octubre 19, 1999

El Manifiesto Petropolitano

El Manifiesto Petropolitano
Somos un país petrolero, pero algún día dejaremos de serlo. Interpretar que el “sembrar el petróleo” signifique el tener que transitar de manera anticipada de una economía a otra, aplicando un modelo económico y desarrollando actividades económicas ajenas a una realidad petrolera, es equivocado y constituye la perfecta escusa para la desidia del hoy. 
Este mes, en Inglaterra, con el petróleo a más de US$ 20 por barril, el consumidor debe pagar Bs. 820 por litro de gasolina normal, del cual el distribuidor recibe Bs. 31, el productor, quien sacrifica un activo no renovable obtiene unos míseros Bs. 117, mientras que el Fisco inglés cobra unos impuestos confiscatorios de Bs. 672. De hecho, lo cobrado por el Fisco, al ser comparado con lo recibido por el productor, indica la existencia de algo similar a un arancel comercial que ronda los 600%.
Igual ocurre en Alemania, Japón, España, etc. Los impuestos, que los países consumidores aplican a los derivados del petróleo, implican para ellos sólo una redistribución de su ingreso nacional, mientras que, por sus efectos negativos en la demanda y en los precios del petróleo, originan una verdadera reducción del ingreso nacional de los países productores.
Los obscenos niveles en que dichos impuestos se sitúan hoy en la mayor parte del mundo, con la amenaza de ser cada día mayores, constituyen una guerra comercial declarada a los intereses económicos de Venezuela. El que nuestro país no proteste por ello, como tampoco protestó por la prohibición del uso de la Orimulsión en la Florida, es indicativo de una falta de voluntad y conciencia nacional, sin la cual, con o sin petróleo, no somos nada.
La histórica indiferencia de las autoridades (Gobierno y PDVSA) ante el problema señalado, originó la formación del movimiento PETROPOLITANO. Sus actividades se nutren de una serie de creencias, no inscritas en piedras, sino basadas en la continua interpretación que hacen sus miembros sobre los mejores intereses del país, que resumimos a continuación:
1. Los Petropolitanos creemos que la verdadera “siembra del petróleo” debe significar la siembra, en el corazón de los venezolanos, de la voluntad de defender, con orgullo y responsabilidad, sus intereses reales, que en esencia son y seguirán siéndolo por varias décadas, sus intereses petroleros. 
2. El valor de un bien se calcula en función del precio, que el consumidor final está dispuesto a pagar. De allí que la diferencia entre lo que hoy paga el consumidor mundial de gasolina y lo poco que el productor recibe, evidencian, dentro del marco de los principios del libre comercio, la presencia de una estafa. 
3. Seguros de que en la unión está la fuerza y más aún en un mundo globalizado, apoyamos la permanencia de Venezuela en la OPEP. No obstante, exigimos que esa organización desarrolle nuevas y mejores defensas de sus intereses. El no combatir los impuestos y limitarse a reducir la producción, sólo garantizan su extinción. 
4. Objetamos cualquier inferencia a una relación absoluta y necesaria entre los ingresos petroleros y un modelo económico dispendioso. Los resultados obtenidos hasta la fecha no guardan relación alguna con un modelo rentista. Si hubiéramos aplicado un verdadero y responsable rentismo, viviendo de una porción de las rentas y no de los capitales, la historia sería otra y Venezuela estaría en una muy envidiosa situación económica. 
5. Rechazamos cualquier expresión despectiva, tal como “excremento del diablo”, que dificulta el surgimiento de un necesario sentimiento de respeto y agradecimiento por el petróleo, sin el cual resulta imposible administrar nuestras riquezas para el bien de las futuras generaciones.
6. Por cuanto sabemos que el petróleo es un activo no renovable del país, creemos que la defensa de su precio y valor debe ser el principal objetivo de nuestra industria y rechazamos el concepto de una maximización de los ingresos corrientes, que se fundamente en el maximizar los volúmenes de venta. 
7. Aún siendo evidente su propósito fiscalista, los impuestos petroleros se ocultan tras el manto de un "proteccionismo verde". Al mismo tiempo que afirmamos un compromiso para con la defensa del ambiente, rechazamos, por injusto, que los países productores deban cancelar el 100% de su costo.
8. El petróleo ciertamente no genera mucho empleo. No obstante, debemos evitar caer en modelos esquizofrénicos donde el pais, siendo petrolero, trata con angustias de no serlo, cometiendo errores cuya incidencia sobre la generación de empleo estable es aún más negativa.
9. Los resultados de los acuerdos internacionales firmados por el país durante las últimas décadas, no compensan el costo de tener que respetar las fuentes de rentas del mundo desarrollado, tales como marcas y patentes, sin que ellos respeten nuestro derecho a obtener la mayor parte de lo que corresponde a la valorización de nuestro activo petrolero.
10. En la defensa del petróleo, no es posible sustituir la importancia de una voluntad sólida del país, con la contratación de asesoría y cabildeo internacional. 
11. Hay Patriotas dispuestos a dar la vida para el caso de que un ente extranjero se adentre en nuestro país, con el fin de extraer barriles de petróleo. Los impuestos al petróleo aplicados por el mundo consumidor son, en esencia, una invasión similar. Es responsabilidad del Petropolitano informar de esto.



