando de vendernos frutos imaginarios. ¿Les parece poco? ¡Sólo esto casi justificaría a la Constituyente!

Otro asunto distinto. Una respetuosa pregunta al Sr. Presidente. Sólo para mi archivo histórico.

La tasa del bolívar contra el dólar debería estar en 900, pero se encuentra en 600. Como resultado de ello, un hotel al convertir los 40 dólares que obtiene de un turista, recibe, en vez de Bs. 36.000 sólo 24.000 y quiebra. Si trata obtener los Bs. 36.000 debe cobrar 60 dólares, entonces los turistas se van a otro destino y quiebra. El desastre afecta a todos. Hoy leímos de una pequeña planta de yeso que tuvo que cerrar por cuanto es más barato importar yeso de España. Hasta los postgrados (los pagados, no los regalados) salen mas baratos en el exterior. Es cierto que una devaluación, por si sola, no remedia nada, pero ya creo mas que suficiente, la evidencia que la anorexia cambiaria si mata

No tengo la menor duda de que si yo estuviera responsabilizado por la política económica del país y tuviera que enfrentar una incertidumbre en materia cambiaria, de pecar, siempre, siempre, lo preferiría hacer a favor del productor nacional y no del extranjero. Por cuanto, al revisar mis archivos y encontrar que la primera fecha, en que me coloqué de rodillas rogando por un mayor ritmo de devaluación, fue en Julio del 98 y desde ese entonces, lo he pedido a gritos, “sopotocientas” veces, sé, que a mí no me hicieron caso.

Sr. Presidente: ¿Quién fue?¿Quién fue que lo convenció de seguir con la política cambiaria del Dr. Kevorkian? ¿Fue Casas? ¿Fue Natera? ¿Fue el Fondo Monetario Internacional? ¿Fue un militar? ¿Fue Kelly? ¿Fue Alfaro? ¿Fue Emeterio? ¿Quién fue? ¿No se recuerda? - Con respeto, le recomiendo hacer memoria - Muchos otros se lo van a preguntar….. y muy pronto.

¿Acaso somos de una desconocida secta protestante?

Como ciudadano de una nación indiscutiblemente petrolera, siento que, ante los padres de la Patria y las generaciones que nos habrán de seguir, tenemos una doble responsabilidad. La primera, que los ingresos recibidos por el petróleo no sean malgastados. Esta responsabilidad, aún cuando evidentemente incumplida, en general es ampliamente compartida y pregonada sobre la base de la siembra del petróleo. La segunda responsabilidad, frecuentemente ignorada, es la de asegurar que el país reciba el máximo posible por cada barril de producto no renovable que extraiga. 

Los que me han leído últimamente saben que sostengo una campaña en contra de los impuestos a la gasolina en el mundo, los cuales, actuando como unos aranceles discriminatorios, impiden que un país petrolero perciba su verdadero contravalor. Efectivamente, cuando un consumidor en Europa cancela, digamos 100 Euros comprando gasolina, el país petrolero recibe sólo unos 10 Euros de tal precio, mientras que, el fisco del país consumidor, a cuenta de nada, se queda con 85 Euros. La diferencia de 5 Euros básicamente cubre el costo de distribución.

Que el petrolero se conforme con quedarse con solo el 10% del valor, sin pelear a muerte tal injusticia, me resulta incomprensible y me recuerda el cuento de la divorciada que vendió el Mercedes Benz en un bolívar con el fin de que al ex-marido le tocase lo menos posible. Lo triste de la historia es que en este caso, el marido a castigar, resulta ser nuestro propio país.

Mi campaña contra los impuestos al petróleo, la llevo a cabo a través de una Asociación Civil sin fines de lucro, que formé junto a un grupo de amigos, denominada Venezuela Nación Petrolera A.C., también conocida como “PETROPOLITAN”, que ya ha comenzado a recibir muchas muestras de apoyo. 

