Impuestos: ¿Deber o Traición?

Es la época del impuesto sobre la renta y acabo de cumplir con mi deber de ciudadano. Debo reconocer que comparado con lo que hubiese tenido que pagar en otras latitudes probablemente el ejercicio no me salio muy costoso. ¿Porqué no me siento satisfecho? ¿Será porqué me corroe una sospecha, ya con vicios de certidumbre, que de no haber pagado el impuesto mi país pudiese estar mejor?

El mismo día de mi declaración, justo al terminar de llenar mi planilla, leí en la prensa sobre la participación fiscal de PDVSA para 1997, equivalente a 4,87 de todos los bolívares del mundo y que, al recurrir a la calculadora, básicamente se traduce en 200.000 Bolívares por cada venezolano, rico o pobre, joven o viejo.

Me imagino que en el mundo internacional de las cargas fiscales, los 200.000 Bolívares y que equivalen a un monto cercano a los 400 dólares por año, no llegarían a ocupar una posición prominente pero, si lo expresamos en términos de algunos servicios públicos prestados, las cifras resultan abrumadoras.

Cada jubilado venezolano de aquellos a los que cariñosamente se denominan los viejitos, está supuesto a recibir 50.000 Bolívares mensuales. Usando la tecnología provista por la contabilidad moderna, la re-expresión, podemos entonces afirmar que cada venezolano, rico o pobre, joven o viejo contribuye al fisco, vía la cesión de sus ingresos petroleros, una cantidad equivalente a 4 meses de jubilaciones. Con esta cifras probablemente tendríamos derecho a aspirar, como contribuyentes, a un lugar en el Guiness Book de Records.

Y todo esto antes de incluir el impuesto a las ventas y cuyo monto no puede ser discriminado en el precio de venta del producto y para así tratar de ocultarle al contribuyente la realidad del tributo. Si a causa de mala conciencia o vagabundería que lo discutan otros.

Y todo esto antes de incluir los demás impuestos ocultos tales como las altas tarifas telefónicas que pagamos, a cuenta de que el fisco, para levantar nuevos recursos, venda cara las concesiones. Ya las autoridades (Conatel) anunciaron que para la próxima licitación de una concesión de teléfonos celulares "no hay que repetir el error de venderlo muy barato, en detrimento de los intereses del Estado y hay que cobrar mas de US$ 100 millones". Por supuesto que los 100 millones tendrán que ser repagados al inversionista por los usuarios, vía una tarifa más alta. Por supuesto nadie consideró el interés y el derecho del ciudadano de poder comunicarse de forma económica. Cualquier día de estos anuncian una concesión de aire puro.

Y todo esto antes de incluir los impuestos ocultos presentes en la prestación de unos pésimos servicio públicos.

Y todo esto antes de incluir las inmensas contribuciones que le hacen al fisco los médicos, profesores, maestros y demás profesionales que si trabajan y cumplen con sus deberes, percibiendo un ingreso menor al que les podría corresponder.

Y todo esto antes de los Impuestos sobre Activos Empresariales donde aún empresas que pierden deben pagar.

Y todo esto antes de los impuestos que hay que pagar sobre las ganancias derivadas de una revaluación teórica de los activos, pero donde según las últimas nuevas del Seniat, las pérdidas históricas sufridas, para fines de su compensación, no pueden ser re-calculadas a fines de considerar verdadero valor actual.

Y todo esto antes de considerar los impuestos astronómicos cobrados vía la seguidilla de devaluaciones y cuyo impacto queda evidenciado al establecer que nunca, antes o después de Colón, el sector público haya sido tan grande en relación al sector privado. La esencia de un modelo neoliberal es la reducción de la influencia del sector público. La interpretación tropicalizada que nuestros gobernantes le han dado a dicho modelo, les ha permitido justificar la venta de todo lo que ya paso la vida útil para ellos, sólo les causa problemas o peor aún requiere de inversiones. Daría la impresión que el sueño que en un horizonte visualizan, es quedarse con todos los ingresos fiscales pero sin ninguna de las correspondientes obligaciones.

Y toda ésta serie de inagotables contribuciones fiscales, voluntarias e involuntarias, abiertas o ocultas, son justificadas bajo la amenaza de que si no, viene el déficit fiscal, viene la inflación, y con estos dos viene el lobo. Señores, la inflación lleva años y hace tiempo que el lobo vino. Me parece que resultó ser el mismo fisco.

El problema de Venezuela no se encuentra por el lado de la contribución fiscal. El problema de Venezuela se ubica con una claridad cristalina por el lado del gasto fiscal. Es en tal sentido que presiento que, habiendo pagado mi planilla de impuestos, de verdad le pueda haber hecho un daño a mi país. Como alguien dándole drogas a un drogadicto. Como alguien dándole licor a un alcohólico.

La intención de estas notas no son la de satisfacer una simple curiosidad intelectual. La próxima vez que vean un niño sucio y hambriento abandonado en la calle y sin esperanzas, recuerden que el también le entrego al Estado de Venezuela, en 1997, 200.000 Bolivares.

Traducido del Daily Journal

Sabas Nieves

Sabas Nieves es uno de los senderos más populares del Ávila. En los últimos años, también ha sido objeto de frecuentes controversias, principalmente relacionadas con la forma de hacer un uso correcto de él sin causar un dolor indebido a los habitantes de la zona.

 Soy un visitante frecuente de Sabas Nieves; durante ciertos períodos me he vuelto casi adicto. Habiendo hecho evidente ahora el origen de la probable naturaleza subjetiva de mis comentarios, me abstendré de excusarme.

