Mensaje a mi Presidente

Hace 25 años entré a la Administración Pública, al Fondo de Inversiones de Venezuela, ente que para ese momento estaba en plena gestación. Antes de haber cumplido un mes, antes de haber recibido los muebles de mi oficina, renuncié. La única razón, de lo corto de mi servicio público, fue que se le exigió a mi departamento preparar, en menos de una semana, un estudio que demostrara la factibilidad económica de invertir unos cuantos miles de millones de dólares, en el plan de expansión de Sidor. Con la impulsividad de la juventud, declaré en ese entonces: "¡En una semana eso es imposible!” – “Si el proyecto no resulta y se pierden los recursos, la Nación tendrá derecho a reclamar nuestra responsabilidad y a guindarnos en la plaza Bolívar". Cerré la puerta y nunca más tuve algo que ver con el sector público.

Hoy, con la impulsividad de un padre que, como Usted, está preocupado por el futuro de sus propios hijos y de todos los hijos de Venezuela, me permito alertarle sobre los cantos de sirena destinados a convencerlo de invertir, como Estado, en el sector de la Petroquímica. 

Señor Presidente, la vergüenza colectiva que debemos compartir ante el hecho de que niños en la Venezuela de hoy necesiten limpiar tumbas, cubrirse con periódicos y sean testimonio vivo de nuestra ineptitud como país, en un alto grado se debe, justamente, a la pobre gestión fiduciaria del Estado, gracias al cual se derrocharon los recursos, que por obra y gracias de Dios y del Espíritu Santo le fueron concedidos a Venezuela, en proyectos donde nada tenía que buscar el Estado como empresario, gerente o acreedor.

La exploración y producción del petróleo, en una país con tantas reservas, es un buen negocio, donde lo pongan. La única dificultad de tal negocio reside en evitar la tentación de malgastar parte del generoso margen que se obtiene, en actividades e inversiones innecesarias, que sólo sirven al propósito de satisfacer egos personales de la petrocracia o de generar negocios laterales. Venezuela, con una buena logística de transporte y refinerías adecuadas, que garanticen la calidad de nuestro productos, tiene más que suficiente para competir exitosamente en un mercado de productos genéricos o "commodities", como el petróleo. Cualquiera que observe el mercado se da cuenta, que las cotizaciones se expresan en términos de calidad u origen del producto, por ejemplo “Brent” y nunca en términos de una marca como Shell, Calvin Klein, Citgo, agua Perrier, Mobil o Marlboro. Sólo la Orimulsión, por cuanto es un producto para el cual hay que desarrollar un mercado, presenta un reto gerencial de importancia.

La Petroquímica, por el otro lado, aún cuando se pueda tener la impresión, que por el nombre sea familia cercana al petróleo, de verdad, representa un animal muy distinto. Es una industria sumamente competida, con márgenes muy estrechos y que requiere, para sobrevivir, de toda aquella eficiencia que sólo puede ser desarrollada en "ciertos" ambientes privados, propicios al desarrollo de instintos primitivos, de lucha a cuchillo limpio. En otras palabras, no es una industria a donde enviar burócratas.

La industria petroquímica es sumamente intensiva en capital, lo cual significa que necesita mucho dinero para cada puesto de empleo que genera. Además, la rentabilidad de sus proyectos, dicho hace algunos años hasta por los propios directivos de la industria, es inferior a las tasas de interés que actualmente debe cancelar Venezuela en los mercados internacionales.

Señor Presidente, reconozco y comparto plenamente su angustia sobre la necesidad de reactivar la economía venezolana pero, definitivamente, no creo que la Petroquímica sea la tierra mas fértil para sembrar nuestros recursos petroleros. Considero, que la única cosecha que nos esperaría, de seguir adelante, es la de hacer crecer el árbol de los subsidios requeridos. En este último sentido, hasta el aluminio, sector que por su mal manejo puede requerir de una inmediata privatización, presenta ventajas comparativas más importantes que la Petroquímica.

Lo dicho no significa renunciar al desarrollo de la industria petroquímica de Venezuela. Dentro de sus posibilidades, el Estado debe hacer todo lo que pueda para propiciar, que inversionistas encuentren condiciones para acometer nuevos proyectos. Por cuanto se conoce que el volumen de gas, que actualmente se extrae, puede, a corto plazo, no alcanzar para los proyectos que ya existen, incrementar su producción sería un lógico primer paso. Posteriormente, ofrecer contratos de suministro de gas a precios interesantes, pudiera resultar un incentivo efectivo. Si el proyecto va bien, generará empleos e ingresos vía impuestos. Si no resulta, por lo menos, no dejará una hipoteca que grave el futuro de nuestros hijos. 

Señor Presidente. En la venta de cada irreemplazable barril de petróleo estamos vendiendo una parte del país. Ante Dios y ante las generaciones que nos habrán de seguir, tenemos una clara responsabilidad por el uso de los recursos obtenidos. Ante una duda, sobre lograr dicho objetivo, es preferible dejar el petróleo en el subsuelo. Usar el ingreso del petróleo para educar nuestros hijos es inobjetable. Usarlo para proyectos de petroquímica, sólo puede inspirarse en la pecaminosa arrogancia de considerarnos superiores a todos aquellos compatriotas que, a través de la reciente historia, nos han provisto de tan abundante y abrumadora evidencia de fracaso.

 

Venezuela y Don Quijote

En términos de Realpolitik, Venezuela, como productor petrolero, posee dos armas importantes. La primera, es la de tener amplias reservas de un producto que, sin duda alguna, tiene un carácter estratégico. La segunda es el poder de compra, que deriva de la liquidación de estos mismos activos petroleros y que, a diferencia de la gran mayoría de los países, obtiene sin tener que negociar un “quid pro quo” comercial.

No deseo dejar entrever, ni siquiera un instante, que el hecho de esgrimir las armas que mencioné, de por sí garantizan un desarrollo económico para Venezuela. Sin embargo, creo que como país tenemos la obligación de lograr, por cada irreemplazable barril de petróleo que extraemos, algo más que los míseros dólares que las actuales condiciones del mercado generan.

En tal sentido, necesitamos urgentemente salir de la trampa que significa el aplicar, a la ligera y sin meditación, el recetario de moda. Diariamente me asombra la facilidad con la que, observadores de renombre sostienen la tesis de que por el sólo hecho de copiar medidas, tales como privatización y apertura comercial, podamos gritar ¡Bingo! y garantizar prosperidad eterna en Venezuela. 

