Mi paraíso fiscal no sería, como muchos podrían pensar, un país donde no se paga impuestos, sino un país con un sistema fiscal justo, transparente y eficiente; el cual, sin debilitar al ciudadano, logre generar los ingresos fiscales que permitan al Gobierno acometer lo que los ciudadanos consideren que debe acometer por cuenta de ellos... y más nada.
Actualmente tal paraíso fiscal no existe en ninguna parte. De hecho, lo que predomina en el mundo son unos verdaderos infiernos fiscales kafkianos. Todo país que logre transformarse en un paraíso fiscal, tendrá todas las de ganar.
Mi paraíso fiscal, se regiría por los siguientes dos principios:
1. Toda persona tiene el derecho inalienable de contribuir con su país pagando impuestos, no importa cuán pobre sea. Además es inaceptable que la ciudadanía pueda ser odiosamente dividida, por políticos y burócratas interesados, en pagadores y no pagadores de impuestos.
2. El Estado no debe percibir ingresos por concepto de cualquier otro impuesto que los pagados directamente por los ciudadanos en nombre propio. Es un derecho inalienable de los ciudadanos que sus gobiernos trabajen exclusivamente para ellos, sin que otros mecenas o interesados puedan introducir confusión en tal relación.
En tal sentido, en ese paraíso fiscal, toda persona que recibe, así sea un solo bolívar en ingresos, por cualquier concepto, pagaría impuestos. El impuesto, por supuesto de índole progresivo, podría por ejemplo ubicarse entre el 10 y el 49 por ciento. Ni pensar que el Estado se quede con la mayor parte del ingreso de cualquier ciudadano, por adinerado que sea el contribuyente.
Las empresas no serían gravadas con impuestos, por cuanto su función es la de crear trabajos y aumentar los ingresos gravables de los ciudadanos, algo que pueden lograr mejor sin distorsiones fiscales. Por supuesto, las empresas quedarían obligadas a enterar un impuesto por los dividendos pagados a quienes no se encuentren fiscalmente domiciliados en el país.
Todo los demás ingresos que puedan ingresar al Estado, por ejemplo las provenientes de las resultas petroleras, aranceles netos y utilidades cambiarias, serán repartidos directamente entre los ciudadanos, en la medida que las realidades macroeconómicas así lo permitan, y formarán parte de sus correspondientes ingresos gravables.
El ingreso fiscal recaudado por el Estado central sería automáticamente repartido según un situado constitucional bastante descentralizado, y el cual visualizo como en un 10 por ciento para las gobernaciones y un 40 por ciento a los municipios, distribuidos 90 por ciento en base de la población y 10 por ciento en base al territorio. Los municipios podrán además cobrar sus respectivos impuestos a las propiedades, residenciales.
En casos de emergencia nacional, y contando con el voto favorable del 80 por ciento de los asambleístas, la Asamblea Nacional podrá igualmente decretar un impuesto sobre el valor de los activos financieros hasta por un máximo del 1 por ciento anual, hasta por períodos máximos de 3 años.
¿Privatizaciones de servicios públicos? Por supuesto que sí, pero siempre adjudicándolos sobre la base de minimizar las tarifas para los usuarios y no, como suele ser, para maximizar el ingreso del Estado.
¿Deuda pública? Ni un céntimo más que el 30 por ciento del PIB, y solo a largo plazo.
Agradezco toda sugerencia que pueda hacer aún más paradisiaco mi paraíso fiscal.
