La Asamblea Constituyente Sombra
Un grupo de amigos y profesionales, no afiliados a movimientos políticos, hemos decidido configurar una Asamblea Constitutiva Sombra con 131 miembros. Su objetivo principal es evaluar la actuación de los 131 constituyentistas con el fin de producir un ranking, desde el número 1 para el mejor, hasta el 131 para el peor, sin que se permitan empates.
Nuestra principal motivación es la certeza de que una nueva Constitución puede traer muchos resultados favorables para el país, pero que ello depende en gran medida de la actuación individual de cada constituyentista, la cual, a nuestro juicio, debería estar sujeta a un sistema de evaluación. En términos académicos, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser un curso donde sólo se inscriben oyentes. !No! Habrá exámenes, "quizes", tesis de grado, nota final y acto público de graduación. No habrá premios para el más fotogénico.
Creemos importante la sanción civil y el que se produzca un récord histórico, sobre el cómo sus contemporáneos evaluaron la gestión. Algo así como un pequeño “aide memoire” que, de haber existido, hubiera permitido separar, en los cuadros sobre la Declaración de Independencia, a quienes jugaron un papel fundamental, de aquéllos que sólo acudieron para quedar retratados por Juan Lovera o que simplemente buscaban un trago.
Aún no se sabe exactamente cómo se efectuará la evaluación, pero nuestro grupo se adhiere a una declaración de principios que creemos, puede indicar, por lo menos para un constituyentista medianamente inteligente, cómo debe comportarse para obtener una buena puntuación con nosotros.
Consideramos que dado que en el día a día, nuestro país es y será administrado por políticos, la Asamblea Constituyente nos brinda una oportunidad única para que la sociedad civil limite el ámbito de acción de los políticos. Así mismo es el momento oportuno para definir las sanciones a las que estarían sujetos los políticos de incumplir con sus responsabilidades. Para ilustrar nuestros principios, damos a continuación cuatro ejemplos sobre aspectos que nos agradaría fuesen contemplados en la nueva Constitución.
Evaluación. Creemos inútil garantizar en la Constitución los derechos a la educación y a la salud, si simultáneamente no se especifican las consecuencias de su incumplimiento. Se puede establecer un Comité de Evaluación Nacional, para que, en base a evaluar si en el respectivo sector ha mejorado o no la prestación de sus servicios, emita su veredicto a los treinta días después de haber finalizado la gestión del ministro de turno. El veredicto, sería publicado, a página completa en la prensa nacional, vía la emisión de unos Certificados de Patria, en una de los siguientes menciones: Agradecimiento, Cumplimiento, Indiferencia y Reclamo.
Auto-promoción. La publicidad para los políticos es una droga, llegando hasta el grado de que creen que una buena publicidad es un adecuado sustituto de una buena obra. A nuestro grupo le gustaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el siguiente articulado:
1. Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.
2. Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.
3. En toda actividad de promoción o información, e independie
Información. Aprovechando los avances de la informática y para evitar las sospechas, que alberga la sociedad civil, sobre un posible desvío de recursos (nóminas fantasmas y otras), nuestro grupo vería con interés, que se estudie la posibilidad de obligar a la creación de una base de datos central sobre las actividades gubernamentales. Dicha base debería ser completa, exacta y accesible a todos de manera económica, actualizada en tiempo real y abarcando todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones, municipios y cualquier otro ente oficial. So pena de prisión, se le prohibiría a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro.
Deuda Pública. La deuda pública, muy especialmente la externa, es uno de los principales males que agobia a nuestro país. La posibilidad de contratarla permite que una generación de venezolanos, de manera irresponsable, llegue a adelantar su flujo de caja, imponiendo el costo de su servicio a las futuras generaciones. En el debate actual, donde con frecuencia se menciona que con la Constitución "no se va al mercado", estamos convencidos de que, de haberse limitado la capacidad de endeudamiento del país en la llamada "moribunda", hoy, todos iríamos mejor al mercado.
Por cuanto los recursos también actúan como drogas para los políticos y el Congreso, al final, termina en manos de ellos mismos, puede que se necesite prohibir, de manera taxativa, el contratar deuda externa para así lograr que los prestamistas no se atrevan a cantarle a nuestros políticos, sus cantos de sirena.