Antes de que se me acuse de intereses ocultos, permítanme aclarar que soy un convencido de que medidas tales como privatizar o abrir la economía, en general, son buenas y necesarias para el país, pero no debemos olvidar, que en esencia, sólo son utensilios para cocinar y que en ningún momento constituyen los propios ingredientes. En tal sentido, para que sirvan, deben implementarse de forma correcta e insertarse en una inteligente y coherente estrategia de desarrollo. 

Además, creo indispensable recordar que nada, absolutamente nada, relacionado con las políticas económicas aplicadas en el mundo de hoy, implica una reducción en la intensidad de la competencia y la agresividad con la cual un país defienda sus intereses individuales. Con frecuencia tengo la impresión de que en Venezuela, cuan el inocente caballero Don Quijote, enfrentamos las bárbaras hordas comerciales, en la creencia de que estamos participando en un civilizado juego de croquet. 

El mundo de hoy, justamente, por ser globalizado y abierto, requiere de astucia, carácter y, lamentablemente, de una alta dosis de hipocresía. La forma como Venezuela se dejó vencer por unos intereses comerciales extraños, al habérsele prohibido, sin razón alguna, el uso de la Orimulsión en la Florida, es un típico ejemplo de nuestra inocencia comercial. Venezuela decidió no protestar ante la OMC, por cuanto Estados Unidos argumentaba que la prohibición era una decisión local de Florida, por lo cual, a nivel Federal, no podían hacer nada. Me pregunto que harían los Estados Unidos si el alcalde de Higuerote, a cuenta de una opinión personal, de que los autos norteamericanos son muy duros y por lo tanto golpean muy fuerte al chocar, prohibe su circulación.

Igualmente, y aún cuando las medidas, en general, pueden ser excelentes, esto no necesariamente garantiza su aplicación en todos los casos. Por ejemplo, para el caso de una apertura comercial ejecutada vía convenios, bi o multilaterales, ésta tradicionalmente se justifica en términos de la ventajosa especialización que resulta de un mayor intercambio comercial. No obstante, en el supuesto de un país petrolero, la especialización es el resultado de una intervención “Divina”, que nada tiene que ver con convenios comerciales. Se puede argumentar que el principal resultado de un convenio comercial, para Venezuela, es erosionar el valor de su poder de compra, al reducir, de forma voluntaria, el número o el surtido de los botiquines del mundo a los cuales accesar para comprar sus cachivaches. 

Para evitar malas interpretaciones, debo aclarar, que para el caso de convenios establecidos entre vecinos, tales como Colombia y Venezuela, existen muchas otras ventajas, adicionales a la especialización, que los justifica.

En el lado de las finanzas, notamos que Venezuela mantiene una deuda externa, que aún cuando imperdonable, no resulta exageradamente alta en relación a su capacidad de pago. En un mundo globalizado, esto debería permitirle desarrollar muchas opciones financieras para lograr aliviar el peso que representa el actual cronograma de pagos. Cuando entonces el país, sin estructurar soluciones institucionales basadas en su fortaleza estratégica, por un problema de liquidez y no de solvencia, sale a contratar préstamos en los marginales mercados privados emergentes, justo cuando están en crisis y terminan pagando intereses mas que usureros, resulta obvio que no tenemos la suficiente sagacidad.

Por cierto, mis críticas a la manera como Venezuela aplica las herramientas de moda, no se limitan a la apertura comercial. El privatizar a la machinberra, reducir el déficit fiscal estrangulando al sector privado y contemplar sustituir nuestra política monetaria por una rendición a otra moneda, no producirán resultados. Lo más probable es que los fracasos sólo servirán para desacreditar todo lo bueno que, en esencia, puedan tener las medidas, garantizando, como respuesta natural, el sumergir a Venezuela en un medioevo económico.

Economía Hoy 9 de Febrero de 1999

Se necesitan créditos a largo plazo...¡ya!

Antes de que termine por atrofiarse, es indispensable reactivar la economía venezolana. Tradicionalmente, una de las maneras de lograr tal reactivación, ha sido estimulando el sector de la construcción. Hoy, sin encontrar una manera de proveer créditos a largo plazo, accesibles y racionales, esto parece un reto imposible.

Actualmente, si alguien ofrece en Venezuela un préstamo a 25 años, pagadero a la tasa vigente, observamos que, al ser analizado en términos reales, tal préstamo, lamentablemente, no constituiría un verdadero crédito a largo plazo. De la manera mas sencilla posible, trataremos de explicar, a continuación, ésta afirmación.

Para nuestro ejemplo, supongamos que una joven pareja de profesionales desea adquirir un apartamento, a cuyo fin requiere de un préstamo por Bs. 30 millones. Dicho monto, a una tasa estimada de Bs.600/US$, equivale a 50.000 dólares.

Si en Venezuela no tuviéramos inflación, probablemente nuestras tasas de interés serían similares a las de los Estados Unidos, lo cual nos permitiría financiar viviendas a una tasa de, quizás, un 10%. Al 10%, en 25 años y por un crédito de 30 millones, nuestra pareja debería pagar Bs. 272.600 mensuales. 

Con el sistema de cuotas iguales y consecutivas, que implica el pago de más intereses y menos amortización al inicio, la pareja tendría, a finales del primer año, un saldo deudor de aproximadamente Bs. 29.715.000. Como para este caso suponemos que no hay inflación, el Bolívar, entonces, tampoco tendría por qué devaluarse. A una tasa de Bs.600/US$, su saldo equivaldría a unos 49.530 dólares.

Ahora bien, en el supuesto de que exista inflación, la misma debería sumarse a la tasa de interés, a fin de compensar a quien presta los recursos por la pérdida en valor de su dinero. Si la inflación fuera, por ejemplo, el 40%, la tasa de interés aplicada a nuestros jóvenes sería entonces cercana al 50%. A una tasa del 50%, en 25 años, por un crédito de 30 millones y usando el mismo sistema de amortización, mediante cuotas iguales y consecutivas, la cuota mensual se situaría en alrededor de Bs.1.250.000. El saldo del crédito, al final del primer año, estaría cercano a Bs. 29.990.000, es decir, casi igual al monto original del préstamo.

