Al fin, después de décadas de discusión, tenemos una Ley de Servicio Eléctrico, que permitirá invitar a los capitales privados a que participen en la solución de los problemas de suministro eléctrico del país. Ahora bien, debemos evitar que esos nuevos fondos vayan a ser desviados para solucionar problemas ajenos al sector eléctrico o para mejorar el flujo de caja general del Estado, como ocurrió en experiencias recientes. Me explico.
Uno de los conceptos financieros más errados de la actualidad es el que considera que el monto pagado por un inversionista por una concesión eléctrica constituye una simple y pura ganancia del país. NO, lo que el inversionista paga es, en esencia, una deuda a ser cancelada, en este caso, no mediante intereses y amortización, sino mediante el pago de tarifas eléctricas.
Supongamos que por una concesión eléctrica de 25 años, con tarifas bajas y con necesidad de inversiones en mejoras por US$ 100 millones, a ser ejecutadas en el plazo de un año, un inversionista está dispuesto a pagar US$ 1 millón. Supongamos también que al vendedor de la concesión le interesa recibir más dinero. ¿Qué puede hacer?
Primero: Ofrece mayores tarifas. Si el consumidor paga más, habrá una mayor utilidad, mayores dividendos y por lo tanto el negocio vale más. El vendedor de la concesión duplica las tarifas, por lo que el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 50 Millones.
Segundo: Permite alargar las inversiones. Si al inversionista se le autoriza a prolongar el período de los desembolsos, algunas de las inversiones serán cubiertas con el flujo de caja propio del negocio y, obviamente, así se le hace más atractivo. El vendedor permite que los US$ 100 Millones de inversión requerida se ejecuten a razón de US$ 20 millones anuales, por cinco años y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 60 Millones.
Tercero: Se alarga el plazo de la concesión. A mayor el plazo, el negocio vale más. El vendedor extiende el plazo de la concesión a 50 años y el comprador está dispuesto a pagar hasta US$ 70 Millones.
Cuarto. Todo inversionista tiene diversos intereses. El vendedor los averigua, los satisface y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 90 Millones.
Conclusión: Nada es gratis y cada dólar recibido tiene su contrapartida.
En la prensa seguimos leyendo sobre las expectativas del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) de recibir US$ 700 Millones por las privatizaciones pendientes en el sector eléctrico. Para ello deberá, en diversas combinaciones, ofrecer mayores tarifas que las necesarias, aminorar el ritmo de las inversiones requeridas, otorgar plazos de concesión mayores a los originalmente contemplados o satisfacer cualquier otro interés del inversionista, aún cuando no el mismo no esté ligado al sector eléctrico.
En otras palabras, para lograr captar US$ 700 Millones es necesario hacer del sector eléctrico un gran negocio en sí. Por cuanto la existencia de un servicio de energía eléctrica barato y de buena calidad es una de las principales ventajas comparativas que puede tener un país para desarrollar otros negocios, lo anterior preocupa.
Uno de los riesgos de ejecutar un programa de privatización del sector eléctrico, sin previamente haber definido políticas y marco regulatorio, es que se configuren distintas realidades tarifarias para distintas áreas del país. Aún en el mejor de los casos, aquél donde la aspiración del Estado se limita a satisfacer la necesidad del usuario, sin buscar obtener un rendimiento especial, esto puede ocurrir. Por ejemplo, en épocas de turbulencia económica, una misma concesión puede requerir, para lograr su exitosa adjudicación, de un pliego tarifario mucho más alto que el necesario para una época de bonanza económica.
Es lógico que dentro de un mismo país exista cierta uniformidad entre las tarifas eléctricas. Por ello sería injusto que una zona pague altísimos costos eléctricos por haber sido privatizada pre Asamblea Constituyente, con el petróleo a US$10; mientras que otra zona, por haber tenido la suerte de ser privatizada después de la ANC y con el barril a US$ 25, pague menos.
La nueva Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tiene sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar el problema planteado. A tal fin, recomiendo: 1) Estimar una tarifa meta óptima "promedio nacional"; 2) Revisar las fuentes de recursos y normas compensatorias, las cuales probablemente deben ir mucho más allá de los subsidios contemplados en la Ley y 3) Diseñar la metodología para ejecutar tales compensaciones sin introducir distorsiones.
La Ley fija un plazo no mayor de dos años para que entre en funcionamiento la CNEE. Ojalá que no sea necesario esperar tanto. Venezuela tiene urgencia en comenzar a invertir en soluciones eléctricas, pero no puede darse el lujo de que tales soluciones se enmarquen dentro del actual modelo, que ha producido resultados poco deseables, como en el caso de Margarita.
Me permito recordarles que la concesión de Margarita, SENECA, se vendió valorizada en US$ 90 millones, habiéndose ya recibido US$ 63 Millones por la venta del 70%. Los fondos fueron casi íntegramente enviados a Caracas para solucionar problemas de caja del Gobierno Central. Como consecuencia de ello la Isla quedó hipotecada con una estructura tarifaria bastante más alta que la necesaria. Como usuario en Margarita espero de la CNEE que no nos dejen abandonados a nuestra mala suerte.
Publicado en Economía Hoy el 5 de Octubre de 1999