No obstante lo anterior, con frecuencia tengo necesidad de encontrarle respuesta a la interrogante del por qué el país entero, no se ha volcado a reclamar lo que probablemente representa su principal problema económico. No debemos olvidar, que de lograr que el mundo limite o incluso llegue a eliminar en un 100% sus impuestos al petróleo, con seguridad habría tal aumento en la demanda y el consiguiente impacto en el precio del petróleo, que no sería irracional hablar de ingresos adicionales para Venezuela en el orden de los US$ 10.000 millones anuales.

Existe una inmensa lista razones, que podríamos considerar como probables causantes de nuestra apatía, a algunas de las cuales me referiré a continuación. Encabezando la lista encontramos a la misma sorpresa que la tesis causa, que lo único que hace es retardar cualquier acción que se quiera emprender. Evidencia de ello, es el hecho de que seguramente muchos de mis lectores se preguntan : “¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? Déjenme pensar un rato para ver en dónde Kurowski se equivoca en su análisis.”

Una de las razones, por las cuales creo que los productores nos hemos dejado pasar tal “strike”, es porque los impuestos al presentarse, inclusive en la literatura de la OPEP, como en el orden del 70% al 85%, no suenan exagerados, especialmente si se toma en cuenta que, con frecuencia, en Europa existen impuestos sobre la renta que, en términos marginales, superan el 50%. Es sólo cuando se analizan, como yo propongo, los impuestos en términos de tarifas comerciales, que el verdadero impacto se hace notorio. El fisco recibe 85 y el productor 10, esto apunta a la existencia de un arancel obscenamente alto del 850%.

Otra razón que encontramos en la lista negra, es la ignorancia que hay, a nivel general, acerca de la existencia de las nuevas posibilidades de reclamos comerciales que brinda el mundo. Hace algunos años, de querer introducir una querella comercial, casi había que montarle cacería, en el lobby del hotel del país anfitrión, a los delegados comerciales que estuvieran participando en la "Ronda de Acuerdos" del momento. Hoy en día, existe la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiene personalidad jurídica propia y no está escondida, sino que funciona en una sede, a donde las naciones pueden introducir sus reclamos.

Pero creo, que ante nada, lo que más pesa sobre todos nosotros, por lo menos en el debate público económico del país, es una extraña concepción, de origen algo similar a lo que se conoce como la ética de trabajo protestante, que nos lleva a creer; que el ingreso petrolero, por cuanto no proviene del sudor de nuestra frente, no es un ingreso honorable; que el petróleo es el culpable del modelo rentista que nos tiene acabados como país y que, finalmente, considera al petróleo como al excremento del diablo.

No debemos pasar por alto tampoco, hechos que a simple vista evidencian cómo la sociedad entera, quizás hasta con pena, parece ignorar el petróleo. ¿Nunca se han preguntado el por qué entre tantos días de fiesta no hay ni uno sólo dedicado a celebrar el petróleo? Igualmente, si se toman la molestia de revisar cualquier libro de educación primaria, podrán constatar que poco se enseña sobre el petróleo y hasta en Misa, no recuerdo nunca haber oído a un sacerdote agradecer a Dios, en nuestro nombre, por haber bendecido al país con la riqueza petrolera y donde a la vez se le solicite perdón por no haber administrado bien esos “talentos”. 

Con todos estos antecedentes ¿Quién ha de sorprenderse de que no sepamos defender nuestro petróleo?

Aún cuando fielmente voy a Misa cada domingo acompañando a mi esposa e hijas, soy protestante y como tal, déjenme asegurarles, que si a alguien se le ocurriera extraer de un país protestante un recurso mineral no renovable y como contrapartida sólo se les compensara con el 10% del valor de tal mineral, el mundo estaría enfrentándose a una nueva guerra mundial.

https://petropolitan.blogspot.com/1999/06/acaso-somos-de-una-desconocida-secta.html

Necesitamos una Constituyente para el sector privado

Que en un país exista un Plan Económico coherente, es una responsabilidad compartida entre la dirigencia política y la sociedad civil.

