septiembre 27, 2001

Una pequeña controversia eléctrica


Alberto Méndez Arocha, al leer mis artículos del sector eléctrico, me ha tildado de prestidigitador, mandrágora y gracioso obsesionado, alertándome sobre el riesgo de convertirme en un simple escribidor de pistoladas.

Méndez es un respetado profesional y además, como nos recuerda, un Individuo de Número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, por lo que sus calificativos me preocupan. No, como él insinúa, por “recuperar un empleo en el sector eléctrico” que jamás he tenido, sino porque cuestiona mi vigencia como articulista. Poder expresar mis opiniones de manera pública es una bendición, a la que trato de corresponder con mucha seriedad.
Por lo anterior, siento la necesidad de aclarar el origen de las diferencias que sostengo con Méndez. Estas nacen de una propuesta sobre un régimen tarifario eléctrico regulado, presentada al Estado por un grupo de consultores contratados, entre quienes se encuentra..... Méndez.
Además, como muchos comparten mi desagrado por pagar tarifas eléctricas, que lucen muy altas, por un servicio público monopólico en un país energéticamente rico, sin idea de cómo se calculan y sin otra explicación que las mismas “son las que dice la Gaceta Oficial”, creo que la discusión puede interesarle al consumidor.
La propuesta incluye reconocerle al Distribuidor su inversión en las redes de distribución, al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de una Red de Referencia que esté técnica y económicamente adaptada para la prestación del servicio y pagarle, por ese concepto, la anualidad necesaria para amortizar tal valor, durante una vida útil estimada y a una tasa que resulta de utilizar el modelo agregado de tasa libre de riesgo, más el riesgo sistemático de la industria eléctrica, más el premio por riesgo.
¡Uff!... dirán ¿qué significa eso? En dos platos, que si para instalar una nueva y buena red de distribución eléctrica en Caracas se calcula que cueste 3.000 millones de dólares hoy, ése sería el valor que deberíamos usar para decidir cuánto le debemos pagar a la Electricidad de Caracas (AES), por sus servicios.
Pues bien, puede que yo no sepa mucho de moléculas eléctricas, pero sí conozco de tarifas, economía y finanzas y sé que no es justo, ni lógico, pagar por el uso de una red eléctrica vieja como si fuese nueva ... no cuando el consumidor lleva más de un siglo amortizando su costo .... no cuando su valor libro es sólo una mínima fracción del VNR y menos aún, cuando el Estado, ha ayudado, incluso con dólares preferenciales, a cancelar gran parte de su costo.
He ahí la situación. Méndez, con su propuesta, furioso con Kurowski, quien no tiene la decencia de quedarse callado. ¿Cómo salimos de ésta? Por supuesto que Méndez cuenta con el respaldo del sector eléctrico, que naturalmente intuye, que a mayores tarifas, todos ellos estarán mejor y por cuanto el Ministerio de Energía y Minas parece no poder, o no querer entender, quizás pudiera acudirse a un arbitraje externo de la Cámara de Comercio de Caracas, para aclarar esta pequeña controversia.
Publicado en El Universal, Caracas, 27 de septiembre de 2001