Bajo la alternativa inflacionaria, nuestros jóvenes tendrían que pagar alrededor de Bs. 11.700.000 anuales más que bajo es escenario sin inflación. Por supuesto, con una inflación del 40%, la vivienda que adquirieron, con toda probabilidad, también habrá aumentado su valor en un porcentaje bastante similar. Dicho aumento, si bien puede servir de consuelo, es de poca utilidad para nuestros deudores, por cuanto el interés de ellos, en adquirir el inmueble, no era de índole especulativo, ya que su intención era la de tener una vivienda propia y no la de revender el apartamento al mejor postor. 

Igualmente, se podría argumentar que los jóvenes no perdieron su dinero, al haber logrado, en términos reales, amortizar su deuda mucho más de lo esperado. Una inflación del 40%, tiene una alta probabilidad de resultar en una devaluación del mismo orden, razón por la cual, el saldo de los Bs. 29.990.000, calculados a una tasa de Bs. 840 por dólar, significaría un saldo en la deuda de sólo 35.700 dólares.

Justamente, la diferencia en los saldos expresados en dólares, entre préstamos otorgados en ambientes con y sin inflación, ilustra el origen del problema. En la alternativa con inflación, nuestros deudores, durante el año, aparte de tener que amortizar su préstamo de vivienda, digamos en una 1/25 parte, deben además compensar, lo que es igual a amortizar, vía las altas tasas de interés, el 100% de la pérdida en el valor del capital producida por la inflación. 

Como resultado, notamos que al final del primer año, sin inflación, deberían US$ 49.570 mientras que, bajo un escenario de inflación, su saldo sería sólo de 35.700 dólares. Esto, aún cuando de por sí no es malo, no satisface sus necesidades, por cuanto lo que se buscaba era un financiamiento cónsono con la adquisición de una vivienda y no un financiamiento que les permitiese, a costa de unos pagos exagerados, cancelar la deuda de forma rápida.

Una posible solución al problema, sería la de otorgar los préstamos bajo un sistema de indexación de capital. En este caso, a nuestros deudores, de forma muy simplificada, se les exigiría pagar las cuotas calculadas al interés original del 10% pero, al final del año, tendrían que aceptar que el saldo adeudado quede indexado a la inflación. En el ejemplo dado, si el saldo estaba supuesto a ser Bs. 29.715.000, indexado a una inflación del 40%, sería de Bs. 41.600.000.

Durante el segundo año, a la tasa de interés del 10%, para un préstamo con un saldo de Bs. 41.600.000 y por el plazo que resta de 24 años, las cuotas mensuales estarían en el orden de Bs. 381.600. Por supuesto, las cuotas son más altas, pero no imposibles de manejar para nuestra pareja, por cuanto suponemos que ésta habrá logrado aumentar sus ingresos, de manera tal que, por lo menos, compensen la inflación.

Es difícil que sistemas de financiamiento indexados se desarrollen sin el apoyo oficial. Entre otros aspectos, requieren de la cooperación de las autoridades que regulan las operaciones de la banca.

La posibilidad de solicitar de entes multinacionales unos préstamos a muy largo plazo para que, canalizados por intermedio de la banca privada, permitan situar a la disposición del mercado de viviendas, créditos de esta naturaleza, podría traer las consecuencias siguientes: a) Ayudar a reactivar la economía b) Solucionar el problema habitacional c) Darle a la banca una actividad crediticia más lógica que colocar en papeles del Estado d) Iniciar una modalidad de colocación que permita a los venideros fondos de pensiones efectuar colocaciones sanas a una tasa de interés real e) Introducir mas racionalidad en nuestra economía, f) Etc. Me pregunto entonces, ¿Qué esperan? 

Una alternativa más sencilla y que produciría resultados bastante similares es la de permitir que los préstamos para la vivienda se denominen en dólares. Por supuesto, esto requeriría aceptar la premisa de que, institucionalizar los préstamos en dólares, es menos antipatriótico, que prohibir a nuestros jóvenes el acceso a su vivienda.

En el Daily Journal

Entusiasmado con la Constituyente del 2000

Como muchos venezolanos, he reflexionado sobre la Constituyente. Al principio, era de los que opinaba, que si bien era cierto que parecía necesario hacer algunos cambios a nuestra Constitución, éstos, en todo caso, podrían hacerse por la vía de reformas, sin necesidad de acudir a lo que sin duda sería un proceso engorroso.

Hoy, cuando la Constituyente, por su acogida, casi es un hecho cumplido, mi enfoque pasa a ser uno de "si vamos hacerlo, hagámoslo bien". Analizado desde este punto de vista, sacudido el temor al proceso y abrazada la esperanza de su potencial, debo reconocer que me he vuelto un ferviente y entusiasta defensor de la Constituyente

Mi entusiasmo se multiplicó al descubrir que Venezuela posee, en este momento, la oportunidad única de crear, para el mundo, la primera Constitución del próximo milenio. Para lograr estar a la altura de estas circunstancias, creo indispensable aplicar el proverbio Chino, que nos pide apuntar bien alto a las estrellas por cuanto, aún cuando no las alcancemos, llegaremos mucho más alto, que si apuntamos a algo más cercano.

No le resto importancia a la historia y creo que podemos y debemos extraer muchos conocimientos de ella, para el momento de redactar una constitución. No obstante, dar una excesiva importancia a expertos constitucionalistas, podría hacernos perder una oportunidad para lograr modernizar, a fondo, nuestra realidad constitucional.

Acepto que existen reformas necesarias, que se sitúan dentro del contexto de un debate tradicional constituyente, tales como las que atañen al poder judicial y a la capacidad tributaria de los estados y municipios.

Igualmente, requerimos de reformas que surjan de nuestras propias realidades. Entre éstas y vista nuestra nefasta experiencia, se encuentra la de limitar el endeudamiento del Estado. Por tener la certeza absoluta de que, de vez en cuando, tendremos gobiernos incapaces de resistir los cantos de sirena, terminando, a cuenta de nada, por hipotecar el futuro de otras generaciones de venezolanos, considero que la limitación a la deuda del Estado debe tener rango constitucional. Si Venezuela no hubiese incurrido en su deuda pública externa, por existir una disposición constitucional que lo prohiba, les juro y les apuesto toda mi trayectoria profesional, que gracias a esa Constitución, los venezolanos de hoy, “iríamos mejor al supermercado”. 