 

El ambiente entre vecinos y escaladores se ha desbordado con frecuencia. Recientemente ha llegado al punto en que los vecinos estuvieron cerca de poner barreras para limitar el acceso a la zona. Además, habiéndose tomado muy en serio la aplicación de modelos teóricos que exigían la imposición de tarifas por parte del Estado para todo tipo de servicios públicos y derechos de acceso, casi empezaron a cobrar peajes.

 

Una protesta sólida de los usuarios de los senderos, basada básicamente en la realidad amenazante de los números (es decir, los votos), le dio a los vecinos una derrota inicial. Lamiendo sus heridas, tuvieron que retirarse a sus guaridas e intentar idear nuevas estrategias.

 

Habiendo hecho eso, ahora han renovado su ataque. En esta ocasión, han desarrollado un plan mediante el cual ofrecen a los montañistas la alternativa de estacionar sus vehículos debajo de la Plaza Francia (todavía Altamira para algunos de nosotros veteranos) y ser transportados en modernos y cómodos autobuses hasta la base del montaña, disfrutando de videos ecológicos y esperando cantar alegres alabanzas sobre las ventajas de una solución tan generosa. Pero, he aquí, el costo inicial de esta solución se estima en el orden de Bs. ¡¡20 millones!!

 

Los montañeros, en cambio, habiendo descubierto que hay recursos a mano para una “solución”, analizan actualmente la posibilidad de solicitar la expropiación de la propiedad de algunos de los vecinos para ampliar el aparcamiento en la entrada de Sabas. Nieves.

 

Evidentemente, entre los usuarios de los senderos, hay todo tipo de personas poco educadas, irrespetuosas que crean todo tipo de dolor a los vecinos. Sin embargo, hay criaturas desvergonzadas presentes en todo tipo de asociaciones, en las mejores familias e incluso entre los vecinos de Sabas Nieves.

 

La solución a este tipo de problemas debería normalmente desarrollarse en un entorno de mejor educación y con la creación de presiones sociales que, a través de un sistema de castigo y estímulo, generen medidas correctivas. El tipo de solución que está dando la sociedad venezolana en el caso de Sabas Nieves, es decir, arrojar dinero a todo lo que se mueve, debe ser rechazada total y absolutamente si queremos tener alguna posibilidad de empujar al país hacia un futuro mejor.

 

En la montaña, hay carteles que indican que está prohibido transitar por los senderos sin camisa y otras prendas adecuadas. En lo que a la camiseta se refiere, esta regulación parece evidente ya que reduce la posibilidad de que algún co-montañista jadeante te frote el sudor. También es estéticamente más apacible en muchos casos.

 

Muchos compañeros de montañismo ignoran estas prohibiciones y no visten camisetas. En una muestra de solidaridad equivocada, la mayoría de nosotros no protestamos con la suficiente vehemencia. Estoy seguro de que si los venezolanos en general comenzamos a exigir un mejor comportamiento de nuestros hermanos, encontraremos soluciones inmediatas a muchos de nuestros males. Entre ellos, los enconados en Sabas Nieves.

 

Montañeros y Amigos, nos conviene evitar que otros compañeros aparquen mal y molesten a los vecinos de Sabas Nieves. Quizás, entonces, los vecinos de Sabas Nieves puedan a su vez evitar que unos pocos vecinos exagerados y demasiado sensibilizados promuevan soluciones extremas. Quizás entonces, los copeyanos, masistas y otras criaturas similares evitarán y censurarán los actos de corrupción de adecos, copeyanos, masistas y otras criaturas similares.

 

Mientras tanto, ahorren los autobuses. Cuando subo el Ávila por Sabas Nieves a primera hora de la mañana, lo hago un poco por el ejercicio físico y sobre todo por la tranquilidad espiritual que me ofrece, que a su vez me ayuda a superar los ajetreos diarios de una gran ciudad. ¡Bajo ninguna circunstancia voy a sufrir la tortura de un autobús ecológico con un conductor suicida que va de Altamira a Sabas Nieves… con viaje de regreso!

Publicado en el Daily Journal

Encerrando la manada

Con frecuencia hemos visto ejemplos de cómo las economías que permiten una libertad total para los flujos de inversión extranjera, especialmente aquellas que son en esencia inversiones a corto plazo, a menudo deben enfrentar más dificultades que aquellas que imponen ciertas restricciones.

Como sucede con muchas cosas en la vida, los problemas a menudo tienen su origen en la exageración. Es posible que, por un lado, la confianza y la magnitud de los flujos resultantes lleguen a ser tan grandes que realmente puedan ocultar problemas o disminuir la presión ejercida sobre las autoridades locales para que tomen medidas correctivas. Por otro lado, puede establecerse un pánico masivo absoluto, creando el medio para el tipo de accidentes que normalmente se atribuyen a tal respuesta (por ejemplo, la debacle mexicana y el resultante “Efecto Tequila”).

Dado que en la mayoría de los casos es muy difícil identificar un evento especial como la guerra, los terremotos o la muerte súbita de un líder importante como el detonante de un cambio de sentimiento, y como supuestamente vivimos en un mundo de información virtual y perfecta, ¿Cuál podría ser el posible origen de las reacciones excesivamente exageradas de los administradores de fondos?

Sobre todo, sospecho que la montaña rusa financiera a la que nos vemos sometidos tiene su origen en la búsqueda tradicional del tipo de seguridad que se suele encontrar en los rebaños. Este instinto predomina en la mayoría de las decisiones. Me refiero específicamente a la actitud "no importa si las cosas van bien o no, siempre que esté en buena compañía".

