La constituyente eléctrica

De acuerdo a la recientemente promulgada Ley del Servicio Eléctrico, se crea una Comisión Nacional de Energía Eléctrica CNEE, que será responsable de proteger los derechos e intereses de los usuarios del servicio eléctrico.Entre otros aspectos, le corresponde a la CNEE identificar la mejor teoría, métodos y modelos para lograr la asignación óptima de los recursos energéticos primarios y de su estructura tarifaria.

La importancia de la energía eléctrica para el mundo moderno es indiscutible, todos la necesitamos y todos la pagamos. Asegurar la participación ciudadana en tal proceso es importante y de hecho, la Ley le asigna a la CNEE la obligación de asegurar la permanente discusión pública y hasta menciona la figura consultiva de cabildos abiertos.

Para que tal discusión pública tenga sentido, es necesario que se comprendan algunas de las principales interrogantes que deben de ser respondidas. De manera muy simplificada, me permito asomar algunas de éstas.

En la mayoría de los países el problema de la energía eléctrica se resuelve simplemente con buscar la manera mas barata de generar, transmitir y distribuir electricidad. En un país como Venezuela, que cuenta con inmensas riquezas energéticas, apuntaladas en el caudal hidroeléctrico del Caroní y en los ingresos petroleros, que han hecho posible financiar su desarrollo, se debe además responder el cómo lograr distribuir tales riquezas de la manera más justa y productiva posible.

A nivel de políticas eléctricas mundiales, la fórmula o mecanismo más usado para establecer el precio de la energía primaria, consiste en que un agente central (despachador), en función del precio, compra electricidad hasta satisfacer las necesidades totales. El precio al cual hace su última compra, será el precio que cobra al consumidor y que paga al generador. Esto se conoce como fijar el precio en función del generador menos eficiente - el más costoso.

Por supuesto, en la vida real, lo anterior es algo más complicado teniéndose que incluir otro tipo de costos, como el de transmisión, el de servicios auxiliares que puedan necesitarse y una recompensa a aquellos generadores que sin vender, por razones de seguridad, guardan cierta parte de su capacidad a la disposición del mercado.

Analicemos entonces, para Venezuela, algunas de las implicaciones de aplicar el mecanismo anterior. ¿Qué precio se debe cobrar al consumidor y qué precio se debe pagar al generador? ¿Cómo funciona el sistema?

Para fines de ilustración, vamos a que el costo de producción de un Kw del Caroní sea de 1 céntimo de US$, el Kw generado con gas 1.5 cts. y el Kw generado con petróleo 2 cts. de US$. También supongamos que la hidro alcanza satisfacer el 70% de la demanda, la del gas el 20% y la generada con petróleo el 10%. `

De acuerdo a este escenario inicial, dado que se necesita de energía de petróleo para cubrir la demanda total, la fórmula indica que toda la energía primaria será cobrada y pagada a 2 cts. por Kw. En tales circunstancias, el Caroní, en vez de ser un proveedor de energía barata, se convierte en una efectiva maquinaria de recaudación de impuestos.

Lo anterior, de acuerdo a la teoría, es sólo temporal. En la medida en que se paga el precio de 2 cts. por Kw, precio nada atractivo para la generación con petróleo, pero muy interesante para la generación hidro o con gas, se efectúan nuevas inversiones en estas áreas y muy pronto, el 100% de la demanda se satisfacerá con hidro o gas, bajando el precio a por lo menos 1.5 cts. por Kw.

El nuevo precio de US$ 1.5 cts. por Kw desincentivará, por su parte, la realización de nuevas inversiones en gas, a menos que su tecnología mejore. Por otro lado, mientras que la hidro pueda desarrollarse a un costo inferior a este precio, su oferta aumentará y el precio seguirá bajando y, vivieron felices para siempre.

No siempre. El Estado puede tener un interés en usar la energía como medio para generar ingresos fiscales y en tal sentido, tomar la decisión de no invertir más en hidro o en gas, asegurándose un precio de 1.5 a 2 cts. de US$ por Kw.

Si Venezuela piensa establecer sus ventajas comparativas sobre la base de la energía barata, lo de usar la energía como instrumento de cobro fiscal, sería negativo. Por el contrario, si nadie es capaz de usar tal energía para desarrollar una actividad económica de importancia y tales ingresos fiscales son usados en la educación, buscando una ventaja distinta, esto, no necesariamente es malo.

Lo anterior nos indica la existencia de conflictos y la Ley, si bien indica la clara obligación de garantizar un suministro al menor costo posible, también exige que esto ocurra en concordancia con el desarrollo económico y social del país.

También es cierto que, cuando el Estado contribuye con una generación de energía primaria barata y si no existen los controles adecuados, puede que el resultado sólo sea abrir el espacio que permite ineficiencias aguas abajo, en la distribución y hasta en el consumo. En tal sentido la CNEE tendrá la obligación de crear estándares que permitan comparar la eficiencia de nuestra industria con la de otros países. Lo anterior, que se conoce como benchmarking, requiere de mucha habilidad para "apretar sin estrangular".

El guiar el futuro desarrollo del sector eléctrico es un campo minado con todo tipo de incertidumbres. Creo que la principal característica de los integrantes de la CNEE debe ser independencia y flexibilidad de criterios. Independencia para lograr navegar entre los diversos intereses y flexibilidad por cuanto en esta materia no hay dogmas ciertos y permanentes.