Otra reforma, de las originadas en nuestra propia realidad y que considero necesaria, es aquélla que establezca la obligación de que en la administración de las empresas del Estado, exista una efectiva representación de la sociedad civil. Por ejemplo, opino que una Junta Directiva de PDVSA, cuyos miembros fuesen elegidos por voto popular, rotando un cierto porcentaje de los mismos en cada elección nacional, pudiese ser una excelente opción, para asegurar que no hayan presiones indebidas por parte del sector político o de los tecnócratas del petróleo. 

No obstante todo lo anterior, en estos momentos, lo que más deseo destacar, es el hecho de que, como resultado de los grandes cambios ocurridos en el mundo, existe la urgencia de introducir consideraciones de tipo constitucional, sobre aspectos que nunca han sido contemplados, en sus cartas magnas, por país alguno. Permitiéndome, a tales efectos, sugerir las siguientes:

· La revolución informativa. Si se puede afirmar que "una Democracia con hambre no es Democracia”; más válido debe ser decir que "una Democracia sin información, tampoco es Democracia". ¿Acaso no es un derecho del ciudadano el poder conocer la nómina pública, el monto de deuda externa del país, las recuperaciones “reales” de Fogade, etc.?

No hay duda, que la tecnología que hoy existe, para recaudar y diseminar información, permite que una sociedad tenga el derecho de exigir de sus gobernantes un nivel de información, dramáticamente distinto, al que podría contemplarse cuando fueron redactadas las constituciones actualmente vigentes. Creo que en nuestra Constitución del 2000, se debería consagrar el derecho del ciudadano a estar informado sobre la gestión gubernamental, de forma válida, detallada y en tiempo real. 

· El poder de la publicidad. De haber conocido, en su época, el impacto que tienen los medios de publicidad hoy en día, estoy seguro que los redactores de las constituciones vigentes hubiesen introducido limitaciones a la publicidad oficial. Debería prohibirse que la Nación, los estados, los municipios, entes gubernamentales y/o empresas del Estado, gasten un sólo centavo, en el pago de publicidades, claramente dirigidas a promocionar la imagen personal y política de algún funcionario público de turno.

· La globalización. Sin duda, el sólo tratar de redefinir el concepto de Nación, dentro de lo que es un mundo, donde las relaciones globales se intensifican, segundo por segundo, es un reto cuya importancia se pierde de vista. Qué orgullo sería para Venezuela el poder reencontrarse a sí misma, de una forma que guíe e ilumine a los demás países, que andan perdidos, que probablemente son todos.

Enfrentemos con entusiasmo el reto de mostrarle al mundo que Venezuela es capaz de producir una Constitución, que sea ejemplo para el próximo milenio. Caso contrario, no sólo habremos desperdiciado una oportunidad histórica, sino que, para colmo de males, al poco rato, seguramente tendríamos que convocar a otra Constituyente.

Economía Hoy 12 de enero de 1999

Ranking de gestión municipal

Una elección, en donde hay posibilidad de reelegir, se convierte, indiscutiblemente, en una evaluación de resultados. Hemos presenciado unas elecciones en las que el número de los gobernadores reelectos fue verdaderamente impresionante. ¿Significa esto que la gestión de las Gobernaciones, en general, fue buena? Puede que sí, puede que no. Para un elector común, resulta muy difícil poder determinar, de forma objetiva, si la gestión de un Gobernador fue buena o mala.

El próximo año, con nuestros votos, nos toca evaluar la gestión de los municipios. El reto es importante. Si con nuestro voto premiamos a los que lo merecen y castigamos a los que no, sin duda el país se verá beneficiado. De igual manera, si nos equivocamos en nuestra evaluación, esto podría erosionar muchos logros a nivel del Gobierno Central o Estatal. 

Hoy, en el caso de un elector normal, poseedor de otras ocupaciones y preocupaciones, me pregunto: ¿Cómo ha de saber si los resultados de la gestión de un municipio, que a simple vista pueden parecer pobres, no se encuentran situados dentro de una muy buena gestión, destinada a lograr mejoras sostenibles? ¿Cómo ha de medir la gestión para establecer, al considerar los recursos disponibles, si existe excelencia o derroche? 

Imagínense la confusión de los padres, si de pronto la sociedad educativa decide eliminar la boleta. ¿Cómo harían ellos para evaluar la capacidad escolar de sus hijos, especialmente en materias que ni formaron parte del curriculum de los padres? Lo anterior, es similar a la confusión que puede sentir un elector, al momento de tener que elegir sus autoridades municipales.

Acabamos de oir expresiones tales como: "Democracia con hambre no es Democracia". En nuestro mundo actual, también pudiésemos decir que “Democracia sin información correcta y accesible, no es Democracia”.

Cuando, recientemente, tuve la oportunidad de viajar por un país de Centro América, me sorprendió la certeza con la que muchos profesionales, tanto de entes públicos como privados, nacionales e internacionales, sostenían opiniones consistentes en relación a cuáles municipios se encontraban bien gobernados y cuáles no. Esto me dio a entender, que en el campo de la administración municipal, existen ciertas variables que, objetivamente evaluadas, pueden permitir dar una opinión razonable sobre la calidad de su gestión.

De ser cierto, se me ocurre que una medida que pudiera ayudar a fortalecer la eficiencia de nuestra democracia, sería la de crear un “ranking” municipal para los más de 300 Municipios que existen en Venezuela. Dicho “ranking" pudiera indicarnos, como electores si, en términos generales, nuestro municipio se encuentra entre los buenos o entre los malos.

Estoy seguro que si en un país, se usara un índice de actuación, así sea éste imperfecto, en la elección para renovar a sus más de 300 autoridades municipales, ello permitiría al pueblo quedarse con los mejores y despedir a los peores, encaminándolo hacia un futuro distinto y mejor. Otro sería el futuro de un país en donde el criterio de decisión de los electores esté basado sólo en la simpatía del Alcalde o en la calidad de las cuñas promocionales.

Por supuesto, no creo que una medición, por objetiva que sea, pueda garantizar un resultado analíticamente correcto. Mucho menos, pretendo que un “ranking” pueda sustituir el valor de la suma de los votos individualmente emitidos. No obstante, considero, que un “ranking” razonable puede en sus extremos ( los mejores y los peores) funcionar como la información relativa a sus ingredientes, tales como grasas, calorías, proteínas y vitaminas, que aparece en el envoltorio de los alimentos. Esta información nutritiva no constituye una prohibición de ingerir los alimentos, pero sí un indicativo que nos permite racionalizar la dieta.

