La ausencia del quid-pro-quo en el mantener el status quo

Una inmensa porción de todo el ordenamiento jurídico económico, que hoy día rige el comercio internacional, se encuentra dirigida a garantizar los derechos de la propiedad intelectual, sean éstos marcas, patentes o de otra índole.

En principio, no hay nada malo con lo anterior, pues suena lógico y justo que quien con trabajo haya logrado generar los valores, que tales bienes intelectuales representan, ciertamente debería ver compensado sus esfuerzos. De seguro, el mundo también habrá de verse beneficiado por todas las mejoras o satisfacciones que de ahí se deriven.

No obstante, debemos recordar que hoy la propiedad intelectual no se refiere, tanto a las creaciones individuales de un Benjamin Franklin, un Shakespeare o un Mozart, sino más bien representan, en su mayoría, propiedades corporativas, resultados de esfuerzos que han requerido de un gigantesco pool de conocimientos dominados, grandes técnicas de coordinación, inmensos capitales y un tremendo poder de difusión. En tal sentido, cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual en verdad estamos hablando del derecho económico del status-quo.

Que el derecho económico del status-quo impere, no tiene nada de novedoso y mucho menos estoy buscando replantear un debate en términos ya superados, como los del Norte-Sur. Lo que sí me atrevo a preguntar es si un país como Venezuela ha logrado negociar un quid-pro-quo razonable, que le justifique firmar convenios internacionales, que sin duda son de mayor interés para el mundo ya desarrollado.

Para empezar, creo que la historia económica está llena de ejemplos, que demuestran la validez de la pillería como elemento de desarrollo. Un país que se encuentra en los peldaños inferiores de su desarrollo económico y que puede derivar beneficios de robar y copiar buenas ideas o marcas, no necesariamente debería renunciar formalmente a tal opción, sin nada a cambio. 

Como ejemplo, veamos el caso de un buen padre de familia, que no tiene con qué comprarle unos jeans Calvin Klein originales a su hijo, pero que sabe que con una copia puede satisfacerle. Si la copia cuesta la quinta parte del precio original, de verdad, pocos de nosotros vacilaríamos en recomendarle, en términos criollos, que “le eche pichón”. Por supuesto, en este sentido debemos recordar, que tampoco fue invento del padre, introducir en la televisión de su hogar, la campaña pro Calvin Klein.

Si en el ejemplo anterior, en vez de pantalones estuviésemos hablando de medicinas vitales, el argumento antes indicado sería aún más contundente.

Tampoco es fácil que, a corto plazo, Venezuela pueda generar sus Bill Gates criollos pero, probablemente, de lograrlo, le sería casi imposible evitar que éstos vendan sus inventos a los capitales del mundo desarrollado y hasta se muden del país. En fin, las perspectivas de que Venezuela logre equilibrar la balanza de comercio intelectual, se vislumbran como pobres.

En los Estados Unidos hoy trabajan dos millones de salvadoreños y un millón de guatemaltecos, quienes le producen a sus países de origen, mediante remesas familiares, ingresos que superan lo obtenido por la exportación de café. No es mi intención discutir lo negociado por otros países pero, de pronto, El Salvador y Guatemala tienen un quid-pro-quo que les satisface. 

En el caso de Venezuela, nuestros negociadores internacionales parecen haberse dejado convencer por los bellos cuadros, que les han pintado de una Venezuela próspera sobre las bases del turismo, la agricultura, la industria y servicios. A mí, esto no me convence. Como mínimo y antes de seguir discutiendo, Venezuela debería exigir que a su principal producto de exportación, el petróleo, que es su ventaja comparativa por excelencia, se le dé un tratamiento justo. 

Hoy, los gobiernos de la casi todos los países del mundo desarrollado, han decidido utilizar al petróleo y sus derivados como un vehículo para cobrar impuestos. Por ejemplo, en Europa durante este año hubo ocasiones donde si bien al consumidor se le cobraban Bs. 661 por litro de gasolina, sin embargo, al productor, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, sólo se le entregaban unos míseros Bs. 68, apenas un 10% del precio. El distribuidor, por su parte, recibía 42 Bs. (un razonable 6%), mientras que el Fisco Europeo confiscaba Bs. 552, un obsceno 84%.

Los Bs.552 cobrados por el Fisco, al compararse con los Bs. 68 recibidos por el productor equivalen, para todos los fines prácticos, a un arancel comercial superior al 800%. Sin duda, de no aplicarse estos impuestos, el productor petrolero sencillamente vendería más petróleo a mejores precios. Para Venezuela, esto pudiera fácilmente significar más de US$ 15.000 millones anuales. ¡En menos de dos años pagaríamos la deuda externa total!

Hay que ver lo que en Venezuela habría que trabajar para generar vía el turismo, la agricultura, la industria y los servicios, un monto similar al antes mencionado. Y que no vengan con el cuento de que todo es para salvar a Venezuela de un amoral rentismo. La protección de la propiedad intelectual tiene el mismo origen, el defender la renta.