Como ejemplo, puedo remontarme al período inmediatamente posterior a que Venezuela abandonara la estabilidad cambiaria (febrero de 1983). Observé con sorpresa cómo los tesoreros de las grandes empresas multinacionales firmaban alegremente contratos que aseguraban los tipos de cambio futuros a costos tan increíbles que parecían francamente irracionales. La prima pagada superó fácilmente las posibles pérdidas cambiarias que causarían devaluaciones razonablemente predecibles.

Cuando intentaba llegar al fondo de esta locura (con frecuencia ayudaba en mi investigación ofreciendo un trago de whisky), recibía invariablemente la siguiente explicación: “En realidad, tenemos dos registros contables. En el primero registramos las ganancias o pérdidas de cambio per se. En el segundo registramos el costo de las primas de seguros para cubrir los riesgos cambiarios. Nuestra oficina central se ha vuelto tan sensible al riesgo cambiario que no combina ambas cuentas para analizar los resultados netos totales. Por el contrario, aunque le ahorre una fortuna a la empresa al no contratar esta cobertura, pero incurro en pérdidas cambiarias de hasta un centavo, me entregarían mi boleta rosa en un santiamén ”.

Entonces, ¿a qué apunta esta observación? Simplemente que incluso cuando un individuo o empresa es perfectamente amigable, capaz y básicamente digno de una invitación para invertir en nuestro país, si su inclinación como administrador de fondos es seguir la manada en estampida, la nación simplemente no puede permitirse el lujo de permitirle y su empresa para entrar.

En este sentido, debemos preguntarnos por qué nuestras autoridades monetarias no han logrado desarrollar un conjunto coherente de regulaciones para limitar la entrada de inversión internacional cuando obviamente se pretende que sea por períodos de tiempo irracionalmente cortos, en montos extremadamente grandes, o ambos. en lugar de perder tiempo y dinero intercambiando bonos y reestructurando deuda que vence en 20 años.

Países como Chile, que se han ganado la confianza de los mercados internacionales, limitan la entrada de inversiones a corto plazo. Definitivamente, esta limitación no ha provocado daños. Por el contrario, ha contribuido a aumentar la confianza de los inversores extranjeros a quienes el país realmente desea atraer. No son los que vienen con visa de 30 días, sino los que vienen a invertir a largo plazo.

Es importante recordar que cuando un inversionista extranjero arriesga sus fondos en un país a largo plazo, instalando fábricas, desarrollando proyectos, creando empleo y en general adquiriendo una presencia real en el país, su interés por el futuro del país se vuelve mucho más sincero y similar al de la propia población de la nación. Mucho más que el interés de algún administrador de fondos sentado en Nueva York o Londres.

Publicado en el Daily Journal

Cuando hablamos de ganarnos la confianza de los inversores extranjeros, debemos aprender a discriminar entre ellos.

Venezuela y Colombia hoy

Hace dos semanas asistí a una conferencia identificada como Venezuela y Colombia en el nuevo milenio. Este evento contó con el patrocinio de la Fundación Pensamiento y Acción, la Fundación Rómulo Betancourt y el IESA. También contó con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mercantil.

El evento fue excelente, habiendo logrado imponer un ambiente estrictamente académico a pesar de un tema sumamente delicado. Había un respeto absoluto por ideas y sentimientos diferentes y contradictorios. Dado que el evento permitió momentos de reflexión y pensamiento, me gustaría compartir una preocupación personal.

En los últimos años, el comercio entre los dos países ha crecido drásticamente en términos nominales. Como resultado de esto, parece que se ha popularizado la idea de que ahora existe un proceso irreversible de integración liderado por mercados, empresas y consumidores. Además, este proceso parece estar ocurriendo a espaldas del sector político.

Esta idea es algo peligrosa. Especialmente si se tiene en cuenta que una parte sustancial del comercio que hemos observado en los últimos años se basa en premisas falsas y en factores que no son sostenibles a largo plazo. Entre estos podemos observar los siguientes:

La explosión de los volúmenes intercambiados entre los dos países se originó a principios de la década de los ochenta, en momentos en que Venezuela entraba en su fase de “empobrecimiento”. Ante esto, a excepción de cierta actividad comercial estrictamente unilateral de carácter básicamente local y fronterizo, Venezuela negoció a su voluntad, necesidad o extravagancia con los centros comerciales más sofisticados del mundo. Colombia prácticamente no tenía posibilidades de participar en el mercado venezolano.

Al mismo tiempo, los ingresos petroleros de Venezuela hicieron que el país mantuviera una moneda extraordinariamente fuerte que hizo prácticamente imposible alcanzar niveles de competitividad que hubieran permitido a la comunidad empresarial del país incursionar en el mercado colombiano. Evidentemente, no existía ningún incentivo para exportar cuando se requería que el país mantuviera una política de aranceles altos y cuotas de importación para proteger los mercados locales.

En los últimos años, la introducción de medidas económicas artificiales ayudó a alimentar este espejismo de aumento del comercio. Entre estas medidas, una de las más importantes fue la aparición de los subsidios cambiarios que ofrecía la industria venezolana con el fin de facilitar la importación de materia prima e incluso de productos terminados. Esto evidentemente generó una “exportación de subsidios” tanto en el mercado formal como en el informal. También es importante señalar que frente a barreras como los controles de cambio de varios tipos, el comercio naturalmente gravitó hacia países que pertenecían al acuerdo de compensación de ALADI, incluido por supuesto, Colombia. Esto también estimuló artificialmente las importaciones venezolanas de estos países.

También albergo la sospecha de que los flujos comerciales, incluso cuando se expresan en moneda fuerte y aparentemente favorables a Venezuela, esconden problemas que deberían ser analizados más de cerca. Entre estos problemas, vistos (quizás subjetivamente) desde la perspectiva venezolana, podemos encontrar los siguientes: ¿Es equitativa la generación de empleo que produce este comercio? ¿Venezuela exporta productos básicos a Colombia para los que el país siempre ha tenido mercados disponibles? ¿Colombia se ve favorecida por este intercambio, accediendo a un mercado de exportación de productos que realmente no son competitivos en otros lugares?