En estos momentos, daría la impresión de que el país apuesta a la descentralización. En tales circunstancias, creo que uno de los aportes más importantes que podría dejar la sociedad civil, sería el de constituir un comité evaluador de la eficiencia municipal, cuyo producto principal sea, justamente, el “Ranking” Municipal.

En el diseño del ranking, no hay necesidad de un exceso de precisión. Estoy seguro, que los 50 municipios que resulten “rankeados” como los mejores, estarán comprendidos entre los 150 mejores de verdad. De igual forma, los 50 municipios que resulten “rankeados” como los peores, con toda seguridad deben encontrarse dentro de los 150 que verdaderamente conformen los peores.

La sugerencia que hago no tiene la intención de reducir nuestros derechos como electores. Al declarar que no estoy en capacidad para analizar, si en mi municipio las cosas andan bien o mal (en términos de lo que se puede y debe hacer), lo que estoy solicitando es cierta ayuda externa, no me estoy calificando como un analfabeta electoral. Sólo deseo que me provean de unos lentes que me permitan ver mejor.

Economía Hoy, Caracas 29 de Diciembre de 1998

Una petición para la Constituyente

Sin menospreciar los derechos que actualmente tenemos como electores, con frecuencia, me he preguntado, sobre lo irrelevante que resulta poder elegir los representantes de una Asamblea Legislativa, cuando no tenemos derecho a elegir la directiva de lo que es, para todos los fines prácticos, el ente mas importante en Venezuela, Pdvsa.

Pertenezco a los que sostienen que en 1974 Venezuela perdió el equilibrio interno, debido al aumento de los ingresos petroleros y a la estatización del petróleo. Consecuencia de lo anterior, es que hoy, 25 años mas tarde, con vergüenza contemplamos, cómo nuestra sociedad ha desperdiciado una oportunidad de oro, de lanzar a nuestro país sobre la senda de un desarrollo real y sostenible.

Hoy, entre otros factores, a razón de la inmensa caída de los ingresos petroleros, que coadyuvó a propiciar un nuevo reacomodo de poderes, tenemos la posibilidad de rectificar. Por favor, hagámoslo antes de que un aumento en los ingresos del petróleo nuevamente nos emborrache. 

En la Constituyente, que con toda seguridad viene, cifro mis esperanzas para lograr dominar, en favor del país nacional, aquél poder omnívoro que representa la chequera del petróleo.

El primer cuarto de siglo de nuestra industria petrolera transcurrió bajo la consigna "Por favor, ante nada, no politicen a Pdvsa". Al inicio, la industria despolitizada y autónoma funciono bien. Lamentablemente y por un proceso propio a la naturaleza del ser humano, se inició, de forma irreversible, un proceso degenerativo. Como era de esperarse, resultó imposible obtener resultados consistentes de una organización, que no estaba sujeta a una verdadera rendición de cuentas.

Evidencia de la degeneración de Pdvsa abunda. Como ciudadano, entre muchos otras cosas, me ha molestado la monárquica concentración de poderes; la absurda asignación de prioridades, que ha sembrado a un país, falto de escuelas y hospitales, con estaciones de servicio en acero inoxidable, capaces de satisfacer cualquier antojo por papitas fritas. 

Igualmente me he quejado de la intromisión de Pdvsa en las actividades del Gobierno, repartiendo, a diestra y siniestra, dinero ajeno para programas de desarrollo social y cultural. Tampoco estoy de acuerdo con las vacilaciones entre el abra y el cierre de la producción; con la incapacidad de proyectar la posibilidad de la caída de precios, que actualmente nos afecta; con las millonarias campañas publicitarias para promocionar la imagen de la industria y con la incapacidad de lograr una necesaria protesta nacional, cuando la prohibición del uso de la Orimulsión en Florida.

Finalmente, y probablemente más que nada, me ha perturbado ese desentendimiento total para con las realidades de un país sumergido en problemas morales y éticos, que permite a una alta gerencia, amparada por el aura de la tecnocracia y de los recursos abundantes, hablarnos, con sonrisitas, de "un país condenado al éxito".

En este momento soplan vientos de cambio. No obstante, y con el derecho moral que me asiste, por haber cuestionado, de forma abierta y constante, la gestión de la industria petrolera, debo alertar que la solución no se encuentra en permitir que el péndulo histórico simplemente nos lleve, desde la indiferencia y arrogancia de la tecnocracia, a la ineficiencia de la politización.

Igual que una tecnocracia autónoma, no responsable ante nadie, irreversiblemente termina actuando de forma equivocada, resultan las consecuencias de una politización. Una vez disminuido el calor inicial de un espíritu de rectificación y una vocación de servicio, que puede embriagar a la primera generación de autoridades, sería inocente suponer que la politización no derive sus propios males.

Por supuesto, lo peor que puede pasar es que la política y la tecnocracia se den la mano y lleguen a un acuerdo de convivencia a espaldas del país. Hoy, algunos venezolanos sospechamos, justamente, la existencia de tal acuerdo. Por lo menos, no resulta difícil plantear tal hipótesis, al contemplar, tanto la cooperación de la industria en levantar recursos al Fisco, como la permisibilidad con la cual el Gobierno se ha hecho de la vista gorda ante aparentes exabruptos de la industria.

En 1961, cuando se promulgó nuestra actual Constitución, el petróleo era operado por terceros. Digan lo que digan, cuando el país asumió la responsabilidad de operar la industria petrolera, la realidad del país cambió de manera dramática. Dicho cambio aún no ha sido reflejado en nuestra Constitución. 

Hoy, nos resulta indispensable asegurar para nuestra industria petrolera una estructura de poderes, que tenga posibilidades de armonizar, a largo plazo, entre las necesidades propias de la industria, como ente inmerso en un mundo competitivo y los objetivos propios del país. Cuando próximamente el país busque, probablemente vía la Constituyente, formas de asegurar la autonomía y la real independencia del sector judicial, aprovechemos la ocasión para hacer algo similar para la Industria Petrolera.

En tal sentido, propongo que los Miembros de la Junta Directiva de Pdvsa, sean elegidos de forma nominal por toda la Nación. La Junta, que pudiese tener 9 miembros, renovaría cada 3 años la autoridad de tres de ellos, por un período de 9 años. 

Una Junta conformada de esa manera, que garantice su autonomía, que responda directamente ante la Nación, sería la mejor forma de asumir el compromiso de administrar, en provecho de las generaciones futuras, el bien con que la Providencia nos ha bendecido. Lo creo mucho mejor, que dar bandazos entre técnicos y políticos.