La responsabilidad primaria de un dirigente político, de manera simplificada y aún cuando pueda sonar feo, crudo y hasta vulgar, es la de lograr el poder. Una vez logrado, su función es convertirse en árbitro y negociador de todas las distintas necesidades y ambiciones que existen en la sociedad. Para cumplir con tal papel, el dirigente  debe tener el criterio suficiente para saber elegir entre todas las propuestas que le haga la sociedad civil y tener el liderazgo necesario para lograr la  implementación de los planes acordados.

 

En la Venezuela de hoy, el principal responsable por la ausencia de un Plan Económico, es la propia dirigencia de la sociedad civil, concretamente del sector privado, por cuanto, simplemente, no ha sido capaz de formular alternativas de acción razonablemente coherentes.  Es más, y perdonen si hecho sal a la herida, algunos de los supuestos voceros, cada vez que emiten opiniones, sólo causan una mayor confusión. Permítanme dar algunos ejemplos que sustentan mi opinión.

 

Si existe algo, que en materia económica ha quedado evidenciado con absoluta claridad durante las ultimas décadas, sería la insuperable capacidad del Estado venezolano para malgastar recursos. Me resulta incomprensible cualquier receta para salir del actual desastre económico heredado, que comience por transferir más recursos del sector privado al sector público y me resulta incomprensible que el sector privado apoye tales impuestos o, en el mejor de los casos, otorgue callando.

 

Ante la obvia sobrevaluación del bolívar, que sin duda golpea la actividad productiva interna y favorece la externa, donde de existir un desequilibrio es preferible una leve subvaluación, me resulta increíble oír a representantes del sector privado nacional defender la actual política cambiaria. Para el sector turístico en Margarita, esa política cambiaria equivale a un asesinato.

 

Seudo-representantes del sector privado incitan al gobierno a seguir con la política de privatizar los servicios públicos, aún ante la abrumadora evidencia de que tales privatizaciones sólo se han hecho con fines fiscalistas, dejándole al usuario final una estela de tarifas innecesariamente altas. En Margarita el costo de la electricidad ya supera el costo de las nóminas en muchos hoteles. 

 

La manera como una gran parte de nuestra "dirigencia" sucumbió al confundir poder con capacidad, permitió que la política petrolera degenerara en una total confusión. Como ejemplo, basta nombrar la aplaudida apertura petrolera donde Pdvsa, supuestamente por falta de recursos, permitió a terceros el acceso a la rentable y estratégicamente importante fase de exploración y extracción, para luego sorprendernos con abundantes disponibilidades  para invertir en nuevas estaciones de servicios, equipadas hasta para la venta de cotufas, hoy en necesidad de apoyo publicitario.

 

Pocas voces privadas alertan sobre una apertura comercial y un proceso de globalización, que parece buscar más los halagos del mundo, que los intereses del país. Suficiente resulta mencionar el hecho de que cuando Europa y otras partes del mundo, de manera discriminatoria aplican impuestos a la gasolina, que de hecho funcionan como aranceles comerciales sobre el petróleo, superiores al 800%, que conforman la principal causa de los pobres ingresos petroleros que hoy percibimos, nosotros a la champaña francesa sólo le aplicamos un arancel del 26%. ¿Y quién protesto la clara discriminación presente en la prohibición por parte del estado de la Florida de la Orimulsión?

 

Aupados por la "dirigencia privada" el país permite la más amplia movilización de capitales especulativos a corto plazo. Lo único que hasta hoy nos ha salvado de los desastres sentidos en algunos países del lejano oriente, ha sido el hecho de nunca haber llegado a acumular capitales golondrinos en demasía, afortunado resultado de la desafortunada falta de confianza en el país.

