julio 27, 1999

De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

 De la pobre imagen de la Opep y de ventajas comparativas

Mensaje para la OCI. Hace unos 25 años, durante la explosión de los precios petroleros, en las gasolineras europeas, colocaban letreros que indicaban que de dicho precio sólo una pequeña porción correspondía a impuestos, imputando los altos precios a los "bandidos" de la OPEP. Desde entonces, los miembros de la OPEP hemos tenido una mala imagen, que se ha consolidado así en el tiempo gracias a los innumerables “reportajes” negativos sobre los “Jeques de la OPEP” publicados reiteradamente por la prensa europea, en donde proliferaban calificativos tales como antidemocráticos, usureros, irrespetuosos de los derechos de la mujer, jugadores y pretenciosos compradores de las mejores propiedades europeas.
En Junio de este año, de acuerdo a cifras suministradas por la Asociación de Expendedores de Gasolina de Inglaterra, de los Bs. 661 cobrados por cada litro de gasolina, el Fisco inglés retiene Bs. 552, al distribuidor le tocan Bs. 42 y el productor de la gasolina, aquél que tuvo que vender un activo no renovable, debe conformarse con unos míseros Bs. 68, que apenas representan un 11% del precio.
Hoy cuando le reclamamos a un europeo la injusticia anterior, puede que nos oiga, pero no nos escucha, probablemente debido a la ya mencionada imagen de "bandidos de la OPEP" que tenemos, aunque no seamos “los malos” de la partida. De allí que para lograr combatir los impuestos petroleros, sea indispensable combatir antes que nada esa distorsionada imagen.
No soy publicista, pero les confieso que dentro del marco de esta campaña de cambio de imagen, me provocaría publicar en Londres, Berlín, París, Madrid, Tokio y tantos sitios más, una tabla actualizada que, comparando los Bs. 552 que cobra el Fisco con los Bs. 68 del productor, evidencie la existencia de un simulado arancel comercial discriminatorio de más del 800%. Al lado publicaría fotos alusivas a la pobreza que sufre nuestro país y terminaría por acusarlos de ser unos grandes hipócritas por cuanto, mientras se dan golpes de pecho por el libre comercio y los derechos humanos, sólo son unos vulgares petro-piratas. 
Igualmente publicaría mensajes dirigidos a los ambientalistas, quienes no son más que los tontos útiles de los petro-piratas, a quienes les dedicaría fotos de los tendidos eléctricos que construimos hasta Brasil, amenazando la reserva de oxígeno del mundo, todo cortesía de una política de impuestos al petróleo que nos tiene empobrecidos y que de seguir, quien sabe, un día puede que nos obligue a usar la selva amazónica para producir carbón.
Obligaría a los medios de comunicación a suministrar diariamente, no sólo el precio del barril a nivel del productor, sino también el cobrado a nivel de consumidor, para que el mundo pueda percatarse de que el precio promedio mundial de un barril, a nivel del consumidor, probablemente ya haya traspasado la barrera de los US$ 100. 
Para quienes pongan en duda esto, consideren que de cada barril de petróleo se puede simultáneamente obtener 84 litros de gasolina, 12 de jet fuel, 36 de gasoil, 16 de lubricantes y 12 de residuales pesados. Si apenas calculamos el valor de los 84 litros de gasolina, cuyo precio mínimo en el mundo, exceptuando los Estados Unidos, es de US$ 1 por litro, ya tendríamos $ 84 por barril. De allí que aquéllos que hace años predijeron un valor superior a US$ 100 por barril de petróleo, no estaban equivocados, sólo erraron en quiénes se quedarían con el dinero.
Mensaje para Cordiplan. La teoría del Libre Comercio se fundamenta en explotar las ventajas comparativas de cada país. A partir de 1989, Venezuela inició, con gran entusiasmo, una apertura comercial que nos ha llevado a ser uno de los países más abiertos del mundo. En el camino firmamos todos los convenios requeridos, aún aquéllos que, como los de patentes y propiedad intelectual, nos parecían más destinados a conservar las supremacías existentes, que a fomentar nuestro crecimiento económico. 
Creo que tenemos el derecho de sentirnos confundidos y decepcionados. Al accesar el mercado internacional para nuestro principal producto, el petróleo, nos hemos topado con unos aranceles disimulados del 800% y además, en muchas de las áreas donde tradicionalmente se veían ventajas comparativas, éstas parecen haberse esfumado.
Gracias a asesores, como el F.M.I., hemos renunciado a fertilizantes baratos. Para el gas, ya hemos aceptado el concepto, bastante extraño por cuanto colide con el de las ventajas comparativas, de que es preferible que éste se pierda, antes de introducir en nuestra economía la “distorsión” de cobrar un precio menor al del mercado internacional. 
A causa de las privatizaciones, destinadas más a incrementar los ingresos del Fisco, que a garantizarle servicios confiables y accesibles al usuario, hoy estamos renunciando tanto a la tradicional energía barata, como a las posibilidades de desarrollo que ofrece Internet, al limitársenos acceder al mismo por las altas tarifas telefónicas. Parece que el país, en lugar de usar sus ventajas comparativas, las estuviera vendiendo.
Para los petro-piratas, es un dolor de cabeza que algunos países mantengan los impuestos al petróleo bajos. Así, algunas de sus industrias que requieran de este insumo, pueden estar tentadas a mudarse, perdiéndose entonces fuentes de trabajo. Esta debe ser la razón por la cual se presiona sobre Venezuela para que aumente los precios de la gasolina, aún cuando, los Bs. 68 que por un litro de gasolina puesto en Londres recibe el productor, no son muy distintos al neto que recibe el país, después de gastos de distribución, de los Bs. 80 por litro de gasolina alta, puesto en El Tigre.



julio 13, 1999

La Asamblea Constituyente Sombra

 La  Asamblea  Constituyente  Sombra

Un grupo de amigos y  profesionales, no afiliados a movimientos políticos, hemos decidido configurar una Asamblea Constitutiva Sombra con 131 miembros. Su objetivo principal es evaluar la actuación de los 131 constituyentistas con el fin de producir un ranking, desde el número 1 para el mejor, hasta el 131 para el peor, sin que se permitan empates.