En tal Junta pueden estar hasta los que hoy he criticado. Mis criticas están centradas en la forma cómo se encuentra organizada Pdvsa y no en las personas que, como en muchos otros casos, simplemente son el fruto del ambiente que los rodea.

A mis lectores, que con frecuencia me han oído proponer la idea de crear una oficina del Ombudsman Petrolero, para asegurar tanto el entendimiento, como la participación del sector civil, les quiero decir que no la he abandonado, sólo que, con la Constituyente a la vuelta de la esquina, surge la oportunidad de lograr algo aún mas significativo para mi país.

Economía Hoy 15 de diciembre de 1998

http://petropolitan.blogspot.com/1998/12/una-peticion-para-la-constituyente.html

Servicio y fuentes de empleo

Antes de seguir, por favor estimen, el porcentaje de la población en edad de trabajo, de Estados Unidos de America y Europa que hoy en día encuentra empleo en los sectores de agricultura e industria. 

Del material provisto por la Comision de Empleo de la Comunidad Europea, leemos que tal cifra es aproximadamente el 2.5% en la agricultura y el 17.5% en la industria, tanto para EUA como para Europa. O sea hoy solo un 20% y ademas, cada dia menos.

Debo reconocer que la cifra del 20% me sorprendio. Crei que era mucho mas elevada. Probablemente estamos predispuestos a considerar como "trabajo verdadero", aquel que se relaciona con el sector agricola e industrial y por ende a creer, que los paises desarrollados generan muchos de estos empleos.

El problema del creciente desempleo es mundial. En Europa tienen serios problemas y desde el año pasado, dieron inicio a un esfuerzo por tratar de lograr coordinar las políticas aplicadas por los paises miembros. Estados Unidos, EUA, por contraste, ha logrado generar tal nivel de empleo que es la envidia de todo el mundo. 

La diferencia entre EUA y Europa, no tiene nada que ver con agricultura e industria. En EUA en 1997 los empleados en el sector servicio representan el 54% de la población en edad de trabajo, mientras que en Europa solo conforman el 39%. La inmensa diferencia de un 15% de empleos en el sector de servicios, explica entonces por si solo, la diferencia entre el éxito de EUA y el fracaso de Europa. 

Lo anterior debe ser de interes para Venezuela. Cuando en nuestros pais se discute sobre la creación de oportunidades de empleo, los comentarios, instinctivamente se orientan a la agricultura y la industria. De igual manera, cuando se habla de ventajas comparativas, con frecuencia nos referimos a estas dentro del contexto de una producción agrícola o industrial. 

El sesgo anterior y de ser verdad que cada dia la agricultura y la industria tiene menos importancia, como generadora de empleo, puede conducir a implementar politicas equivocadas. Reflexionemos.

Economía Hoy 1 de Diciembre de 1998

Por favor, menos payasería global

Con frecuencia, he cuestionado, tanto la manera como Venezuela ha tratado de implementar las llamadas “políticas de mercado”, como la forma en que hemos enfrentado los retos planteados por la globalización. La inocencia, con la cual muchos de nuestros dirigentes públicos y privados han aceptado una serie de dogmas, sólo la puedo calificar, en el mejor de los casos, como infantil. 

Recientemente, en una misma semana, al leer las declaraciones de un humilde técnico textil venezolano y las de Henry Kissinger, me sentí acompañado en mi preocupación. El primero, en una opinión que me pareció cargada de sabiduría, acusaba a nuestro país de ser un "payaso de la globalización"; mientras que, el renombrado Kissinger, en el Washington Post, alertaba sobre los riesgos de una globalización indiscriminada. 

El reciente debate entre industriales e importadores, me permite reiterar algunas observaciones. El propósito de éstas es, principalmente, inducir a un debate académico.

Para comenzar, sostengo que debería estar prohibido, sobre la base de constituir una absoluta deshonestidad intelectual, emitir concepto alguno, relativo al desarrollo económico de Venezuela, sin antes aclarar, qué premisa petrolera, se utiliza. 

Me explico. O el petróleo es un valioso recurso natural no renovable o es un recurso cualquiera. El primer caso, nos impone una altísima responsabilidad fiduciaria para con futuras generaciones, en tanto que, el segundo, en principio, sólo nos obliga a una gerencia coyuntural, es decir, explotarlo rápidamente, mientras estén dadas las simples condiciones de que su precio supere los costos de explotación.

Cualquier analista puede percatarse de que la respuesta, que se dé a la pregunta anterior, debe fundamentar cualquier propuesta a desarrollarse, con el propósito de trazar un rumbo coherente para nuestro país. El hecho de que, con tanta frecuencia, se ignore, es la principal causa de la actual falta de orientación, que sentimos todos.

Comienzo entonces, por aclarar que, en lo personal, pertenezco a ese, cada día, más reducido grupo, que aún declara, que el petróleo es un recurso natural no renovable y de un valor real (a largo plazo), con toda seguridad, muy superior al valor actualmente decretado por un mercado ávido por dinero y poco informado. No obstante lo anterior, quiero dejar perfectamente claro, que no pertenezco a aquéllos, que paralizarían la actual expansión de la capacidad de la industria petrolera. 

Todo lo contrario, creo que, expandiendo nuestra capacidad de producción a seis millones de barriles diarios o más, estaríamos en mejores condiciones para lograr obtener, vía la pelea por mercados o negociaciones estratégicas, basadas en la seguridad de suministros, un precio mucho más cónsono con el verdadero valor del petróleo. Lo ideal sería tener una capacidad instalada tan inmensa, que necesitásemos producir una cantidad muy pequeña. 

Claro está que, si la razón para la actual expansión, sólo es la de generar mayores posibilidades de ingresos, para que unos políticos dispendiosos satisfagan los deseos materiales de unas generaciones de vividores, simplemente, no puedo estar de acuerdo con ésta.

Pero, volvamos al propósito de este artículo, como lo es el comentar sobre Venezuela en un mundo global. 

Al haber fijado mi criterio en cuanto al petróleo, como recurso valioso no renovable, tengo el derecho de argumentar, que la gran mayoría de los ingresos de Venezuela, que hoy se registran en nuestra balanza comercial, no provienen de una actividad productiva, sino de una liquidación de activos. 

En otras palabras, el rol del petróleo, en nuestra balanza comercial, se parece mucho más al rol cumplido, tradicionalmente, por los lingotes de oro. Estos eran entregados por un Banco Central a otro, para compensar un déficit comercial, y no como una contrapartida comercial directa por los bienes que se importaban.