 

Desde finales de los ochenta, nuestro país se ha situado sobre una línea de continuo achicamiento. Restrictivas políticas monetarias con exorbitantes tasas de interés, así como el paso, casi instantáneo, de un libertinaje a un puritanismo en materia de regulaciones bancarias, ha conspirado en hacer que Venezuela parezca una pasa arrugadita. Hoy, aún oímos a una "dirigencia privada" solicitar la presencia del Fondo Monetario Internacional, el principal responsable de incluir la castración como parte del instrumental económico.

 

La verdad es que, ante un silencio general, nuestros gobernantes están en su pleno derecho de creer e interpretar, que la actual "dirigencia" representa, de manera autorizada, a los intereses del sector privado en Venezuela. 

 

En momentos donde se cuestiona la legitimidad de tantos entes en el país, creo importante que todos nosotros, que tenemos derecho a considerarnos como pertenecientes al sector privado, como individuos, profesionales o empresarios, pero que no nos sentimos representados en la actualidad, aprovechemos la oportunidad para movilizar nuestra propia Constituyente. Eso si, en nuestro caso, no creo que tengamos opciones a la de hacerla totalmente ORIGINARIA.

All Bureaucrats Should Be Created Equal

In the second volume of his autobiography titled “The Invisible Writing”, the European intellectual Arthur Koestler (1905-1983) writes about the time during the early thirties when a primitive town, in the area of Pamir in the south of Central Asia, received the visit of a Russian patrol unit mounted on bicycles. The local folk ran away in total terror. During their lives they had seen many airplanes, but never a bicycle. The planes were seen to be simple machines and so they seemed quite normal. However, the fact that a person could glide along on two wheels without touching the ground could only be explained by the intervention of Satan himself.

Thirty years have gone by since I read about this incident which I believe illustrates in a curious way a less than harmonious development. Since then, I have been repeatedly reminded of this by living in a country such as ours, where the modern lives together with the antiquated without any complex whatsoever. Obviously, our public administration has been a fertile area in this sense.

Last year I had the opportunity to visit both the recently created Banco de Comercio Exterior (Bancoex) as well as the National Institute for Minors (INAM). Without going into which of the two entities is of more importance for the country, the differences between the two were so great that they seemed abominable to me.

I cannot faithfully express the magnitude of the surrealism, but it should be sufficient to say that Bancoex has modern offices, systems employing the latest technologies and an organization with staff selected with the assistance of an international advisory firm while the INAM, accessible only by means of a rickety elevator which takes of every half an hour towards the 42^nd floor of one of the towers of Parque Central, has papered its walls with wall to wall Oslo type files labeled with things like “Invoices – Meat Purchases Month of February 1994”.

If a government determines that it must assume the direct responsibility of fulfilling two specific functions, whichever they may be, it should at least try to do both with the same enthusiasm and with the same service standards. We are constantly harping about the fact that we should fight to narrow the social gap in income distribution that creates first class and second class citizens. Likewise, it is equally as important to avoid creating first class bureaucrats and second class bureaucrats. Sometimes I believe we even have third class bureaucrats.

This does not mean I am promoting automatic and irrational equality as far as salaries of public officials is concerned. It has much more to do with the identification of the role and the social support given each public servant in order to stimulate his or her pride.  He who thinks or feels that other believe his work is not important, or who is actually doing work that is indeed not important and should therefore be eliminated is as incapacitated emotionally as a baseball player who has lost his arms.

Likewise, as we head towards the Constituent Assembly which initiates the debate on the role of the State, it is of utmost importance to establish the norms and regulations that require the State to comply with its actual responsibilities before it is permitted to accept new ones. Should we not do this, we should not be surprised about the capacity of certain sectors to negotiate resources that allow them to incur in new initiatives that normally possess noteworthy or glamorous characteristics at the expense of other that, although no less important, require quite dedication, day after day, from 9 to 5.

I now wish to share with my readers a nightmare I have over and over again. During the last decades, the Venezuelan State has frittered away an immense amount of resources. Thank God that in spite of this, most of the spending occurred in public service sectors and that therefore it did actually leave something, however small, for posterity. Does this mean that if the State actually goes full tilt into privatizing public services (at the behest of ourselves) without having previously negotiated a corresponding reduction in their income, 100% of public spending will be wasted?