 

Nuestra principal motivación es la certeza de que una nueva Constitución puede traer muchos resultados favorables para el país, pero que ello depende en gran medida de la actuación individual de cada constituyentista,  la cual, a nuestro juicio, debería estar sujeta a un sistema de evaluación. En términos académicos, la Asamblea Nacional Constituyente no puede ser un curso donde sólo se inscriben oyentes. !No! Habrá exámenes, "quizes",  tesis de grado, nota final y acto público de graduación. No habrá premios para el más fotogénico.

 

Creemos importante la sanción civil y el que se produzca un récord histórico, sobre el cómo sus contemporáneos evaluaron la gestión.  Algo así como un pequeño “aide memoire” que, de haber existido, hubiera permitido separar, en los cuadros sobre la Declaración de Independencia, a quienes jugaron un papel fundamental, de aquéllos que sólo acudieron para quedar retratados por Juan Lovera  o que simplemente buscaban un trago.

 

Aún no se sabe exactamente cómo se efectuará la evaluación, pero nuestro grupo se adhiere a una declaración de principios que creemos, puede indicar, por lo menos para un constituyentista medianamente inteligente, cómo debe comportarse para obtener una buena puntuación con nosotros.

 

Consideramos que dado que en el día a día, nuestro país es y será administrado por políticos, la Asamblea Constituyente nos brinda una oportunidad única para que la sociedad civil limite el ámbito de acción de los políticos. Así mismo es el momento oportuno para definir las sanciones a las que estarían sujetos los políticos de incumplir con sus responsabilidades. Para ilustrar nuestros principios, damos a continuación cuatro ejemplos sobre aspectos que nos agradaría fuesen contemplados en la nueva Constitución.

 

Evaluación. Creemos inútil garantizar en la Constitución los derechos a la educación y a la salud, si  simultáneamente no se especifican las consecuencias de su incumplimiento. Se puede establecer un Comité de Evaluación Nacional, para que, en base a evaluar si en el respectivo sector ha mejorado o no la prestación de sus servicios, emita su veredicto a los treinta días después de haber finalizado la gestión del ministro de turno. El veredicto, sería publicado, a página completa en la prensa nacional, vía la emisión de unos Certificados de Patria, en una de los siguientes menciones:  Agradecimiento, Cumplimiento, Indiferencia y Reclamo.

 

Auto-promoción. La publicidad para los políticos es una droga, llegando hasta el grado de que creen que una buena publicidad es un adecuado sustituto de una buena obra. A nuestro grupo le gustaría incluir en nuestra Constitución, dentro de un capítulo titulado "Limitaciones para los funcionarios en el uso de la publicidad", el siguiente articulado:

 

1.         Se prohibe el gasto publicitario relacionado con la ejecución y puesta en marcha de cualquier obra civil, que exceda del 1% del costo de dicha obra.

 

2.         Se prohibe a todo servidor público el usar, en relación con cualquier actividad oficial, adjetivo alguno destinado a darle una connotación favorable a la forma en cómo se ha cumplido con dicha actividad.

 

3.         En toda actividad de promoción o información, e independientemente de que el origen de los fondos para su pago, sea público o privado, se prohibe el uso del nombre propio, foto, o cualquier otro elemento que, de forma directa, pueda identificar de manera personal a un funcionario público o a una organización política.

 

Información. Aprovechando los avances de la informática y para evitar las sospechas, que alberga la sociedad civil, sobre un posible desvío de recursos (nóminas fantasmas y otras), nuestro grupo vería con interés, que se estudie la posibilidad de obligar a la creación de una base de datos central sobre las actividades gubernamentales. Dicha  base debería ser completa, exacta y accesible a todos de manera económica, actualizada en tiempo real y abarcando todo el universo de empleados y contratistas públicos, tanto del gobierno central, como de las gobernaciones,  municipios y cualquier otro ente oficial. So pena de prisión, se le prohibiría a todo funcionario público el hacer cualquier pago a persona o empresa que no esté identificada en tal registro.

 

Deuda Pública. La deuda pública, muy especialmente la externa, es uno de los principales males que agobia a nuestro país. La posibilidad de contratarla  permite que una generación de venezolanos, de manera irresponsable, llegue a adelantar su flujo de caja, imponiendo el costo de su servicio a las futuras generaciones. En el debate actual, donde con frecuencia se menciona que con la Constitución "no se va al mercado", estamos convencidos de que, de haberse limitado la capacidad de endeudamiento del país en la llamada "moribunda", hoy, todos iríamos mejor al mercado.

 

Por cuanto los recursos también actúan como drogas para los políticos y el Congreso, al final, termina en manos de ellos mismos, puede que se necesite  prohibir, de manera taxativa, el contratar deuda externa para  así lograr que los prestamistas no se atrevan a cantarle a nuestros políticos, sus cantos de sirena.