En el sector eléctrico también nos enfrentamos a un proceso constituyente.

http://suombudsmanelectrico.blogspot.com/1999/12/la-constituyente-elctrica.html

Democracia a la venezolana: La Ley de la Lotería Parlamentaria

En este momento, todo es blanco o negro. Es un «sí» o un «no». No existe la posibilidad de un «sí más» o un «no menos». Normalmente, cuando alguien se muestra indeciso, se convierte en el blanco de todo tipo de esfuerzos para ganárselo. Actualmente, sin embargo, se le ignora y se le tacha irrevocablemente de enemigo por ambos bandos. 

En estas circunstancias, asomarse al debate actual sobre la Constitución resulta arriesgado, a menos que se haga manteniéndose firmemente dentro del tradicional concepto venezolano de «ni uno ni otro, sino todo lo contrario». 

En una interesante conferencia de Alberto Rial sobre la competitividad en tiempos de crisis, a la que asistí, se planteó una vez más el eterno conflicto sobre cómo enderezar nuestro camino hacia el futuro. En este sentido —y con el fin de trazar un rumbo adecuado, tal como deseamos hacerlo— sería necesario dejar atrás una serie de valores culturales que podrían conducirnos a la posibilidad de convertirnos en unos «suizos irreversibles», algo que, ciertamente, no deseamos.

Uno de los pocos sectores que ha mostrado una vitalidad increíble en estos tiempos de recesión económica es el de la lotería. Se ha convertido ya en el mercado de capitales más importante del país, hasta el punto de que, probablemente, se haya erigido también en el mayor generador de empleo de la nación, después del sector público consolidado. 

Con el fin de estar a la altura de las circunstancias y de hallar soluciones democráticas que se ajusten al marco de nuestra realidad y de nuestros valores nacionales, se me ocurre lo siguiente:

La Ley de la LoteríaParlamentaria 

Art. 1 – Del Congreso. El Congreso deberá estar compuesto por 200 miembros, de los cuales 40 —cuyo mandato quinquenal expire— deberán ser renovados cada año el día 19 de abril. Un nuevo grupo de 40 miembros será elegido para sustituirlos.

Art. 2 – De la elección de los miembros del Congreso. La elección de los nuevos miembros del Congreso se realizará mediante un sorteo entre todos los venezolanos que hayan obtenido un título académico superior al de Bachillerato. Asimismo, deberán haber manifestado su deseo de participar y de servir a la Nación como miembros del Congreso, y haber adquirido un boleto con un valor de Bs. 25.000.

Dado que algunas personas podrían cuestionar la seriedad de esta propuesta, me gustaría destacar algunos de sus aspectos más favorables. 

Cualquiera que haya estudiado finanzas debería recordar la historia del ciego que lanza dardos contra un tablero en el que están pegados los nombres de todas las acciones que se cotizan en Wall Street. Al invertir en las primeras 100 que acierta, tiene muchas más probabilidades de hacerse rico que alguien que gasta siquiera un dólar buscando el sabio consejo de un banquero sobre la selección de acciones.

Ninguno de los miembros del Congreso que sean seleccionados habrá tenido que invertir ni un solo minuto —ni un solo centavo— en la tarea de cimentar esas relaciones de dependencia y conflicto de intereses que inducen a las autoridades a actuar de un modo que, tan a menudo, perjudica el interés nacional.

La duración limitada del Congreso (cinco años), sin una posibilidad real de volver a ganar la lotería, incentivará a sus miembros a dar lo mejor de sí durante su mandato. Además, el costo del boleto de participación cubrirá los gastos del proceso. 

Si adoptáramos este sistema, indudablemente lograríamos una representación mucho mejor de las buenas intenciones del país. Evidentemente —como ocurre con cualquier promedio—, muchos resultarían inútiles; algo que, por cierto, es de lo más habitual en la actualidad. No obstante, aquellos que sí den la talla podrían desempeñar su labor en un entorno mucho más saludable.

Con el sistema propuesto hoy, es perfectamente posible garantizar una selección verdaderamente aleatoria en la que la única mano inocente sea la de Dios. 

Por último —y muy a mi pesar—, comprendo que las probabilidades de que esta propuesta llegue a implementarse son muy escasas. La razón de ello es que, en muchos sentidos, la democracia se ha convertido en un negocio; y, en este sentido, todos aquellos que participan en ella —tales como los recaudadores de fondos, los conductores de autobuses que trasladan a la gente a los mítines, los analistas políticos y las agencias de publicidad— se opondrán a la eliminación del sistema electoral tradicional.

Por supuesto, propongo que utilicemos el método de la lotería únicamente en aquellos casos en los que los resultados impliquen que podemos —y debemos— conformarnos con un promedio. En el caso de la Presidencia, por ejemplo —en el que finalmente resulta elegida una sola persona—, existe una ventaja indudable en optar por la vía tradicional y directa de las elecciones. 

Al analizar las ventajas del sistema de lotería —tal como lo haría cualquier padre orgulloso—, me convenzo de que sus características democráticas son tales que, sin duda, debe haber más de un ciudadano suizo que esté contemplando la posibilidad de solicitar la ciudadanía venezolana. De manera irreversible.

Traducido por Google del Daily Journal.