Lo anterior significa hoy, que Venezuela, en lugar de presentar un saldo positivo en nuestra balanza comercial (algo a que nos han inducido creer nuestros mas inteligentes y menos inocentes competidores), presenta un gigantesco déficit comercial. Esto no sólo justifica, sino también obliga a reconsiderar toda nuestra política comercial.

Entre las instrucciones iniciales, que deberían darse a nuestros negociadores comerciales, responsables de defender a nuestro país, en un mundo donde, no obstante ser clasificado como de globalización y apertura, sigue siendo un mundo donde prevalece una guerra comercial mundial, a cuchillo, se encuentran las siguientes:

Primero: Aspirar y negociar el equilibrio de nuestra balanza comercial, en términos de empleos generados y no, como hasta la fecha, en unos simples términos de dólares transados.

Segundo: No aceptar más que Venezuela coopere con la economía mundial, bajando aranceles y reinvirtiendo (de forma alegre y sin discriminación) toda su capacidad de compra, mientras que muchos países, que pregonan la apertura comercial, imponen impuestos directos al consumo de gasolina que, de una forma u otra, impide a los "liquidadores del petróleo" obtener el mejor precio por cada barril petrolero "liquidado".

Tercero: Aprender la importancia de que, en el momento de negociación, se pueda evidenciar un sólido respaldo de la opinión pública. Venezuela acaba de sufrir un muy importante revés en su política comercial, con la reciente prohibición para el uso de la Orimulsión, por un supuesto amigo, la Florida. Al comparar, la total ausencia de una reacción de protesta que hubo por esto, con el revuelo armado por unos blue jeans, sabemos que Venezuela no está preparada para defenderse.

Finalmente, deseo aclarar que, aún cuando mis comentarios puedan y, hasta con razón, situarme en el campo de los proteccionistas, esto no implica, en forma alguna, una defensa de las aspiraciones comerciales, que actualmente se debaten en el país, todo lo contrario. Justamente, por creer que un proteccionismo inteligente, puede ser un arma muy importante para el desarrollo integral de un país, soy de los que más protesta cuando se usa, a la ligera, para el sólo desarrollo de unos intereses individuales.

Publicado en Economía Hoy el 17 de Noviembre de 1998

En Petropolitan

Corrupción ¡La pelea como que va!

El 21 de Noviembre de 1997 la OECD, organización económica que abarca los países desarrollados, aprobó el "Convenio para Combatir el Soborno de los Funcionarios Públicos en los Negocios Internacionales". Para finales de 1998, se espera que la mayoría de los países suscriptores habrán ratificado su validez y que entre en vigencia a principios de 1999.

La reacción normal, ante este tipo de decreto, suele ser la de cuestionar su sinceridad o su aplicabilidad. Es decir, considerarlo como "otra manipulación hipócrita destinada a tranquilizar la conciencia del mundo desarrollado" o, simplemente, "otro esfuerzo legaloide inútil para alterar las realidades del mundo".

Cuando leemos, en los comentarios que se han formulado sobre el mencionado Convenio, que los sobornos prohibidos no incluyen "los pequeños pagos "facilitadores" …, que en algunos países son hechos para inducir a funcionarios públicos a cumplir con sus funciones", y se argumenta que estos "pequeños pagos" deben ser combatidos por cada Nación individual, ya que una criminalización, por parte de otros países, no parece una acción efectiva; es lógico que sintamos una cierta desesperanza.

No obstante, como ciudadanos interesados en combatir la corrupción, creo que no debemos ignorar dicho Convenio. En efecto, si leemos el mismo, con detenimiento, podemos observar la existencia de algunos elementos que, bien manejados, pudiesen ser de mucha relevancia. Estos son: la contabilidad del gasto del soborno y su deducibilidad para fines de impuestos.

En cuanto a la contabilidad, el Convenio establece que se debe prohibir "la contabilidad extra libros, …el registro de gastos no existentes, el registro de pasivos sin la correcta identificación de su objeto, y el uso de documentación falsa,… con el propósito de sobornar a funcionarios públicos extranjeros o de ocultar tales sobornos”. Los países signatarios, por su parte, se comprometen a efectivamente establecer penas civiles, administrativas y penales que, de manera racional y proporcional, ayuden a disuadir tales actividades. 

De lo anterior, podríamos deducir que, en cierta forma, se están constituyendo a los contadores y auditores como garantes de la lucha contra la corrupción. De ser esto así, y de ser cierta la creencia de que los contadores públicos, en general, no se distinguen por ser amigos del riesgo, entonces y por cuanto, al incumplir con las normas, podrían ser considerados como cómplices del soborno, es de esperar que esta medida, bien implementada, tenga un efecto significativo.

El otro aspecto, se refiere a la deducibilidad del gasto de soborno. Sorprende que sea necesario reglamentar sobre la materia, pero resulta que en muchos países, aún entre los que se dan golpes de pecho y se consideran ejemplos de pulcritud, los sobornos pagados a funcionarios públicos extranjeros son gastos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. La OECD reporta que en un país Europeo, entre 1988 y 1992, el Fisco recibió 109 aplicaciones solicitando la deducibilidad de sobornos. 

También se indica que, a veces, la deducibilidad está sujeta a que el pago del soborno sea reconocida, como una práctica común en el país del pago, es decir, como un gasto normal y necesario. Transparencia Internacional es el nombre de una fundación dedicada al desarrollo de elementos, que pueden ser útiles para combatir la corrupción y uno de sus productos es el muy conocido Indice de Percepción de la Corrupción. Lo anterior nos hace pensar, en la horrible posibilidad de que alguien esté usando el mencionado Indice, para justificar la "normalidad" de su gasto y así lograr la deducibilidad fiscal del soborno.

El convenio de la OECD incluye un acuerdo para prohibir la deducibilidad fiscal del soborno. Al implementarse esto, no sólo se incrementará el costo del soborno, sino que, además, se logrará establecer una relación directa entre la Legislación Fiscal y el pago del soborno. Ambos hechos habrán de desestimular tanto la comisión del delito, como su ocultamiento.

En conclusión, creo que, al declarar como crimen el soborno de un funcionario público y ampliar la necesaria red de cómplices, al incluir contadores y auditores y, además, dar a entender que el supuesto de hecho que configura un soborno, pudiera tener también consecuencias jurídicas de índole fiscal, nos da la esperanza de que se esté configurando una posibilidad cierta de asestarle un fuerte golpe a la corrupción. Esperamos que así sea.

