A mis amigos, en broma y en serio, les comento sobre una reciente pesadilla en la cual el abuelo cariñosamente les regaló a sus nietas, mis hijas, unas acciones de la CANTV, con el resultado de que ellas, utilizando mi menguado flujo de caja, ahora se dedican durante todo el día a efectuar llamadas con la firme esperanza de cobrar un dividendo. El conflicto de interés al cual apunto, es decir, por un lado el consumidor de un servicio público que desea un servicio eficiente y barato y por el otro lado el inversionista que requiere un rendimiento, ha sido muy ignorado en Venezuela.
Cuando en 1991 se otorgaron las concesiones a las empresas de telefonía celular en Israel, el criterio de adjudicación consistía en seleccionar la empresa que ofrecía el mejor y mas barato servicio al consumidor. En Venezuela las ventas de empresas de servicios públicos o de concesiones similares se fundamentan en la maximización del ingreso del Estado, logrado mediante una especie de cobro de impuestos por adelantado, el cual será repagado por el consumidor año tras año por la vía de tarifas altas. Los resultados están a la vista, en Venezuela el costo por minuto de la telefonía celular supera en mas de diez veces el costo prevaleciente en Israel.
No hay razón para oponerse a que el Estado, por vía de la privatización, transfiera al sector privado la responsabilidad relativa a la prestación de un servicio público. No obstante, cuando la anterior transferencia se efectúa para enriquecer al Estado, al maximizar el precio de venta, nos enfrentamos a una nueva y extraña versión de un neoliberalismo tropical, inventado no para servir las necesidades de los ciudadanos, sino para satisfacer los inagotables requerimientos de ingresos de un sector político estatal.
Hoy, como consecuencia de la venta de CANTV, estamos cancelando mensualmente altos impuestos al pagar tarifas telefónicas superiores a las necesarias de no existir los políticos o el fisco demostrado tanta avaricia en el momento de la privatización. Para colmo, nuestros pagos ni siquiera aparecen registrados como impuestos que son, permitiéndole así a los políticos seguir sosteniendo la absurda tesis de que Venezuela es un país con una baja presión tributaria.
En estos momentos se acaba de anunciar la próxima privatización del Sistema Eléctrico de Margarita (SENE). Entre los anuncios se menciona un incremento de tarifa del 20% para 1999 y una "tarifa especial" para los temporadistas. Por cuanto soy temporadista y sospecho que una "tarifa especial" no se trata de algo bueno sino de algo muy costoso (los políticos han aprendido mucho de los vendedores de tiempo compartido), protesto este nuevo impuesto.
Supuestamente el 29 de este mes anunciarán el Precio Base del SENE, precio mínimo al cual habrán de otorgar la concesión eléctrica de Margarita por 50 años. A los que tienen un interés en Margarita les conviene recordar que por cada dólar que indique tal precio habrá por parte del inversionista la exigencia de un rendimiento y para el usuario la consecuencia de una mayor tarifa. La relación es muy sencilla. Si suponemos que no se hubiese incluido la promesa de un aumento del 20% para 1998 es muy posible que un inversionista pudiese seguir interesado en acometer las inversiones necesarias para que Margarita tenga un buen servicio de luz pero por supuesto tendría que ofrecer un menor precio al Estado.
Alguien puede protestar que el Estado no tiene derecho de vender estos activos por nada. No estoy seguro. La verdad es que los activos eléctricos de Margarita fueron financiados por los ingresos del Estado (principalmente los petroleros) por voluntad propia del Estado y como resultado de la gestión política de distribución de ingresos que se había aceptado. En estos momentos en que el Estado de hecho se esta librando de la responsabilidad de darle servicio eléctrico a Margarita, el que además trate de cobrar por esto me parece mas que exagerado.
Es mas, para el caso de Margarita, antes de que la Isla acepte que el Estado se desentienda de su futuro eléctrico (lo cual de todas formas le habrá de convenir a la Isla) debería exigirle a éste que asuma la responsabilidad de construir un nuevo cable submarino para así asegurar que la Isla también pueda usar energía hidroeléctrica a un precio razonable, tal como se le permite a lugares mas distantes como el Zulia o se le quiere permitir a Brasil.
Muchos de los problemas aquí mencionados surgen de haber encargado de las privatizaciones de los servicios públicos a un ente como el Fondo de Inversiones de Venezuela cuyo objetivo natural debe ser el de maximizar los ingresos. Lástima que el FIV termine logrando sus objetivos en los casos equivocados.
Finalmente desearía comentar sobre la incomoda situación en que se ha colocado el Estado cuando por un lado existe la obligación política de ofrecer tarifas razonables a los electores y por el otro se ha dejado rastros de publicidad que han pregonado a los cuatro vientos (no necesariamente con permiso de la Comisión Nacional de Valores) las inmensas bondades de estas inversiones. De ser cierto el dicho "música paga no suena" o lo que es igual, "impuesto cobrado y gastado no rinde", no le auguro las mejores posibilidades a los inversionistas.
Para evitar cualquier malentendido debo precisar que estos comentarios se refieren a la privatización de empresas proveedoras de servicios públicos. Para el caso de empresas como Sidor, es lógico que el Estado haya buscado maximizar sus ingresos.