The town folk in Pamir did not bat an eyelash when airplanes roared overhead. They did not know that human beings were strapped inside at the controls. Had they known this, the panic would have been absolute. I sometimes think about the high expectations we have of the privatization processes in Venezuela. Are we by chance also ignorant of the fact that there are human beings in these private companies?

Evidently, doubts about one issue are not translated in certainty about another. In this sense, I cannot resist finalizing with a quote that I underlined almost thirty years ago in the before mentioned book by Koestler. “I automatically learned to classify all that is repugnant as an »inheritance from the past», and all that is attractive as the »seed of the future». With the aid of this automatic classification it was still possible for a European in 1932 to visit Russia and continue to be a communist.”

The Daily Journal May 1999

La constituyente y el derecho a la información

En varias ocasiones he expresado entusiasmo con el proceso Constituyente. Tal entusiasmo supone, claro está, que la nueva Constitución nos enorgullezca, ocupando un honroso lugar como la primera del próximo milenio, sin que tengamos que, por su pobre contenido, afirmar su valor como reliquia del milenio anterior. El resultado final depende mucho de las propuestas y de la vigilancia de la sociedad civil.

 

Se dice que Democracia con hambre no es Democracia, pero si esto es cierto, Democracia sin información, es aún mucho menos Democracia. En la constitución que yo deseo, considero que el derecho de un ciudadano a la información sobre la gestión gubernamental es de importancia vital. En tal sentido y ante la próxima Asamblea Constituyente, reto y ruego a sus futuros miembros a considerar lo siguiente:

 

En Venezuela mucha de la desconfianza en nuestro sistema político y mucha de la renuencia a pagar impuestos se centra alrededor de la creencia, casi con carácter de absoluta certeza, de que en el país abundan las nóminas fantasmas y el pago de doble remuneración, aún cuando este último esté prohibido en nuestra actual Constitución (Art.123). 

 

Por el manejo irregular de una partida confidencial hemos enjuiciado a un Presidente pero, al observar las admitidas dificultades que tiene el sector público en conocer su nómina, parecería que el presupuesto nacional íntegro, es la madre de todas las partidas confidenciales.

 

Hoy, debido a los avances tecnológicos es posible establecer, a un costo muy bajo, una base de datos centralizada, que provea de forma inmediata, en tiempo real y a cualquier ciudadano que así lo desee, los datos exactos sobre todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones,  municipios y cualquier otro ente oficial, así como de todos los pagos que se le hagan a tales organismos.

 

La base de datos anterior puede organizarse para facilitar la búsqueda de información por cédula, por nombre, por contrato de servicio, por fechas, por entidad, por escuela, por ministerio, por alcaldía, por gobernación, etc. 

 

Imagínense si, so pena de prisión, se le prohibiera a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro. Plantéense la posibilidad de que cualquier venezolano pueda, a través de Internet, tener acceso a esa base de datos y obtener la información que desee. !Qué triunfo para la legitimidad de la democracia!

 

En las declaraciones sobre los derechos humanos de los países desarrollados, el derecho a la información es parte integral de la libertad de pensamiento y expresión y donde básicamente se estipula que tales derechos incluyen la libertad de buscar, recibir e impartir información. 

 

Dentro de este contexto, resulta algo sorpresivo descubrir, el gran adelanto que, en esta materia, tiene Sur Africa  ya que en el Artículo 32 de su constitución se establece que "Todos tienen derecho de acceso a cualquier información en posesión del estado" y que "Debe promulgarse Legislación Nacional que garantice tales derechos"  sólo condicionado a que tal legislación "puede proveer medidas razonables para aliviarle al Estado la carga administrativa y financiera que resulte”.