octubre 05, 1999

La nueva ley eléctrica y las nuevas privatizaciones

Al fin, después de décadas de discusión, tenemos una Ley de Servicio Eléctrico, que permitirá invitar a los capitales privados a que participen en la solución de los problemas de suministro eléctrico del país. Ahora bien, debemos evitar que esos nuevos fondos vayan a ser desviados para solucionar problemas ajenos al sector eléctrico o para mejorar el flujo de caja general del Estado, como ocurrió en experiencias recientes. Me explico.
Uno de los conceptos financieros más errados de la actualidad es el que considera que el monto pagado por un inversionista por una concesión eléctrica constituye una simple y pura ganancia del país. NO, lo que el inversionista paga es, en esencia, una deuda a ser cancelada, en este caso, no mediante intereses y amortización, sino mediante el pago de tarifas eléctricas.
Supongamos que por una concesión eléctrica de 25 años, con tarifas bajas y con necesidad de inversiones en mejoras por US$ 100 millones, a ser ejecutadas en el plazo de un año, un inversionista está dispuesto a pagar US$ 1 millón. Supongamos también que al vendedor de la concesión le interesa recibir más dinero. ¿Qué puede hacer?
Primero: Ofrece mayores tarifas. Si el consumidor paga más, habrá una mayor utilidad, mayores dividendos y por lo tanto el negocio vale más. El vendedor de la concesión duplica las tarifas, por lo que el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 50 Millones.
Segundo: Permite alargar las inversiones. Si al inversionista se le autoriza a prolongar el período de los desembolsos, algunas de las inversiones serán cubiertas con el flujo de caja propio del negocio y, obviamente, así se le hace más atractivo. El vendedor permite que los US$ 100 Millones de inversión requerida se ejecuten a razón de US$ 20 millones anuales, por cinco años y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 60 Millones.
Tercero: Se alarga el plazo de la concesión. A mayor el plazo, el negocio vale más. El vendedor extiende el plazo de la concesión a 50 años y el comprador está dispuesto a pagar hasta US$ 70 Millones.
Cuarto. Todo inversionista tiene diversos intereses. El vendedor los averigua, los satisface y el comprador ahora está dispuesto a pagar hasta US$ 90 Millones.
Conclusión: Nada es gratis y cada dólar recibido tiene su contrapartida.
En la prensa seguimos leyendo sobre las expectativas del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) de recibir US$ 700 Millones por las privatizaciones pendientes en el sector eléctrico. Para ello deberá, en diversas combinaciones, ofrecer mayores tarifas que las necesarias, aminorar el ritmo de las inversiones requeridas, otorgar plazos de concesión mayores a los originalmente contemplados o satisfacer cualquier otro interés del inversionista, aún cuando no el mismo no esté ligado al sector eléctrico.
En otras palabras, para lograr captar US$ 700 Millones es necesario hacer del sector eléctrico un gran negocio en sí. Por cuanto la existencia de un servicio de energía eléctrica barato y de buena calidad es una de las principales ventajas comparativas que puede tener un país para desarrollar otros negocios, lo anterior preocupa.
Uno de los riesgos de ejecutar un programa de privatización del sector eléctrico, sin previamente haber definido políticas y marco regulatorio, es que se configuren distintas realidades tarifarias para distintas áreas del país. Aún en el mejor de los casos, aquél donde la aspiración del Estado se limita a satisfacer la necesidad del usuario, sin buscar obtener un rendimiento especial, esto puede ocurrir. Por ejemplo, en épocas de turbulencia económica, una misma concesión puede requerir, para lograr su exitosa adjudicación, de un pliego tarifario mucho más alto que el necesario para una época de bonanza económica.
Es lógico que dentro de un mismo país exista cierta uniformidad entre las tarifas eléctricas. Por ello sería injusto que una zona pague altísimos costos eléctricos por haber sido privatizada pre Asamblea Constituyente, con el petróleo a US$10; mientras que otra zona, por haber tenido la suerte de ser privatizada después de la ANC y con el barril a US$ 25, pague menos.
La nueva Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) tiene sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar el problema planteado. A tal fin, recomiendo: 1) Estimar una tarifa meta óptima "promedio nacional"; 2) Revisar las fuentes de recursos y normas compensatorias, las cuales probablemente deben ir mucho más allá de los subsidios contemplados en la Ley y 3) Diseñar la metodología para ejecutar tales compensaciones sin introducir distorsiones.

La Ley fija un plazo no mayor de dos años para que entre en funcionamiento la CNEE. Ojalá que no sea necesario esperar tanto. Venezuela tiene urgencia en comenzar a invertir en soluciones eléctricas, pero no puede darse el lujo de que tales soluciones se enmarquen dentro del actual modelo, que ha producido resultados poco deseables, como en el caso de Margarita.
Me permito recordarles que la concesión de Margarita, SENECA, se vendió valorizada en US$ 90 millones, habiéndose ya recibido US$ 63 Millones por la venta del 70%. Los fondos fueron casi íntegramente enviados a Caracas para solucionar problemas de caja del Gobierno Central. Como consecuencia de ello la Isla quedó hipotecada con una estructura tarifaria bastante más alta que la necesaria. Como usuario en Margarita espero de la CNEE que no nos dejen abandonados a nuestra mala suerte.
Publicado en Economía Hoy el 5 de Octubre de 1999