Ciertamente no estoy criticando el aumento del comercio entre Venezuela y Colombia. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, estoy convencido de que el comercio comercial entre Colombia y Venezuela por sí solo no constituye una base suficientemente sólida para apoyar la integración. Más especialmente cuando, como todos los venezolanos desean, el país logra salir de su actual estado de pobreza y como consecuencia altera totalmente su gestión de los flujos comerciales.

Definitivamente no debemos paralizar esta integración, pero debemos promover bases nuevas y sólidas que puedan sustentarla. Por ejemplo, es de suma importancia para cualquier integración beneficiosa entre los dos países llegar a acuerdos sobre el manejo de las cuencas hidrológicas y cuencas hidrográficas que garanticen el suministro de agua potable a las futuras generaciones de Colombo-Venezolanas.

Publicado en Daily Journal

RECADI vuelve al ataque

En un pais donde el Gobierno con orgullo se atreve a publicitar en 1997 la terminacion de unas obras viales inciadas en 1973, los resultados tardios de las gestiones administrativo - legales no deberian sorprender. No obstante sorprendidos estamos al notar la reciente circulación en Caracas de citaciones, solicitudes de reintegros, imposición de multas, declaratorias sin lugar de recursos y demas hierbas aromáticas; todas estas relacionadas con Recadi. Si Señor: Con Recadi - No con OTAC - Con Recadi!.

Para mis lectores jóvenes que pudiesen estar bajo la equivocada impresión de que las loqueteras de los sistemas de controles cambiarios se originaron exclusivamente durante este Gobierno les recuerdo que a principios de los ochenta se implemento un sistema de controles, como respuesta confusa a una nueva realidad cambiaria donde se descubrió la devaluación del bolívar y que se conoció como Recadi.

El sistema Recadi, vía la emisión de señales económicas equivocadas, la estimulación de importaciones totalmente innecesarias y el uso corrupto de los beneficios cambiarios que se ofrecían, se constituyo en el experimento económico mas costoso de la historia venezolana. Todas las perdidas acumuladas de la reciente crisis bancario (y que estimo en unos US$ 9.000 millones ver nota) no suman un monto ni cercano al costo total producido por Recadi. Fue solo el hecho de que el costo de Recadi se incurrió sobre un periodo de varios años diluyendo su efecto que lo hizo menos visible, como desastre, que la crisis de bancos.

Aun cuando existió una cierta oposición, la inherencia casi absoluta que tenia el sistema Recadi en la economía nacional, resulto en la creación de una especie de sociedad de cómplices que hacia muy difícil tanto corregir como castigar los abusos que se cometieron. Todavía recordamos la sorna implícita en los comentarios relativos al chinito de Recadi, único personaje y que como excepción que comprueba la regla, sufrió un castigo judicial.

Recadi, como cualquier proceso burocrático gubernamental, requería para su funcionamiento de una amplísima documentación y lo cual le imponía exigencias administrativas poco usuales a una industria y un comercio en verdad poco acostumbrados a mantener relaciones con organismos oficiales de cierto nivel. Como co-ejecutor del sistema de Recadi el gobierno contrata ademas a la banca nacional y la cual bastante a regañadientes debe durante varios años dedicarse a papelear documentación y emitir fianzas por compromisos incomprensibles.

Cuando al fin Recadi desaparece el alivio es total. Como reacción normal los involucrados comienzan un proceso involuntario de archivar, guardar por ahi, esconder y perder todo tipo de documentación que pudiese recordarles tan nefasto capitulo. Asimismo surgen nuevos actores. O generaciones nuevas que nunca vivieron a Recadi (50% del país) o extranjeros inversionistas - banqueros pero que todos tienen algo en común. Ven una carpeta tipo Recadi, la observan, la definen como el producto de una loquetera histórica y con la eficiencia, energía y arrogancia propia del recién llegado, la mandan a botar.

Es al día siguiente que; del Banco Central de Venezuela; del Ministerio de Hacienda; de los bancos fiadores y; de las distintas Cortes Administrativas le empieza llover los escritos. 

"La Corte xxx en relación al recurso interpuesto ... declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por yyy contra la decisión dictada por la Comisión de Registro de la Deuda Externa Privada mediante resolución de Febrero de 1985". 

"Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el fin de notificarles que el BCV nos ha solicitado el reintegro de xxxx dólares en adelantos por las siguientes importaciones y por las cuales sostienen que no se consigno oportunamente la documentación que justificaba dichos adelantos"

Las preguntas que nos quedan a todos son varias ¿Que extraña fuerza de energía logra potenciar la reactivación casi fantasmagórica de lo que para todos los fines se había considerado unos expedientes muerto? ¿Es esto la nueva Venezuela donde la Justicia llega tarde pero llega? ¿Sera esto un te espero en la bajadita? ¿Sera esto el resultado de una nueva aplicación de la privatización de negocios oficiales?

Por lo menos algunas conclusiones parecen claras: !Guarde hasta el recibo del peaje! !Cuidado OTAC viene por ahi; si no este siglo, seguro el proximo!

Nota: Los 9.000 millones de dólares estimados como costo de la crisis bancaria es el resultado de sumar a.) 2.000 millones derivados de una mala administración de los bancos, b.) 3.000 millones en perdidas de cartera de cartera e inversiones resultante de una política monetaria anormalmente severa con tasa de intereses reales superiores a 20% y c.) y 4.000 millones de dólares de costo producto de la ineficiente administración de la crisis por parte de las autoridades.