 

Dentro de nuestra Constitución, esta materia pudiera estar en cierta forma tratada en su Artículo 67, en el que se establece que "Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna respuesta”. Las únicas otras referencias, que conseguimos en nuestra Carta Magna en materia de información, las encontramos en la calificación del censo y de las estadísticas como materia de competencia nacional y en los diversos informes que sobre la gestión del año anterior deben presentar al Congreso el Presidente, los Ministros y el Contralor General de la República.

 

Justamente las referencias a lo de una  "oportuna respuesta" y “los obligados informes sobre el año anterior”, ilustran la urgencia de adaptar al mundo moderno, tanto a Venezuela como a la mayoría de los demás países. Hoy, la información y las respuestas pueden ser, y por eso deben ser, inmediatas, en línea y en tiempo real. Para la Memoria y Cuenta de una gestión anterior, donde hoy solo se pierde tiempo, tanto el del los funcionarios públicos como el nuestro, muy bien podríamos contemplar crear la figura de un Cronista del Gobierno de Turno, y que éste eche sus cuentos en las plazas públicas.

 

Amigos, de ninguna forma sugiero que elijamos exclusivamente a nuestros Bill Gates criollos como constituyentes. ¡No! ¡Dios nos libre de eso!. No obstante, sí estoy seguro de que si dejamos el proceso Constituyente exclusivamente en manos de leguleyos de inspiración Robespierrana o en manos de aquéllos que tengan intereses por mantener las tinieblas, que tradicionalmente afectan la transparencia de la gestión oficial, pasaremos vergüenza, inspiraremos pena ajena y muy pronto tendremos que repetir todo el proceso.

PD. Enero 2026: #IA – ChatGPT -Grok: ¿Pueden proporcionarnos un sistema que, en tiempo real, nos indique cómo se distribuyen y utilizan los ingresos de los recursos naturales de Venezuela?

 

Tratando de minimizar los peajes a la red

Tocando las puertas del próximo milenio, es indiscutible que el mundo del Internet, red o web, como quiera llamársele, se vislumbra, en todas sus facetas: comunicación, información y comercio, como uno de los elementos más importantes para sustentar las expectativas de desarrollo de un país. De la manera como se regule, dependerán nuestras posibilidades para aprovecharlo.

Hoy, cuando en Venezuela observamos la posibilidad de una nueva Ley de Telecomunicaciones y próximamente enfrentaremos el (ansiado) final del período monopolístico de la CANTV, sin duda nos encontramos ante una encrucijada. En nombre del usuario, frecuentemente ausente en la toma de decisiones, deseo plantear de manera algo cruda la problemática presente.

De un lado, se encuentra todo el universo de jóvenes venezolanos, futuros empresarios, profesionales y obreros calificados, para quienes un acceso eficiente y gratuito a la red pudiese, con toda seguridad, significar mucho más que una Fedecámaras, una Universidad y un INCE, por representativos, buenos y eficientes que estos entes puedan ser.

Del otro lado, encontramos aquéllos para los cuales la posibilidad del cobro de un peaje por el acceso a la red conforma el negocio principal. Me explico.

Si el derecho de proveer el acceso a la red, la concesión, se otorga de manera gratuita, lo único que hay que asegurar, en materia tarifaria, es que éstas cubran los costos operacionales, la recuperación de la inversión directa y la generación de un cierto margen que incentive proveer al usuario del mejor servicio posible. 

Pero, y como ha sido costumbre en nuestro país, si por el derecho de proveer el servicio, la concesión, el Fisco desea cobrar una gigantesca prima, a las tarifas anteriores, habrá que añadirle las exigencias de rendimiento que la misma prima genera. 

Por cuanto es obvio que el usuario desea pagar lo menos posible y la empresa de comunicaciones no tiene un interés intrínseco de invertir más de lo necesario, resulta claro que los únicos beneficiados del esquema basado en captar una prima alta son el Fisco, los bancos que mercadean oportunidades de inversión y los capitales ávidos por rendimientos.

¿Qué puede hacer un usuario para defenderse de estas primas? En mi opinión, la única posibilidad que tenemos, es descubrirle el juego a los actores.

