Los ingresos petroleros actuales no están logrando reactivar el aparato productivo en las magnitudes que deberíamos esperar por cuanto, hablando en términos de lluvia, mojan, pero no empapan a la economía nacional. Tratar de analizar las razones de ello requerirían de todo el espacio asignado, razón por la cual voy a limitarme a exponer una idea concreta, que quizás pudiera significar para la economía algo como aquellos cartuchos que se usaban hace tiempo para arrancar los motores de los aviones.
Esta al igual que muchas otras de las propuestas que circulan, también se basa en tratar de reactivar al sector de la construcción. No obstante, su enfoque difiere por cuanto en lugar de buscar subsidiar a quien está muy lejos de tener la capacidad adquisitiva suficiente para comprar su vivienda, busca asegurar que el que objetivamente debería tener con que, pueda comprarla.
Al contemplar cómo nuestros graduados universitarios, aún consiguiendo empleos, no pueden adquirir su vivienda, no debemos albergar dudas de estar justamente ante un grupo que ciertamente merece que el país apueste a su favor, generando una fuente de créditos a largo plazo, mucho más cuando ello puede ayudar a reactivar la economía y también a reactivar la intermediación financiera.
En tal sentido, propongo que le ofrezcamos a 10.000 profesionales universitarios, que tengan hasta 6 años de graduados y que actualmente puedan referenciar un ingreso formal o informal equivalente de por lo menos 1.200 dólares mensuales, un número igual de créditos habitacionales por un monto máximo de 40.000 dólares cada uno, pagaderos en 20 años.
La tasa de interés, para que no se pueda acusar al programa de dar subsidios mayores al de absorber la tasa de riesgo país, podría basarse en la tasa que se cobra por créditos similares en los Estados Unidos, más un margen de por ejemplo el 2.5%. Lo anterior significaría aproximadamente un 10%.
Los créditos, que serían utilizables sólo para adquirir viviendas, cuya construcción se inicie después de haberse decretado la línea de crédito, podrían ser otorgados directamente por el Estado o a través de la banca. En el caso de la banca, ésta podría recibir los fondos al 7.5% y absorber el riesgo crediticio con el margen.
A 700 bolívares por dólar los créditos equivaldrían a 28 millones de bolívares cada uno, implicando, a una tasa del 10%, el pago de cuotas mensuales de 270.000 bolívares (9.650 bolívares por millón). ¿Cuáles serían los resultados esperados de la propuesta?
En primer lugar, el hecho de que 10.000 profesionales tengan un cupo asegurado de 40.000 dólares para adquirir viviendas hará que muchos promotores puedan iniciar la ejecución de proyectos, que se adecuen a tales necesidades. Esto sin duda ayudaría a reactivar la economía – ya que construir viviendas con mercado asegurado equivales a arar profundo y moja.
En segundo lugar, contribuiría con una modesta ayuda a resolver la necesidad de vivienda de 10.000 profesionales, que deberían estar en capacidad de generar un nivel de ingresos suficientes como para pagar una cuota mensual equivalente a 386 dólares mensual. De no ser cierta tal premisa, es decir, de no lograr tal capacidad de pago, entonces francamente se justificaría el cierre de todo el sistema universitario, ya que sería preferible utilizar los fondos destinados a la educación a otros fines, tales como a construir viviendas.
El hecho de que los créditos se denominen en dólares no debería causar mayor temor, por cuanto ello permitiría ofrecer una tasa de interés nominal relativamente baja a quienes en verdad no merecen subsidios. Si bien, para una obligación a corto plazo, tal como la de una tarjeta de crédito, el efecto de una devaluación sería total e inmediato, en el caso de un crédito a largo plazo, el profesional dispondría de un plazo suficiente que le permitiría ajustar sus ingresos. Por cierto, la propuesta en cuestión no tiene nada que ver con una dolarización de la economía.
El programa, de estar bien diseñado y ante nada bien implementado, podría dar lugar a una cartera sana, que en el corto plazo sería negociable en el mercado financiero, liberando así fondos que permitirían repagar o expandir la oferta. Los futuros fondos de pensiones podrían ser los compradores naturales, ya que para ellos representarían una oportunidad de inversión a bajo riesgo. Con el tiempo, este programa podría incluso hasta ayudar a renacer aquellas fuentes de fondos, que como las cédulas hipotecarias, significaron para tantos venezolanos la posibilidad de comprar su vivienda, opción ésta a la que tristemente nuestra juventud no ha tenido acceso desde hace muchos años.
¿Cómo debería implementarse este programa? Ante nada, el mismo debería ejecutarse de manera inteligente y honesta, para que cumpla con los objetivos definidos, sin permitir que sea desviado para satisfacer otros intereses, que aún cuando legítimos, no hayan sido contemplados, tales como financiar viviendas ya construidas. En la medida en que el programa reactive la economía, en esa misma medida también ayudará a vender las viviendas existentes.
Muchos se preguntarán: ¿De dónde vamos a sacar los 400 millones de dólares necesarios para disparar el cartucho? En mi opinión, podría usarse el mismo fondo de estabilización macroeconómica, ya que éste realmente no cumple ningún fin mientras la economía venezolana no se haya estabilizado y conseguido un rumbo de crecimiento.
Que nadie se equivoque. Lo descrito si bien es un cartucho de interés nacional, también constituye, por lo menos en su inicio, un importante sacrificio nacional. En este sentido, creo importante que el programa se rodee de los atributos que maximicen el compromiso del deudor para con el país. De más está señalar que el plan contempla un solo crédito por profesional y su abuso o no pago debería ser repudiado severa y públicamente.
Francamente, si no creemos que está en nosotros el poder apostar al hecho de que nuestros profesionales, durante los próximos 20 años, puedan repagar unos créditos razonables para adquirir viviendas relativamente modestas, entonces apaguemos la luz.
Economía Hoy, 10 de Octubre de 2000
