La Electricidad de Caracas (EdC) lleva más de 100 años prestando un buen servicio público con características de monopolio sin poseer una concesión formal. Conforme al artículo 112 de la Ley, la EdC debe firmar un convenio con el Ministerio de Energía y Minas, a fin de que concluido un plazo transitorio, le otorguen formalmente una concesión. Negociar una concesión para una ciudad como Caracas no es cosa menor, como tampoco lo es el definir sobre qué bases se debe remunerar a la empresa.
Supongamos, para fines de ilustración, que construir una red de distribución buena y eficiente para Caracas con una vida útil promedio de 30 años costaría, a precios de hoy, 3.000 Millones de dólares. Supongamos también que, habiendo el consumidor amortizado una buena parte de su costo, el valor contable de esa misma red asentado en los libros de la EdC sea de 1.000 millones de dólares
Ante tal situación yo, como usuario consciente deseoso de que el servicio se mantenga, pero no a costa de regalarle mi dinero a la EdC, podría pensar que una manera lógica para remunerarle el valor de su red de distribución, sería cancelándole el mantenimiento de la misma y amortizando lo aún no recuperado por la empresa. El costo de mantenimiento anual estaría en el orden de 100 millones de dólares (dividiendo los 3.000 entre 30 años) y la amortización, a 30 años y al 12%, de los 1.000 millones no recuperados por la empresa, daría 124 millones, por lo que Caracas debería tener que pagar, vía tarifas, un total de 224 millones de dólares anuales por el uso de la red.
Cuál no sería entonces mi sorpresa cuando la única alternativa propuesta en el debate equivaldría a cancelarle a las distribuidoras eléctricas el valor de una red referencial a costo de reposición, es decir, los 3.000, que calculados también al 12% a 30 años, implicarían una anualidad de 372 millones de dólares.
Como consumidor, ante una muerte anunciada, protesté la diferencia anual de los 148 millones de dólares, argumentando que si en base al artículo 50 de la Ley, finalizada la concesión, los concesionarios sólo tendrían derecho al pago de la parte no depreciada de las inversiones prudentemente realizadas, es decir a los 1.000 antes referidos, cómo entonces podrían, como reguladores, aceptar los 3.000 como base.
Obviamente no esperaba ver caras amigas en la EdC, pero tampoco caras tan poco amigas entre las autoridades. Lo que se me había olvidado era que en el debate público, que en privado sostienen las autoridades del Gobierno y las empresas, lo que se negocia ayer hoy y siempre, es cómo repartirse los 2.000 millones de dólares sin que les importe un pito el consumidor. Mientras el Gobierno siga con planes de privatizar, buscará tarifas altas para vender caro y quien no lo crea, que se lo pregunte a Margarita.
Así que.... ¡Fuera Kurowski!
Posdata. Siendo un jugador global, AES conoce bien del efecto perverso de las privatizaciones en las tarifas y por eso compró la EdC.
Publicado en El Universal, Caracas, 27 de Julio de 2001
http://suombudsmanelectrico.blogspot.com/2001/07/del-porqu-no-me-quieren.html
