Como muchos venezolanos, he reflexionado sobre la Constituyente. Al principio, era de los que opinaba, que si bien era cierto que parecía necesario hacer algunos cambios a nuestra Constitución, éstos, en todo caso, podrían hacerse por la vía de reformas, sin necesidad de acudir a lo que sin duda sería un proceso engorroso.
Hoy, cuando la Constituyente, por su acogida, casi es un hecho cumplido, mi enfoque pasa a ser uno de "si vamos hacerlo, hagámoslo bien". Analizado desde este punto de vista, sacudido el temor al proceso y abrazada la esperanza de su potencial, debo reconocer que me he vuelto un ferviente y entusiasta defensor de la Constituyente
Mi entusiasmo se multiplicó al descubrir que Venezuela posee, en este momento, la oportunidad única de crear, para el mundo, la primera Constitución del próximo milenio. Para lograr estar a la altura de estas circunstancias, creo indispensable aplicar el proverbio Chino, que nos pide apuntar bien alto a las estrellas por cuanto, aún cuando no las alcancemos, llegaremos mucho más alto, que si apuntamos a algo más cercano.
No le resto importancia a la historia y creo que podemos y debemos extraer muchos conocimientos de ella, para el momento de redactar una constitución. No obstante, dar una excesiva importancia a expertos constitucionalistas, podría hacernos perder una oportunidad para lograr modernizar, a fondo, nuestra realidad constitucional.
Acepto que existen reformas necesarias, que se sitúan dentro del contexto de un debate tradicional constituyente, tales como las que atañen al poder judicial y a la capacidad tributaria de los estados y municipios.
Igualmente, requerimos de reformas que surjan de nuestras propias realidades. Entre éstas y vista nuestra nefasta experiencia, se encuentra la de limitar el endeudamiento del Estado. Por tener la certeza absoluta de que, de vez en cuando, tendremos gobiernos incapaces de resistir los cantos de sirena, terminando, a cuenta de nada, por hipotecar el futuro de otras generaciones de venezolanos, considero que la limitación a la deuda del Estado debe tener rango constitucional. Si Venezuela no hubiese incurrido en su deuda pública externa, por existir una disposición constitucional que lo prohiba, les juro y les apuesto toda mi trayectoria profesional, que gracias a esa Constitución, los venezolanos de hoy, “iríamos mejor al supermercado”.
Otra reforma, de las originadas en nuestra propia realidad y que considero necesaria, es aquélla que establezca la obligación de que en la administración de las empresas del Estado, exista una efectiva representación de la sociedad civil. Por ejemplo, opino que una Junta Directiva de PDVSA, cuyos miembros fuesen elegidos por voto popular, rotando un cierto porcentaje de los mismos en cada elección nacional, pudiese ser una excelente opción, para asegurar que no hayan presiones indebidas por parte del sector político o de los tecnócratas del petróleo.
No obstante todo lo anterior, en estos momentos, lo que más deseo destacar, es el hecho de que, como resultado de los grandes cambios ocurridos en el mundo, existe la urgencia de introducir consideraciones de tipo constitucional, sobre aspectos que nunca han sido contemplados, en sus cartas magnas, por país alguno. Permitiéndome, a tales efectos, sugerir las siguientes:
· La revolución informativa. Si se puede afirmar que "una Democracia con hambre no es Democracia”; más válido debe ser decir que "una Democracia sin información, tampoco es Democracia". ¿Acaso no es un derecho del ciudadano el poder conocer la nómina pública, el monto de deuda externa del país, las recuperaciones “reales” de Fogade, etc.?
No hay duda, que la tecnología que hoy existe, para recaudar y diseminar información, permite que una sociedad tenga el derecho de exigir de sus gobernantes un nivel de información, dramáticamente distinto, al que podría contemplarse cuando fueron redactadas las constituciones actualmente vigentes. Creo que en nuestra Constitución del 2000, se debería consagrar el derecho del ciudadano a estar informado sobre la gestión gubernamental, de forma válida, detallada y en tiempo real.
· El poder de la publicidad. De haber conocido, en su época, el impacto que tienen los medios de publicidad hoy en día, estoy seguro que los redactores de las constituciones vigentes hubiesen introducido limitaciones a la publicidad oficial. Debería prohibirse que la Nación, los estados, los municipios, entes gubernamentales y/o empresas del Estado, gasten un sólo centavo, en el pago de publicidades, claramente dirigidas a promocionar la imagen personal y política de algún funcionario público de turno.
· La globalización. Sin duda, el sólo tratar de redefinir el concepto de Nación, dentro de lo que es un mundo, donde las relaciones globales se intensifican, segundo por segundo, es un reto cuya importancia se pierde de vista. Qué orgullo sería para Venezuela el poder reencontrarse a sí misma, de una forma que guíe e ilumine a los demás países, que andan perdidos, que probablemente son todos.
Enfrentemos con entusiasmo el reto de mostrarle al mundo que Venezuela es capaz de producir una Constitución, que sea ejemplo para el próximo milenio. Caso contrario, no sólo habremos desperdiciado una oportunidad histórica, sino que, para colmo de males, al poco rato, seguramente tendríamos que convocar a otra Constituyente.
Economía Hoy 12 de enero de 1999
