Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Una vez sea aprobada la nueva Constitución, las aguas del río regresarán a su cauce y con ello volveremos a ver a los mismos políticos con distinto cachimbo administrando el quehacer diario del país. Es por ello que debemos aprovechar la redacción de una nueva constitución, momento en el cual la sociedad civil tiene básicamente su único chance para verdaderamente lograr reglamentar la gestión de los políticos.
De la misma manera que me ilusiono con las posibilidades de que Venezuela, con su Constitución del Milenio, logre reformas fundamentales, debo prepararme para una posible desilusión ante una Constitución, tipo más de lo mismo. Para alguien que estaba esperando una constituyente anti política, los primeros pases parecen indicar la presencia de un constituyentismo demasiado político. Ojalá esté equivocado pero, hasta la fecha, el debate poco ha tocado temas de fondo como los que siguen.
En una empresa donde, conforme a sus estatutos, los administradores (politícos) deben obtener la previa autorización de los accionistas (ciudadanos) para asumir cualquier tipo de endeudamiento, parecería existir menos riesgo de quiebra que en el caso donde el administrador esté autorizado para firmar toda clase de deudas, así sea con el único propósito de aumentar sus propios sueldos. De la misma manera funciona el país.
Tradicionalmente se ha argumentado que la mejor vía para enfrentar los abusos es la división de poderes. Opino que esta tesis ha sido sobrevendida, por cuanto la mayoría de los integrantes de los distintos poderes pertenecen todos a la secta de administradores políticos y en tal sentido, por instinto gremial, les resulta difícil ejercer un autocontrol.
Por lo antes expuesto, creo importante que la ANC dedique tiempo y voluntad a tratar de lograr desarrollar un articulado que, sin ahogar, impida que la Nación nuevamente se endeude y vuelva a cometer el mismo error del pasado. Hay que tener siempre presente que si no se hubiera contraído la injustificada y pesada deuda, que hoy nos agobia, con toda seguridad hoy todos iríamos mejor al supermercado.
Igual o mayor cuidado aún debemos tener con la creatividad que suelen desplegar los políticos a la hora de inventar nuevos impuestos. Su inventiva en esa área es ilimitada y en tal sentido, basta con reflexionar cómo la sociedad, supuestamente pensante, aplaudió con entusiasmo hechos como la privatización del Sistema Eléctrico en Nueva Esparta (SENE).
El caso del SENE es un patético ejemplo, que ilustra la capacidad de generar nuevos impuestos, por cuanto a mi juicio no existen dudas acerca del hecho de que los fondos pagados al Estado por los inversionistas, constituyen impuestos anticipados, que serán soportados por varias generaciones de margariteños, quienes como consecuencia de dicha privatización deberán pagar tarifas eléctricas excesivamente altas. Otra hubiera sido la historia, si en lugar de ofrecer una estructura tarifaria tan generosa, como la usada como anzuelo para cobrar aprox. US$ 90 millones, se hubiera seleccionado a quien ofreciera estandares de servicios garantizados y tarifas más económicas.
Si yo fuera constituyentista, ante la ya anunciada amenaza de seguir con las privatizaciones de servicios públicos, trataría de darle rango consitucional al siguiente articulado:
(a) Toda privatización de empresa de servicios públicos o el otorgamiento de una concesión para brindar estos servicios, sólo podrá incluir en los términos de adjudicación, los aspectos relevantes para ofrecerle al usuario mejores servicios a mejores precios. Se le prohibe al Estado cobrar ingresos directos por la venta de tales empresas o tales concesiones.
(b) Se prohibe toda cláusula que pueda reforzar la naturaleza monopolística de los servicios públicos y que impida todo acceso inmediato a cualquier mejora o innovación tecnológica.” (Supongan que se invente un nuevo sistema de comunicación que permita hablar a locha la hora pero que, por existir concesiones otorgadas en base a tecnologías viejas, el país no pueda lograr estos ahorros.)
(c) Igualmente el Estado otorgará la exoneración de toda clase de impuestos a las empresas que brinden los servicios públicos antes mencionados.” (De esta manera se le evitaría a los políticos el molesto conflicto de abogar públicamente por unas tarifas bajas, cuando secretamente desean unas altas que maximizen las ganancias de la empresa y así les permitan cobrar más impuestos.)
Tradicionalmente, en Venezuela, el Estado vía la prestación de ciertos servicios públicos a menos de su costo, redistribuía algo de los ingresos petroleros. Por cuanto el Estado lamentablemente resultó ser demasiado malo como gerente, se consideró conveniente abrir espacios a la inversión privado. Por supuesto que al principio, al ver reducido su campo de acción, todos los políticos se oponían fuertemente a las privatizaciones.
Poco a poco, ellos fueron cambiando de actitud. Su actual entusiamo se debe a que han descubierto la posibilidad de un Shangrila político, donde se quedan con todo el ingreso petrólero, transfieren todas sus responsabilidades al sector privado y encima de todo cobran por esto. Es deber ineludible de la Asamblea Nacional Constituyente asegurarse de que en la búsqueda de nuestra criolla versión de Shangrila, ésta sea para los ciudadanos y no para los políticos.