Traducido del Daily Journal

Reestructuración de PDVSA - algunas dudas

Para un venezolano común le puede resultar de mayor consecuencia real la eficiencia de la industria petrolera que la eficiencia del mismo gobierno. Considerando el alboroto nacional que generaria la busqueda de una reforma constitucional o una sencilla reforma electoral, resulta sorprendente la facilidad con la cual se ha logrado vender al pais, el plan de reorganizacion de PDVSA. 

Ante todos los problemas que presenta el pais actual creo que la mayoría de sus ciudadanos, por lo menos aquellos que no desean o pueden contemplar la opcion migratoria, han fijado todas sus esperanzas en la existencia, a la vuelta de la esquina, de una industria petrolera buoyante, productora de mas de 6 milllones de barriles diarios. Es posible que lo anterior les impida, so pena de entrar en el mas profundo estado depresivo, ni cuestionar ni mucho menos contemplar la posibilidad de que todo no este como debe estar en nuestra industria petrolera. 

Yo tambien espero mucho de la industria petrolera pero estoy seguro de que por cuanto "el ojo del amo engorda el ganado" todo venezolano tiene una clara responsabilidad de vigilar, emitir opiniones y en todo sentido hacer lo que este a su alcanze para evitar que por culpa de faltar un control efectivo se desvirtue su funcionamiento. Sin el debido control y de permitirsele a una meritocracia interna por meritoria que esta sea, el siempre hacer de las suyas, no guardo la menor duda de que una organización tan rica como PDVSA, dedicada a una actividad tan extraordinariamente generosa, que permite vender en 20 dolares un producto que tiene un costo de produccion de 5 dolares, se encuentra "condenada" a la degeneración. 

En tal sentido deseo expresar ciertas reservas sobre el plan de restructuración que recientemente se le ha comunicado al pais. El Plan segun tengo entendido, se fundamenta en sustituir la organización actual representada por las empresas Lagoven, Maraven y Corpoven y que cumplian todas las funciones propias de una operadora, por unas empresas funcionales especializadas y donde se destaca la de exploración y producción, la de manufactura y comercialización y la de servicios. 

Puede que haya pecado por inocente pero siempre tuve la impresión que el haber mantenido la industria petrolera venezolana dividida en tres empresas operadoras le suministraba al pais una herramienta de control al promover una cierta competencia, permitir establecer algunas bases de comparacion y finalmente mantener distintos equipos de profesionales especializados y que de una forma u otra pudiesen vigilarse entre si. 

No obstante que nunca fui tan inocente como para creer que el control anterior fuese perfecto y que por supuesto el esquema significaba una cierta duplicación de costos, la solución me resultaba un compromiso bastante satisfactorio y muy especialmente al compararla con las alternativas de politizar la empresa u otorgarle una independencia total (prendiendo velitas al santo correspondiente). 

Como elementos que justifican el nuevo Plan organizativo hemos oido; a.) estimaciones de ahorros y que en un plazo corto fueron creciendo de 1.000 a los 2.000 millones de dólares anuales; b.) que esto obedece a la necesidad de elevar la cuota de participación venezolana en el mercado mundial y c.) que esto simplemente responde a tendencias organizacionales propias de la industria. 

Los argumentos no me convencen de todo. Claro que pueden haber ahorros pero, si fuese posible lograr un ahorro de 1.000 a 2.000 millones de dólares y sin que esto tuviese un efecto sobre las operaciones tácitamente me suena como reconocer la existencia de una ineficiencia actual tan criminal que en cuyo caso la primera medida deberia ser remover toda la Junta Directiva de la propia PDVSA. 

El segundo argumento de elevar la cuota de participación de Venezuela en el mundo creo tiene mucho mas que ver con abandonar los acuerdos de la OPEP que con un plan de reestructuración. Finalmente no estoy seguro que en terminos de organización se deba comparar una empresa estatal como PDVSA con empresas petroleras privadas y las cuales operan en un mundo donde hay accionistas, bolsas de valores y otros elementos que ejercen un control sobre la gestón administrativa. 

Hasta que logre oir argumentos satisfactorios relativos a como se espera ejercer los controles a los que tiene derecho la sociedad, el Plan simplemente me parece una propuesta de centralización, tanto de funciones como de poder. En tal sentido creo que el Plan solo podria acelerar la degeneración a la cual sostengo esta "condenada" la empresa. ¿Por cierto si la centralización por funciones presenta tantas ventajas que hacemos descentralizando en Venezuela?

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El canje Brady Bond hecho fácil

Se ha desatado un intenso debate sobre la operación de canje de bonos ejecutada recientemente por el gobierno. En cuanto a las implicaciones financieras de este canje, observamos que muchos analistas financieros de renombre están elaborando estudios al respecto, algunos arrojando resultados positivos y otros negativos. Hay una gran confusión por todas partes.

Hace unas semanas, antes de la tormenta, expresé ciertas reservas sobre la operación. Por encima de todo, los resultados del canje definitivamente no fueron tan positivos como los que estaban promoviendo las autoridades para validar el acuerdo. Intentaré presentar un análisis sencillo que espero arroje luz sobre la operación y permita a los lectores llegar a sus propias conclusiones con reservas.

Para limitar el análisis a cuestiones estrictamente financieras, es necesario aclarar y eliminar el ruido que generan algunos aspectos iniciales que pueden nublar las cuestiones. El primero se refiere a la cuestión de la legalidad de la operación y el segundo a si hubo corrupción.