septiembre 13, 2001

El Infierno de Hugo

Al leer en días pasado a alguien que definía al infierno como el conjunto de oportunidades perdidas que vemos dibujarse ante nosotros al momento de morir, no pude menos que pensar en el sector eléctrico y el horrible infierno que éste puede traerle al gobierno.
El 21 de Septiembre cumple dos años la Ley del Servicio Eléctrico. En ella se establecieron una serie de objetivos, que debían acometerse dentro de ciertos lapsos, pero hasta la fecha no hay nada que mostrar, salvo un reglamento que no es más que una mala copia de la Ley.
Encontrándonos ante la necesidad de alargar dichos plazos sin que nadie cuestione los retrasos, yo, fiel a mi rol de usuario, sin otro mandato que el de mi propia curiosidad, me permito reflexionar sobre el origen de esta triste parálisis.
La Ley propone crear un regulador fuerte, introducir la competencia en la generación, poner a las municipalidades a supervisar la calidad del servicio y estimular al usuario a participar en el debate. Tales metas de “llevarle luz” al sector, probablemente resultan demasiado revolucionarias para quienes han disfrutado de la penumbra, tan cómoda para ocultar ineficiencias y propiciar negociados, originándose así un sólido frente de contras, que buscan nulificar la Ley.
La Ley establece que “El ejercicio de dos o más de las siguientes actividades: generación, transmisión ... y distribución, no podrá ser desarrollado por una misma empresa...” Pues bien y aún cuando suene increíble, los contras sostienen hoy que si a una empresa eléctrica, anteriormente integrada, simplemente se la divide en tres empresitas que se reparten las actividades, ya se ha cumplido con la Ley, aún cuando mantengan en común a los mismos accionistas. Más inverosímil resulta que con esta gatopardiana interpretación de la Ley, ya tienen casi convencidas a unas autoridades que, después de haber matado al tigre ahora le tienen pavor al cuero.
La ineficiencia es tal, que no se ha logrado cumplir ni con tareas menudas como la de implementar un código contable uniforme, indispensable para alcanzar un mínimo de transparencia. Y ni hablar de lo que se presenta como Propuesta de Régimen Económico ... un costoso pero pobre recetario, que parecería bajado de la Red, parcializado a favor de la industria y sin un análisis de su impacto en las tarifas del país. 
Ahora bien, para dibujar el infierno de las oportunidades perdidas, también hay que dibujar el cielo de lo alcanzable. Cada quien con su propio Shangrila, yo en el mío, como pide la Ley, ya habría fomentando la participación del capital nacional, reventado el feudo de Cadafe y creado una decena de distribuidoras regionales independientes.
Hugo, soy un independiente que reconoce que mucha gente decente ha invertido en Usted sus últimas esperanzas de lograr hacer de Venezuela un mejor lugar para sus hijos y nietos. Ello puede que no les de derecho a exigir milagros, pero sí a que Usted tome nota de las fallas existentes, revise su estrategia y destituya a los contras... para que algún día tenga chance de llegar a ver su cielo.







septiembre 03, 2001

Burrundanga sin candanga

En Inglaterra, entre 1980 y 1999, el productor de gasolina vio disminuir sus ingresos de 15 peniques a 10p por litro, mientras que el Fisco Inglés, con 20 decretos anuales, aumentó su impuesto de 11 a 58 peniques. Esa misma tendencia, altamente perjudicial para un país petrolero, se observó en la mayor parte del mundo, sin que nadie, ¡NADIE! de PDVSA, ni del Ministerio de Energía y Minas, ni del CIED, ni nuestros “expertos petroleros” hayan dicho pío al respecto. De allí que tuviera la ilusa esperanza de que la Ley de Hidrocarburos, en estudio, fuera más al fondo del problema. 
Llámenlo Excremento del Diablo si quieren, pero para mí el petróleo es y seguirá siendo una bendición para el país. Lo cierto es que, ya sea vendiéndolo a precios bajos, como despilfarrando sus ingresos, los venezolanos somos los únicos culpables de nuestra triste realidad. En consecuencia, si la Ley no ataca el problema planteado sólo podrá catalogársela como burrundanga sin candanga. Llevo años reclamando la presencia de un Ombudsman Petrolero, que defienda los intereses de los venezolanos y no pienso tirar la toalla...
El Petróleo es nuestro principal producto de exportación y debido a su importancia estratégica es frecuente víctima de políticas comerciales discriminatorias, algunas basadas en el apetito fiscal y otras, en hipócritas políticas ambientalistas, por ello considero que la Ley debería tener al menos un artículo que obligue a la Cancillería o a la autoridad competente a que, cuando negocie un tratado bilateral, le asigne primordial atención al trato que ese país le dé al petróleo. Quizás así nos evitemos la vergüenza de importar agua mineral de Francia con un arancel menor del 20%, cuando ese país le aplica a la gasolina un impuesto ad-valorem superior al 500%.
El proyecto de Ley sugiere que las operadoras aporten un 3% de su ingreso neto de exportación al Ministerio de Energía y Minas, para ayudarlos a hacer cumplir la Ley y como un 7% a PDVSA (sin decir para qué) ... ¡en total unos 300 millones de dólares al año! Por cuanto estoy harto de expertos que se rasgan las vestiduras cuando efectuamos recortes en la oferta de petróleo, pero que ven con indiferencia cuando el mundo reduce artificialmente su demanda, considero que parte de esos aportes deberían ir a financiar la Oficina del Ombudsman y a educar a los venezolanos en cómo defender nuestro petróleo y exigir resultados.