Las primas son, en todo el sentido de la palabra, impuestos entregados al Fisco por adelantado y que serán pagados a través de la aplicación de tarifas más altas que las necesarias, durante toda la vigencia de la concesión. 

De igual manera, podemos sostener que las primas equivalen a una deuda que contrae el Fisco ya que éste gasta (malgasta) los fondos y deja que el contribuyente sirva la deuda. Por supuesto, debemos hacer caso omiso a los débiles de mente que sostienen que en este caso no se trata de una deuda por cuanto, si no usamos la comunicación, no la tenemos que pagar.

La prima que recarga la inversión necesaria, especialmente cuando el país atraviesa dificultades con un limitado acceso a capitales, con frecuencia resulta financiada en mercados marginales, que presentan exageradas expectativas de retorno.

Igualmente, debemos aceptar que el Estado, siempre falto de recursos fiscales, simplemente no puede, por conflicto de intereses, cumplir de manera adecuada con el rol de representar o defender los intereses del usuario. En este contexto es indispensable para la sociedad civil imponer la figura del Ombudsman, de manera voluntaria o vía la Constituyente.

Debemos hacer algo urgentemente, por cuanto las recientes experiencias privatizadoras (de servicios públicos) no parecen favorecer a los usuarios. Basta citar, a título de ejemplo, el caso de la CANTV y el de la privatización eléctrica en Margarita. En el primero, sabemos que la CANTV se vendió sobre la base de generar altos ingresos para el Fisco y en cuanto a Margarita, ya los margariteños conocen que el precio por el “éxito” de la venta de la concesión eléctrica, no es otro que tarifas altas. 

El bien que un Ombudsman capaz puede hacer es grande. Como ejemplo y seguramente para frustración de los usuarios de celulares en Venezuela, me permito mencionar el caso de Israel, en donde las tarifas son 10 veces menos que en Venezuela. ¿La explicación? En ese país le otorgaron la concesión al que más líneas y menor tarifas ofreció. En Venezuela, al que más le pagó al Fisco.

Lo que sí es cierto es que El Defensor, el Ombudsman o como quiera que lo llamen, obligatoriamente debe provenir de un sector no tradicional. Aquellos representantes del sector privado o de los usuarios, que se dedicaron a aplaudir la “maravillosa” operación de la CANTV y los que hoy lloran (con razón) las posibilidades de que a Margarita le impongan un IVA, pero ayer aceptaron sin quejas una hipoteca eléctrica sobre la Isla, para remitirle al Gobierno Central una prima por millones de dólares, se encuentran descalificados para ocupar tal cargo.

Por Dios. No le robemos a nuestros jóvenes la posibilidad de tener un acceso lo más libre posible a la red. Si hay que cobrar impuestos, encontremos una manera menos regresiva para el futuro del país. Si no protestamos hoy, el día de mañana, algún genio, con la bendición de ese moderno Sheriff de Nothingham, el Fondo Monetario Internacional, se le ocurrirá la posibilidad de que el Gobierno venda una concesión de aire puro – oxígeno. ¿Cuántos recursos no se levantarían al considerar lo que el consumidor pagaría por respirar?

Economía Hoy 20 de abril de 1999

Asemaster

Nueva directiva de Asemaster

La Asociación de Egresados del Master del IESA, Asemaster, eligió a su nueva junta directiva para el período 1999-2001. Como miembros de la asociación fueron designados Luis Soto, presidente; Blanca Garzón, vicepresidente; Ana María Guevara, tesorero; Amelia Crespo, secretario. Como vocales fueron electos: Juan Aguilera, Christian Burgazzim Nelson Belfort, Agustín Cangas, Valery Cohen y Per Kurowski.

Luis Soto señaló que la nueva junta directiva se propone el fortalecimiento de la asociación para servir mejor a los intereses de los egresados del master, del IESA y del país con una actitud de responsabilidad y solidaridad social.

El Universal