Con la luz no se juega. Esta advertencia, normalmente dirigida a los niños, resulta igualmente válida para los adultos, ya que la electricidad y la eficiencia con la que se presta tal servicio, es de importancia fundamental para el país.
Por el peligro que puede estar presente al introducir consideraciones políticas, de índole cortoplacista, frecuentemente resulta tentador para una sociedad, aislar al sector eléctrico y dejarlo en manos de algunos de los expertos en ese campo. Hasta la fecha éste parece ser el caso en Venezuela.
Hoy nos enfrentamos con una nueva realidad. Quizás basado en los mismos preceptos, que indican que “la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a los políticos”, la recién promulgada Ley del Servicio Eléctrico obliga a considerar, de manera directa, la participación activa en el sector de actores hasta ahora ausentes, entre ellos, los usuarios y los entes políticos descentralizados – los municipios.
Estoy de acuerdo con la nueva Ley pero, para que la participación democrática en el sector eléctrico sea constructiva y no distorsionante, resulta indispensable que se cuente con información completa, veraz y oportuna.
Esta semana, en televisión, dirigentes municipales del Zulia protestaron ante la posibilidad de aumentos en las tarifas. Por supuesto que un aumento duele y muy especialmente en las actuales circunstancias económicas por las cuales atraviesa el país. No obstante, un gran estímulo para la protesta se fundamenta en que, de verdad, la sociedad desconoce en general las verdaderas causas y orígenes de los aumentos y por tal razón, le resulta difícil establecer si la distribución de los sacrificios, es justa o no.
El Alcalde Zuliano – protestando los aumentos – argumentaba que para Maracaibo serían especialmente injustos, por ser la ciudad en Latino América con mayor consumo de electricidad per cápita. Desde su perspectiva su argumento parece perfectamente válido, pero, debido a los cuantiosos recursos de inversión que requiere el sector eléctrico, alguien puede objetar lo anterior.
Por ejemplo, un alcalde de un municipio que presenta un bajo consumo, pudiese exigir una tarifa baja como premio por ahorro y solicitar que se castigue al maracucho, con el fin de lograr una baja en el consumo de electricidad. Bien podría aludir aquella vieja contradicción que dice que Maracaibo, de forma simultánea, es la ciudad más caliente y la más fría de Venezuela, en este último caso, por la intensidad con la cual usan los aires acondicionados.
Entrar de árbitro en el ring para solucionar la disputa entre los dos alcaldes, sin un buen reglamento y confiables fuentes de informacion, sería un esfuerzo inútil y quizás hasta peligroso.
De igual manera, debe ser importante tener a la mano información válida con respecto a cómo el país distribuye la hidro-electricidad y el gas, dos bendiciones de la naturaleza que deben permiten producir una electricidad económica. Es obvio que, en este sentido, algunas regiones deben estar logrando mayores beneficios que otras y esto no puede propiciar un clima de entendimiento.
Finalmente, existe lo relativo a la eficiencia operativa de las empresas eléctricas y de sus necesidades de inversión. El consumidor, las autoridades regulatorias, o hasta las mismas empresas, no tienen la más mínima idea si en Venezuela, en términos reales, existe una industria eléctrica eficiente o no. Por ejemplo, ¿Qué significa que una empresa estatal del interior ofrezca tarifas muy inferiores a las de una empresa privada en la capital? De verdad, sin información adicional, verdaderamente pertinente, esto podría significar absolutamente cualquier cosa.
Aún cuando la función regulatoria, de acuerdo a la Ley, se encuentre situada en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las obligaciones que la Ley le impone a las municipalidades, parecen implicar la necesidad de suministrarle a cada municipio, información individual y pormenorizada.
Intuitivamente, lo anterior me parece una maravilla. El día que cada municipio tenga información sobre su propia realidad, cuánto consumen, cuánta energía se pierde – o se roba, cómo pagan sus ciudadanos sus facturas, cuál es el impacto en sus tarifas a cuenta de un ente estatal que no paga sus facuras, cuánto es el subsidio en hidro y gas que le otorga la Nación, etc, ese día le habremos proporcionado la luz al sector eléctrico. Ese mismo día tendremos la posibilidad de tener un sector eléctrico racional.
Igualmente, un ciudadano necesita tener suficiente información para poder evaluar la gestión de las municipalidades y para determinar si la labor de sus autoridades municipales es mejor o peor que las otras. Un ranking del servicio eléctrico en las distintas municipalidades es un buen sitio donde comenzar.
Por último, relativo al acercamiento entre el sector eléctrico, usuario y municipio, creo que se debe fomentar todas aquellas pequeñas cosas que ayudan promover entre las partes, la buena voluntad y la comprensión de los sacrificios que siempre son requeridos para el buen funcionamiento de los servicios públicos.
En tal sentido, sugiero analizar la posibilidad de que representantes de la comunidad, puedan participar en la empresa eléctrica de su localidad. Estos representantes podrían, para un periodo determinado, ser elegidos de manera aleatoria (loteria) entre quienes expresen su voluntad y presentan ciertas calificaciones mínimas. Si en otros lugares se ha experimentado con un puesto en la Junta para la representación laboral, qué extraño tiene el ofrecérselo a quien la empresa se debe, su cliente obligado.
Igualmente creo que no se debe ignorar el significado del nombre de la empresa. Una empresa que se llama La Electricidad de Caracas, tiene por definición un mayor vínculo con su comunidad, que empresas con nombres tipo CADAFE.
Publicado en Economía Hoy el 25 de Enero de 2000