No hay derecho que Venezuela coopere, sin pelear, en remunerar los bienes intelectuales, fruto de ideas renovables, cuando a ella se le reconoce sólo una fracción del valor de sus activos no renovables. Por favor, antes de que sólo nos quede la opción de negociar unos cuantos millones de visas de trabajo en el extranjero a favor de nuestros ciudadanos .... ¡Vuelvan caras!

 

Información global – creciente confusión

Hace aproximadamente una semana, tomé un humilde y destartalado taxi desde el aeropuerto hasta la ciudad capital de un pequeño país centroamericano. Durante el viaje, el igualmente humilde taxista me dio una lección magistral sobre la globalización. Después de haberle informado de mi procedencia, preguntó en una larga fase sin aliento: “¿Ha logrado el Comandante Chávez deshacerse del Magistrado Sosa? Por cierto, ¿dónde está Venezuela exactamente? Cerca de España, ¿no?

El taxista había demostrado simultáneamente un conocimiento sorprendente sobre la política interna de Venezuela y una ignorancia casi vergonzosa sobre la geografía básica. Este incidente me impulsó a reflexionar sobre el tema de la información global. Para empezar, es evidente que cuando se habla de este tema confuso, más no es necesariamente mejor. Una mayor cantidad de información puede simplemente significar más datos irrelevantes, la mayoría de las veces a expensas de la pertinencia. Asimismo, demasiada información puede confundir las cosas y plantar tantos árboles que se vuelve imposible ver los bosques.

En Venezuela, por ejemplo, y sin entrar en detalles, sorprende ver cómo la mayoría de la nación sigue ciega a las terribles implicaciones que tienen sobre nuestro país los impuestos a los productos petroleros que cobran las naciones consumidoras.

El ejemplo mencionado hace que sea tentador establecer prioridades. Sin embargo, quiénes somos para determinar si la política interna de un país es más o menos relevante para alguien como mi taxista que la ubicación geográfica de ese mismo país. Es más, cuando lo piensas, podría ser que en un mundo globalizado, la geografía como la estudié ya no es realmente relevante.

Al observar lo rápido que crece el volumen de información, recuerdo que hace unos años sostuve la tesis de que la falta de información en realidad podría ser valiosa como promotora del desarrollo. En ocasiones, el desconocimiento de ciertos asuntos mantuvo vivo el sueño de encontrar el valle más verde.

Estos sueños son los que llevaron a los estadounidenses a invertir en Italia, a los italianos a mudarse a Venezuela y a los venezolanos a buscar trabajo en Estados Unidos. Esto generó un crecimiento económico en todos lados.

La velocidad cada vez mayor del flujo de información actual también plantea algunas dudas.

Aunque ciertamente es ventajoso asegurar que la información correcta y relevante, así como las buenas noticias, se transmitan rápidamente, también es cierto que esta misma velocidad se suele aplicar cuando se propaga información incorrecta e irrelevante, así como cuando se incrementan los volúmenes de malas noticias.

Por alguna razón no totalmente identificada, creo que el efecto de aumento de la velocidad sobre la mala información es de alguna manera mayor que sobre la buena información. Hacer las paces, por ejemplo, requiere un tiempo que a menudo no está disponible. Provocar la guerra a menudo toma solo unos segundos.

También es digno de reflexión quiénes son los creadores y receptores de información. No cabe duda de que los inversores extranjeros que más desea atraer el país son los que traen consigo una visión de largo plazo y que, por tanto, crearán muchos puestos de trabajo permanentes.

Lamentablemente, sin embargo, frecuentemente confundimos las políticas económicas que son positivas y adecuadas para el país con la información que el capital de corto plazo quiere ver. El principal motivo de esto es que son precisamente esos inversores a corto plazo los que más presionan por una información urgente y globalizada.

Como resultado de esto, a menudo vemos esquemas económicos basados ​​en altas tasas de interés, una moneda fuerte, equilibrio fiscal y puritanismo económico. Sin embargo, todo lo que los inversores a largo plazo realmente quieren y necesitan es una buena demanda interna y un tipo de cambio competitivo.

Escribo artículos, y para lograrlo utilizo con frecuencia fuentes de información que, a pesar de ofrecer mucho detalle, no son necesariamente relevantes ni completas. Mi taxista me recordó este riesgo. Puede que haya salido como un idiota en muchos de mis artículos y probablemente ni siquiera lo sepa debido a la cordial discreción de mis lectores. Si este fuera el caso, gracias. Recuerda que mi ego no es tan fuerte como el del New York Times, y si he pecado, prefiero no saberlo.

Traducido del Daily Journal

La Constituyente y la deuda y los impuestos

Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Una vez sea aprobada la nueva Constitución, las aguas del río regresarán a su cauce y con ello volveremos a ver a los mismos políticos con distinto cachimbo administrando el quehacer diario del país. Es por ello que debemos aprovechar la redacción de una nueva constitución, momento en el cual la sociedad civil tiene básicamente su único chance para verdaderamente lograr reglamentar la gestión de los políticos.

