¿Han oído a alguien decir que un país es 30% más justo que otro? Por supuesto que no. La Justicia, situada sobre un continuo que va desde su total ausencia hasta la Justicia Divina, es muy difícil de medir. Las injusticias son más fáciles de identificar y todos sabemos que en la mayoría de nuestros países, las cárceles representan una de las peores.
Para darle el mejor uso posible a los recursos escasos resulta importante poder medir los resultados y en tal sentido las reformas judiciales en muchos de nuestros países, a veces financiadas con la ayuda de los entes multilaterales, podrían avanzar más rápido de concentrarse en eliminar las injusticias, por ejemplo mejorando las instalaciones penitenciarias, que buscando justicia invirtiendo en tribunales.
En las primeras semanas de 2007 ya hemos sido impactados con noticias sobre 16 presos muertos en una riña en Venezuela y otros 20 en El Salvador. Al estar los jueces muy conscientes que las condiciones que rigen en las cárceles son tan vergonzosas que hasta pueden parecerse a las de un campo de exterminación nazi, a veces nos preguntamos si no se debería demandar ante la Corte Internacional de Justicia, a los propios jueces, por sus crímenes contra la humanidad.
Cuando entonces observamos como tantas personas que provienen de Centroamérica son devueltas por los Estados Unidos a sus países de origen, en razón de haber cometido algún acto criminal, aún a sabiendas que esos países no tienen los recursos necesarios para enfrentar ese problema y menos aún lograr la rehabilitación social del preso, es claro que nos encontramos sumergidos en un círculo criminalmente vicioso.
Para lograr salir de esta centrífuga-del-terror los Estados Unidos deberían entonces ayudar a los países de Centro América a construir y operar unas mejores cárceles. Tal colaboración podría ser efectuada por algunos estados manteniendo presos en una cárcel en Centroamérica, en lugar de en California, Virginia, o Maryland.
Hoy, en E.U. existen cerca de 2.2 millones de presos, de los cuales muchos son originarios de Centroamérica y cada uno de ellos le puede costar a su respectivo estado entre 30.000 a 20.000 dólares anuales, dependiendo si las cárceles son públicas o están siendo operadas por empresas privadas. Lo anterior evidencia el inmenso potencial de ganar-ganar que existe en una propuesta que al mismo tiempo que logra introducir unas modernas cárceles en Centroamérica, le facilita a los estados de este país lograr sus equilibrios fiscales.
Las referidas cárceles, que serían operadas por empresas especializadas sobre la base de estrictas certificaciones de calidad, del tipo ISO 9000 y supervisadas por organizaciones independientes podrían, una vez amortizada la inversión con los ingresos de proveer servicios a los Estados Unidos, ser transferidas a los gobiernos de Centroamérica.
De la misma manera que las franquicias del tipo McDonald’s lograron transferir mejores estándares de servicio a muchos países en vía de desarrollo, unas McCárceles ayudarían a mejorar los sistemas carcelarios, educando a personal especializado y estableciendo los puntos de comparación que estimulen el tan necesario sentido de la vergüenza.
Aquí es donde se origino.