Puede que yo sea un iluso. Lo cierto es que antes, muchos empresarios podían llegar a un país y sobornar a sus funcionarios y si éstos eran descubiertos, al empresario, en su país, no le pasaba nada. Mañana, en 1999, puede ir a cárcel. Como ciudadano debo, por lo menos, agradecer a la OECD este gesto de respeto.

Venezuela debe brindar todo su apoyo a este Convenio y yo diría, hasta el punto tal, de considerarlo de obligatorio cumplimiento para aquellos países que deseen hacer negocios con el Estado Venezolano. Como mínimo, también deberíamos suscribir el Convenio, como ya lo han hecho Argentina, Brasil y Chile, no obstante no ser miembros de la OECD.

La regulación como enemiga de la misión bancaria

En Venezuela se ha discutido mucho sobre lo relacionado con la solvencia de los entes de intermediación financiera, principalmente la banca. En virtud de la gran atención, que en todo el mundo se ha dado a la materia de regulación bancaria y siendo aún bastante reciente nuestra última crisis bancaria, esto no ha de sorprendernos. En el debate creo, que es importante recordar, que las funciones del sector financiero no se limitan, simplemente, a devolver los dineros recibidos de sus depositantes, ya que, de así ser, el tradicional colchón pudiese ser suficiente para cumplir esta misión.

Aparte de proveer otras oportunidades, que sirvan para estimular el ahorro nacional, así como cumplir el trabajo de facilitar los flujos monetarios, existen otras dos funciones, de gran importancia social, que la banca debe cumplir. La primera, es la de ser un agente muy activo en el proceso de generación de riquezas y la segunda, la de colaborar en la función de democratizar el capital, es decir, permitir el acceso al capital a aquellas personas que, carentes de recursos, tengan iniciativas y voluntad de trabajo. 

Supuestamente, con el compromiso y la capacidad de cumplir con estas dos últimas funciones, el crear y distribuir riquezas, se justificaban, tanto la solicitud, como la aprobación de una licencia bancaria. ¡Cuánto dista esto de ser cierto hoy! A continuación, presento algunas reflexiones sobre el tema.

En 1975 John Keneth Galbraith, en su libro titulado “Dinero, su origen y destino”, adelantó la tesis de que una de las razones fundamentales, para que en el siglo pasado se lograra, el desarrollo económico del oeste y del sudoeste de los Estados Unidos, era la existencia de una banca agresiva y poco regulada, que con frecuencia quebraba causándole grandes pérdidas a depositantes individuales, pero que, a causa de una ágil y flexible política crediticia, dejaba una estela de desarrollo.

Sin de forma alguna querer hacer una apología al delito (especialmente cuando el delito de verdad estuviese presente), durante los últimos años y con fines puramente analíticos, he sostenido que el error de Venezuela, en relación al trato acordado a sus fugitivos bancarios, fue el de motivarlos a buscar refugio en otros países, donde gastan su dinero y sus esfuerzos, en vez de obligarles a dedicarse al desarrollo de nuestras regiones fronterizas. Oficina principal del Latino – pagando muy altos intereses - sin garantías a los depositantes – en Santa Elena de Guairén.

En cuanto a la democratización del capital, resulta evidente, que la nueva regulación bancaria, hoy más que nunca, obliga a la banca a prestar al que tiene y rechazar como cliente de crédito, al que no tiene. Los días donde un banquero, sobre la simple base de un juicio de carácter, pudiese aprobar un crédito, sin tener que incurrir en el costo de una creación de reservas, que presume por adelantado el no pago, pasaron a la historia. 

Por supuesto, en lo anterior, no me refiero a los inmensos volúmenes de créditos al consumo. Recuerdo haber leído que en alguna cultura del lejano oriente se usaba el sistema de acumular dinero entre muchos vecinos y luego rifárlo para que, así por lo menos, alguien tuviese un capital de suficiente importancia para emprender una actividad productiva. Hoy, podemos cuestionar la sabiduría del regulador, al notar la facilidad con que un consumidor logra un crédito y lo comparamos con lo difícil que puede resultar adquirir un préstamo con fines productivos. 

Lo mas triste de todo el capítulo regulatorio es que, de verdad, no nos inmuniza del riesgo. Aún en carteras basadas en cálculos probabilísticos y compensaciones vía altas tasas de interés sabemos que, de una forma u otra, los riesgos persisten. Si tienen dudas sobre lo anterior, pregúntenle a los premios Nobel de Economía de 1997, y a quienes, aún sabiendo de matemáticas y sin que el fraude los haya motivado, este año, en una sola empresa, LTCM, fueron responsables de pérdidas por mas de 4.000 Millones de Dólares (un monto básicamente equivalente a la totalidad de los depósitos de la banca venezolana que sufrió la crisis).

Los riesgos siempre existen y, en muchos casos, el sólo tratar de regularlos, genera el riesgo de crear la apariencia de que, vía una supervisión estricta, se haya logrado su efectiva eliminación. A veces, es de buena fe; a veces, sólo es cuestión de fe. Cuando por ejemplo, en Venezuela, la Comisión Nacional de Valores arrogantemente presume de estar efectuando una labor de importancia significativa, sabemos que es puro cuento. 

Con frecuencia, en materia de regulación, lo más honesto, lógico y eficiente es simplemente advertir sobre la existencia del riesgo y dejar que el mercado, vía la asignación de precios, desarrolle sus propios caminos. 

Yo no propongo, ni por un momento, que el Estado abandone por completo la función reguladora, por el contrario, lo que propongo es que la asuma de forma correcta. La historia esta llena de ejemplos donde el Estado, por meter la mano tratando de evitar un perjuicio, causa perjuicios infinitamente mayores. En el caso de las regulaciones bancarias, desarrolladas para ser aplicadas en países ya desarrollados, no estoy seguro de que estemos haciéndole un favor al país, adoptándolas con tanto fervor.

Pero, ¿qué le hacemos?. La regulación está de moda y hay muchos burócratas en el mundo buscando asegurar su cambur. Acabo de leer un artículo sobre un condado en el estado de Maryland, Estados Unidos, donde, para poder desenvolverse como astrólogo y proveedor de horóscopos, hay que registrarse y obtener una “licencia para leer las manos”. El costo de la licencia es de 150 dólares