En lo que se refiere al tema legal, yo, no siendo abogado, debería abstenerme de tomar posiciones. Sin embargo, dado que uno de los insumos clave para un estudio legal sería si el país se ha endeudado o no, me resulta difícil entender cómo Venezuela, de repente, termina con US $ 1.317 mil millones adicionales en su gatito sin endeudamiento neto. Las únicas alternativas posibles son que la Nación haya ganado una lotería gigantesca o, Dios no lo quiera, haya estado involucrada en algún tipo de apropiación indebida en los mercados internacionales. De todos modos, es evidente que con frecuencia es más importante cumplir con el deber de uno de manera formal que realista. En este sentido, el canje de bonos podría ser totalmente “legal”.

Con respecto al tema de la corrupción, solo una sólida investigación policial podría llegar a una conclusión seria. Obviamente, cualquier investigación de este tipo debe tener en cuenta no solo el canje en sí, sino también cualquier operación que haya tenido lugar antes de su ejecución y a través de la cual las personas informadas podrían haberse aprovechado indebidamente. Dado que no soy ni investigador ni policía, es imposible emitir una opinión fáctica. También es irrelevante, ya que la corrupción puede estar presente tanto en las operaciones financieras excelentes como en las malas.

Una vez eliminados los aspectos de legalidad y corrupción, podemos pasar a las cuestiones financieras. Este análisis es, en verdad, extremadamente sencillo. Por cierto, en nuestro análisis hemos evitado toda discusión sobre si los efectos del swap deben medirse desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda o desde la del Banco Central. Para el ciudadano común, ambos forman parte de una misma Venezuela.

Antes de la operación de canje, Venezuela tenía una obligación en papel de US $ 4.441 millones. Los intereses devengados anualmente hasta el año 2020 debían haber sido del orden de US $ 300 millones. La deuda estaba garantizada con garantías que producían su propio rendimiento, que a su vez, para el año 2020, debería haber sido suficiente para amortizar el principal de la deuda.

Luego de la operación de canje, que en esencia canceló la deuda antes mencionada, la garantía originalmente mantenida fue devuelta a Venezuela. Esta garantía, en forma de bonos del Tesoro estadounidense Cero Cupón con un valor actual de aproximadamente US $ 1.371 mil millones, ya se ha vendido o, obviamente, se venderán en los mercados abiertos. A su vez, Venezuela emitió nuevos instrumentos de deuda por US $ 4 mil millones con vencimiento en el año 2027 y que generan pagos de intereses anuales por US $ 370 millones.

Como resultado entonces, la diferencia real entre el “antes” y el “después”, y por lo tanto la única base válida para el análisis financiero, es el hecho de que Venezuela recibió US $ 1.317 millones en fondos frescos. El costo de estos fondos será de US $ 70 millones en intereses adicionales (la diferencia entre el interés anual de US $ 300 millones sobre la deuda original y US $ 370 millones sobre la nueva deuda) que deberán pagarse durante 23 años hasta el año 2020. , US $ 370 millones en intereses totales a pagar durante los siete años comprendidos entre los años 2021 y 2027, y finalmente, el capital de US $ 4 mil millones con vencimiento en el año 2027. Si todo esto se incorporara a un cálculo como si el Los fondos frescos fueran un nuevo préstamo, la tasa de interés equivalente sería del 8,8%.

Para llegar a una conclusión final en cuanto a la validez del canje, debemos analizar si los fondos frescos se utilizarán para producir retornos y / o beneficios sociales suficientes durante el período de 30 años para merecer el servicio de deuda adicional al 8.8%. intereses o si, por el contrario, y como ha sido la tradición, la nueva deuda simplemente se suma a los problemas del país.

Evidentemente, todo esto requiere un reconocimiento personal. En su análisis, el Gobierno ha utilizado la premisa básica de que su gestión de los fondos producirá una rentabilidad del 10% anual. El resultado, por tanto, es positivo. Para quienes creen que el gobierno no tiene un plan de acción que garantice rendimientos suficientes, el resultado es negativo. El análisis financiero muestra que ambos podrían tener razón. Todo depende de qué lente se mire, o de la jerga financiera, qué tasa de descuento se esté utilizando.

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Legalizando el trato preferencial

El artículo 13 de la Ley de Privatizaciones contempla un trato preferencial para determinadas partes que participan en los procesos de privatización. Entre estos se encuentra la cláusula que permite a los trabajadores de las entidades privatizadas adquirir hasta el 20% de las acciones, lo que debe considerarse normal desde todos los puntos de vista. La Ley también establece la posibilidad de otorgar cierta preferencia a las “Entidades domiciliadas en la Entidad Federal en la que se ubique el activo o actividad a privatizar…”. Esto no parece tener sentido.

La idea de que cualquier entidad, por el solo hecho de estar domiciliada en un Estado determinado, deba tener derecho a un trato preferencial no es comprensible. Además de inconstitucional en cuanto discriminatorio y violatorio de la libertad económica, podría afectar grave y adversamente los ingresos de la Nación por privatizaciones.

El trato preferencial al que se refiere se describe según el artículo 14 de la Ley como la “posibilidad de igualar la oferta presentada por el adjudicatario en el proceso de privatización”. En el caso de los trabajadores, esto significa que deben pagar el mismo precio que el propuesto por los inversores finales.

En el caso de las partes domiciliadas en la misma Entidad Federal que es el activo privatizado y que estén interesadas en adquirir el 100% de este último la historia es diferente. El “trato preferencial” significa que pueden abanicarse tranquilamente mientras observan el proceso desde el margen, y si el precio es justo tomar el control del activo privatizado a costa de los no domiciliados, sin pagar un bolívar más y sin el gasto. de pasar por una ronda formal de licitación. Esto no parece racional ni justo si se considera que esto simplemente reduce el número de licitadores que pasan formalmente por el proceso de preparación de licitaciones, que suele ser difícil (que normalmente tiende a maximizar los resultados de la licitación) y que solo deben hacerlo las partes interesadas no domiciliadas.

