Parafraseando a alguien, diría que el petróleo es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de políticos y de tecnócratas petroleros. Por ello, considero que en la Ley de Hidrocarburos deberían incluir la supervisión ciudadana de la industria.
Para maximizar nuestros ingresos petroleros requerimos, sin duda, de una OPEP fuerte, lo que excluye toda participación privada directa en las actividades primarias de exploración y extracción. No obstante, hay ocasiones en las que un defensor ciudadano, un Ombudsman Petrolero, capaz, independiente y con recursos, puede y debe arbitrar a favor de los intereses petroleros del ciudadano común. Veamos algunos ejemplos:
Cuando nuestra industria petrolera se dividió en filiales, seguro que hubo duplicidad de costos, pero al menos presentíamos que se vigilaban entre sí. Ese modelo fue sustituido por un centralismo total, por lo que sería bueno saber, de alguien independiente, si esa reestructuración obedeció a criterios racionales o a simple apetito de poder.
El proceso de la Apertura, por su parte, siempre me pareció un negociado entre unos tecnócratas con sus propias agendas y unos políticos ávidos de recursos fiscales. “Déjame ejecutar la Apertura, tú rebajas los impuestos a cobrar el día de mañana y, vía una subasta, te hago llegar un cheque grande para que lo gastes hoy”. ¿Qué hubiera dicho un Ombudsman al respecto?
Se sospecha que para que las operaciones de CITGO lucieran mejor, se le vendía petróleo por debajo de su valor mercado. Algunos incluso sostienen que, para repatriar las ganancias ficticias, se firmó con los Estados Unidos el Convenio para evitar la doble tributación. Desconozco si será cierto o no, pero que exista la duda, ya de por sí es una vergüenza.
El impuesto sobre la renta de PDVSA debería ser del 0% y sus utilidades repartidas vía dividendos, por cuanto no es lógico que una empresa estatal pueda reducir el costo efectivo de sus gastos, con ahorros impositivos obtenidos a costa de su único accionista. Ahora bien, por cuanto no se le debe permitir a PDVSA extraer petróleo cubriendo sólo los costos directos, sin que le quede nada a la Nación por sacrificar un activo no renovable, también son necesarias regalías, pero éstas, cuando no son flexibles, pueden imposibilitar la actividad misma. El manejo fiscal de PDVSA, con una Ley rígida y en condiciones de mercado cambiantes, siempre será imperfecto. Un Ombudsman, que influya en cuánto y cuándo debe repartir PDVSA, podría ser parte de la solución.
¿Y quién no desea su presencia cuando, como sugiere la Ley, “... por circunstancias particulares ... podrá hacerse escogencia directa de las operadoras, previa aprobación del Consejo de Ministros”? Por no hablar de cuando a PDVSA la endeudan para pasarle fondos al Fisco o cuando la obligan a asistir al BCV en política cambiaria.
En fin, el binomio: chequera de PDVSA y poder político del Ejecutivo es demasiado fuerte para que exista una real división de poderes en Venezuela, así que... ¡Soberano, exija su Ombudsman Petrolero ya!