De la misma manera que me ilusiono con las posibilidades de que Venezuela, con su Constitución del Milenio, logre reformas fundamentales, debo prepararme para una posible desilusión ante una Constitución, tipo más de lo mismo. Para alguien que estaba esperando una constituyente anti política, los primeros pases parecen indicar la presencia de un constituyentismo demasiado político. Ojalá esté equivocado pero, hasta la fecha, el debate poco ha tocado temas de fondo como los que siguen.

En una empresa donde, conforme a sus estatutos, los administradores (politícos) deben obtener la previa autorización de los accionistas (ciudadanos) para asumir cualquier tipo de endeudamiento, parecería existir menos riesgo de quiebra que en el caso donde el administrador esté autorizado para firmar toda clase de deudas, así sea con el único propósito de aumentar sus propios sueldos. De la misma manera funciona el país. 

Tradicionalmente se ha argumentado que la mejor vía para enfrentar los abusos es la división de poderes. Opino que esta tesis ha sido sobrevendida, por cuanto la mayoría de los integrantes de los distintos poderes pertenecen todos a la secta de administradores políticos y en tal sentido, por instinto gremial, les resulta difícil ejercer un autocontrol. 

Por lo antes expuesto, creo importante que la ANC dedique tiempo y voluntad a tratar de lograr desarrollar un articulado que, sin ahogar, impida que la Nación nuevamente se endeude y vuelva a cometer el mismo error del pasado. Hay que tener siempre presente que si no se hubiera contraído la injustificada y pesada deuda, que hoy nos agobia, con toda seguridad hoy todos iríamos mejor al supermercado. 

Igual o mayor cuidado aún debemos tener con la creatividad que suelen desplegar los políticos a la hora de inventar nuevos impuestos. Su inventiva en esa área es ilimitada y en tal sentido, basta con reflexionar cómo la sociedad, supuestamente pensante, aplaudió con entusiasmo hechos como la privatización del Sistema Eléctrico en Nueva Esparta (SENE).

El caso del SENE es un patético ejemplo, que ilustra la capacidad de generar nuevos impuestos, por cuanto a mi juicio no existen dudas acerca del hecho de que los fondos pagados al Estado por los inversionistas, constituyen impuestos anticipados, que serán soportados por varias generaciones de margariteños, quienes como consecuencia de dicha privatización deberán pagar tarifas eléctricas excesivamente altas. Otra hubiera sido la historia, si en lugar de ofrecer una estructura tarifaria tan generosa, como la usada como anzuelo para cobrar aprox. US$ 90 millones, se hubiera seleccionado a quien ofreciera estandares de servicios garantizados y tarifas más económicas.

Si yo fuera constituyentista, ante la ya anunciada amenaza de seguir con las privatizaciones de servicios públicos, trataría de darle rango consitucional al siguiente articulado: 

(a) Toda privatización de empresa de servicios públicos o el otorgamiento de una concesión para brindar estos servicios, sólo podrá incluir en los términos de adjudicación, los aspectos relevantes para ofrecerle al usuario mejores servicios a mejores precios. Se le prohibe al Estado cobrar ingresos directos por la venta de tales empresas o tales concesiones. 

(b) Se prohibe toda cláusula que pueda reforzar la naturaleza monopolística de los servicios públicos y que impida todo acceso inmediato a cualquier mejora o innovación tecnológica.” (Supongan que se invente un nuevo sistema de comunicación que permita hablar a locha la hora pero que, por existir concesiones otorgadas en base a tecnologías viejas, el país no pueda lograr estos ahorros.)

(c) Igualmente el Estado otorgará la exoneración de toda clase de impuestos a las empresas que brinden los servicios públicos antes mencionados.” (De esta manera se le evitaría a los políticos el molesto conflicto de abogar públicamente por unas tarifas bajas, cuando secretamente desean unas altas que maximizen las ganancias de la empresa y así les permitan cobrar más impuestos.)

Tradicionalmente, en Venezuela, el Estado vía la prestación de ciertos servicios públicos a menos de su costo, redistribuía algo de los ingresos petroleros. Por cuanto el Estado lamentablemente resultó ser demasiado malo como gerente, se consideró conveniente abrir espacios a la inversión privado. Por supuesto que al principio, al ver reducido su campo de acción, todos los políticos se oponían fuertemente a las privatizaciones. 

Poco a poco, ellos fueron cambiando de actitud. Su actual entusiamo se debe a que han descubierto la posibilidad de un Shangrila político, donde se quedan con todo el ingreso petrólero, transfieren todas sus responsabilidades al sector privado y encima de todo cobran por esto. Es deber ineludible de la Asamblea Nacional Constituyente asegurarse de que en la búsqueda de nuestra criolla versión de Shangrila, ésta sea para los ciudadanos y no para los políticos.