Para maximizar los resultados de un proceso de licitación, es importante que el número máximo de postores se acerque a la mesa y que todos estén suficientemente motivados. Solo las partes interesadas y motivadas estarían de acuerdo en correr el riesgo inherente de que su oferta posiblemente sea alta y resulte en un mal negocio.

No es fácil interesar y motivar la participación en un juego de cartas con cartas marcadas. Desafortunadamente, esto puede suceder fácilmente cuando se otorga un trato preferencial a los “chicos locales” en detrimento de los inversionistas extranjeros o venezolanos de otros Estados. Además, piense en el efecto negativo sobre la credibilidad del proceso si este “trato preferencial” sea utilizado por entidades “extranjeras” para cometer fraude estableciendo frentes “locales” adecuados.

El “trato preferencial” no es obligatorio. La Ley establece que “Se pueden otorgar derechos preferenciales ...”. Sin embargo, la mera posibilidad de un trato preferencial debería ser una fuente de preocupación y dificultad para, digamos, el Fondo de Inversiones de Venezuela. No sería de extrañar que los directores del Fondo se enfrenten continuamente al conflicto creado por su deseo de cumplir con sus deberes de maximizar los ingresos generados por la privatización por un lado (es decir, salvaguardar el patrimonio nacional), y la vociferación continua de los grupos locales (ya sea de buena fe o troyano), todos compitiendo por supuestos derechos preferenciales, por el otro.

Recientemente, los Dres. Fredrik Kurowski y Santiago Cabrera en representación de una firma interesada en la privatización de Fesilven. (El Dr. Fredrik Kurowski es hermano del abajo firmante y, por lo tanto, debe reconocerse esa simple coincidencia).

Este proceso legal solicita que, en el caso específico de la privatización de Fesilven, el Fondo de Inversiones de Venezuela no otorgue un “trato preferencial” como se discutió anteriormente. Evidentemente, esta firma considera que solo la definición clara de esta situación antes de la fecha de licitación real les permitirá estar lo suficientemente motivados para proceder con el costoso due diligence y análisis requerido.

Tendría sentido creer que otros inversionistas interesados ​​deben albergar las mismas inquietudes, ya sea que estén domiciliados en otro continente o simplemente al otro lado del río Orinoco.

Ojalá este proceso legal, iniciado por una entidad que evidentemente está demostrando su confianza en el desarrollo del país a través de su voluntad de invertir en este último, dé resultados rápidos. Solo serían por el bien de los inversionistas extranjeros y nacionales, los administradores del proceso de privatización, los directores del Fondo de Inversiones de Venezuela y, por último, pero no menos importante, del país en su conjunto.

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Pequiven, Sidor - ¿doble estándar?

Durante las últimas semanas se nos ha informado sobre el ambicioso plan de inversión decenal de la industria petroquímica nacional (Pequiven), que prevé desembolsos de US $ 8.300 millones.

Las inversiones para los primeros tres años se estiman en US $ 1.53 mil millones. Durante este mismo período, se proyecta que el flujo de caja de Pequiven sea de US $ 680 millones. La pregunta que surge de inmediato es cómo financiar el déficit resultante durante los años 1998, 1999 y 2000 que asciende a US $ 850 millones. Para empezar, se negociará un crédito puente con su casa matriz, PDVSA. Además, la idea es exonerar a Pequiven de los límites de endeudamiento que le impone la Ley Orgánica de Crédito Público.

Las notas de prensa que acompañan a la noticia describen el debate relativo a si este plan de inversión debe ser implementado con la participación del sector privado (evidentemente sin ceder el control del gobierno) o si, por el contrario, la Nación debe reservarse la totalidad de las acciones de Pequiven y financiar este crecimiento con deuda y fondos del Estado.

Este debate es deprimente. Es un claro indicio de que hemos hecho pocos avances en la identificación de un horizonte para el futuro de nuestro país. Explicaré lo que quiero decir.

¿Por qué mientras el país está tratando con gran dificultad de aceptar el proceso de privatización, por ejemplo Sidor, en otros rincones de la burocracia oficial, alguien está desarrollando descaradamente planes de inversión por la friolera de US $ 8,3 mil millones?

Mientras tanto, ¿dónde está la gestión financiera de la Nación? Es cierto que los proyectos de Pequiven producirán retornos de entre el 9% y el 12% en términos de dólares. Esto parece un resultado magro para el riesgo del proyecto, especialmente si se compara con los rendimientos superiores al 9% que ofrece la República a los tenedores de bonos a 30 años, presumiblemente sin riesgo.

Hace unas semanas, la prensa publicó lo que parecía ser una reprimenda por parte de un funcionario del gobierno, afirmando que desde que se detuvo el flujo de fondos recibidos del Gobierno Nacional, “la teta del FIV se secó”. Esto ha hecho imposible que la FIV continúe subsidiando el sector eléctrico para acelerar la privatización de este último, que simplemente “requiere una estructura tarifaria suficientemente atractiva” (es decir, una costosa).

Volviendo al flujo de caja para los próximos tres años de US $ 680 millones que Pequiven sostiene que generará, surgen las siguientes preguntas: ¿Quién establece las prioridades de inversión del país? ¿Puede la dirección de una empresa estatal asignar todo el flujo de caja de la empresa a la eternidad para perpetuar su crecimiento? ¿Es posible que el plan de inversiones de Pequiven, con sus dudosos retornos, sea más importante que, por ejemplo, asegurar el suministro eléctrico a un costo razonable para la Isla de Margarita, o más imperativo aún, asegurar que la juventud del país reciba una nutrición física y espiritual decente?

A pesar de los múltiples elogios otorgados a Venezuela por el Fondo Monetario Internacional (que frecuente y justificadamente no son entendidos por el ciudadano común), circulan rumores de que el FMI está levemente preocupado por la desorganización en las entidades responsables de la gestión de la economía del país, Cordiplan entre ellos. En vista del aparente vacío institucional en el que se está gestando el plan de inversiones de Pequiven, es importante que nos unamos al FMI en su preocupación.

Y mientras lo hacemos, debemos esforzarnos por evitar los trágicos resultados que normalmente se producen cuando se permite que una entidad pública (o privada) recurra a préstamos puente, “mientras se define la situación”. Desafortunadamente, estamos demasiado inclinados a permitir que los parches transitorios se conviertan silenciosamente en accesorios permanentes.

Ojalá no tengamos que pedirle al Gobierno Central (como lo hemos hecho tantas veces antes) que asuma una inmensa cantidad de deuda de Pequiven dentro de unos años para facilitar su privatización. Es de esperar que el plan de inversión de Pequiven contribuya de manera importante y positiva al futuro desarrollo y bienestar del país, y que se demuestre que estos sentimientos incómodos son injustificados.

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Energía en Venezuela

La prensa local ha publicado recientemente artículos referidos a la presentación por parte del Ejecutivo Nacional a la Comisión Nacional de Energía de un documento en el que se expondrán los planes para eliminar finalmente la mentalidad rentista venezolana. Esto significa, básicamente, que los aumentos de tarifas y precios de los combustibles están a la vuelta de la esquina.

Parece claro que este documento, además de sentar las bases para justificar nuevas fuentes de ingresos para el gobierno central, promoverá una vez más la tesis de que los principales rentistas de la sociedad venezolana son los ciudadanos comunes, no sus políticos y gobernantes.

La debacle de la tarjeta de identidad todavía está fresca en nuestras mentes. Este es un ejemplo clásico de comportamiento parasitario. El Gobierno estaba dispuesto a realizar una macro-inversión de 500 millones de dólares para resolver los problemas de nuestro sistema nacional de identificación en lugar de poner un poco de esfuerzo en desarrollar una administración realista y cuerda de este último.

Uno de los principales argumentos utilizados en el documento mencionado tiene que ver con el uso eficiente de nuestros recursos naturales. La esencia del asunto es que básicamente debemos renunciar a las ventajas comparativas que nos brinda la naturaleza en forma de abundante petróleo, gas y energía hidroeléctrica. Ante las elevadas facturas de los servicios públicos, tanto las empresas como los ciudadanos deben aprender a optimizar y hacer un uso más eficiente de estos recursos. El principal ejemplo de uso ineficiente de la energía que podrían presentar los autores del documento es que la industria venezolana del aluminio y el acero utiliza tres veces la cantidad de energía utilizada en Japón.

Esta lógica no necesariamente tiene sentido, ya que Venezuela tiene abundantes recursos energéticos mientras que Japón no. La combinación de insumos de producción como capital, materia prima y mano de obra suele establecerse de acuerdo con las condiciones de cada país. Seguramente la mayoría de la gente preferiría ver nuestras ventajas comparativas sesgadas a favor de la energía barata en lugar de los salarios baratos. Parece que no estamos de acuerdo con los gobiernos actuales o anteriores en esto.

Además de esto, tanto la industria del aluminio como la siderúrgica han sido gestionadas por el Estado. ¿No sería posible que esta supuesta ineficiencia en el uso de los recursos energéticos se relacione más que nada con la mala administración del gobierno?

El golpe final fue la publicación en la prensa (el mismo día que se conoció la noticia del documento) de la invitación a precalificar para el proceso de privatización del sistema de generación eléctrica del Estado de Nueva Esparta. Los términos básicos de la invitación estipulan claramente que el 100% de las acciones se venderán al mejor postor, estrictamente al contado y sin financiamiento del Estado venezolano.

Esto, sin duda, significa que el sistema de generación de energía se asignará al candidato que garantice los máximos ingresos para el Gobierno Central (lo que básicamente significa cobrar tarifas más altas para asegurar un retorno) y no al postor que le ofrece al Margariteño el mejor servicio y las tarifas más bajas. Nuevamente, por lo que puedo ver, este es solo otro ejemplo de la planificación fiscal parasitaria que le ha costado a Venezuela inmensas cantidades de recursos financieros y tiempo. ¿Por qué debería Margarita pagar tarifas más altas que las del resto del país y que podrían ser incluso más altas que las que cobrará Venezuela a Brasil y Colombia por nuestras exportaciones de electricidad? Esto tampoco tiene sentido.

Por ejemplo, las implicaciones de aumentos drásticos en las tarifas eléctricas para la industria hotelera son horribles. Un hotel necesita un suministro de energía abundante y continuo y hay muy pocas formas de aumentar la eficiencia a menos que haya una cantidad ilimitada de capital disponible que, por ejemplo, permitiría la importación de acondicionadores de aire eficientes pero costosos. Hoy, frente a las tarifas de las habitaciones deprimidas debido a una avalancha de suministro estatal y la falta de transporte constante debido a la salida de VIASA, la industria del turismo de Margarita simplemente no tiene estos recursos.

Finalmente, como edulcorante, el Gobierno promete muy generosamente limitar su apetito fiscal a los niveles establecidos por los valores de exportación. Esto implica que la intención es, al menos, no aprovechar indebidamente las condiciones monopolísticas que tienden a sesgar los precios. Viviremos, eternamente satisfechos con la esperanza de que nuestro venezolano promedio no pague un día más por cada kilovatio de energía que el ciudadano promedio en Tokio.

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